Exactamente esto es lo que sucede cuando la administración externaliza los servicios y transfiere los fondos públicos a fundaciones privadas para que se hagan cargo de sus funciones. Y este es el caso de la DGAIA, el servicio de la Generalitat que vela por el bienestar de los menores tutelados, y Plataforma Educativa, una entidad que agrupa a diez asociaciones y fundaciones benéficas que pertenecen al denominado tercer sector. Las irregularidades públicas y los negocios filantrópicos privados entre ambas entidades (y estamos hablando de, como mínimo, ¡300 millones de euros!) finalmente han salido a la luz, gracias a los informes demoledores de la Sindicatura de Comptes y a las esmeradas investigaciones llevadas a cabo por los periodistas del conocido medio digital Octuvre (en octubre.cat/dgaia tenéis toda la documentación).
Sin embargo, el escándalo económico del caso ha emergido y al mismo tiempo se ha diluido rápidamente en un episodio paralelo muy lacerante. A principios del mes de mayo, nos escandalizábamos más cuando conocíamos que una niña de doce años, bajo la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, había sido violada y prostituida por una red de quince pederastas en 2020 y durante más de dos años. Los informes apuntan a que todo parece que no será el único caso. Que una menor, separada de su familia y mientras está siendo "protegida" por la Generalitat, sea víctima de esta cruda violencia sexual sin que nadie se dé cuenta de ello, evidencia el caos en la DGAIA y, lo que es más grave, la absoluta dejadez en el ejercicio de su función, que no es otra que velar por el bien de los niños y adolescentes desvalidos a su cargo. La actuación (o falta absoluta de actuación) de este organismo público, sufragado con nuestros impuestos, no solo se puede calificar de inmoral, sino directamente de criminal, y los jefes políticos que lo dirigían durante todos estos años deberían asumir sus responsabilidades.
La nueva consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, del PSC, ha encontrado una ingeniosa manera de esquivar el escándalo generado haciendo un cambio estratégico de nomenclatura, el nominalismo al rescate. Ahora el nuevo servicio se llamará Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA, ¡intentad pronunciarlo!), pero a estas alturas no está nada claro si la operación de maquillaje cambiará la realidad.
Y la realidad es que el caso de la niña violada y prostituida, siendo tan grave como es, se está usando de cortina de humo para esconder el otro escándalo, el de la corrupción económica en la DGAIA, que habría propiciado, precisamente, la extrema violencia sobre la menor. En efecto, las investigaciones efectuadas por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau hablan de un conjunto de presuntas irregularidades económicas (que los responsables califican de meras "incidencias administrativas") mantenidas, como mínimo desde 2016 y que se prolongarían hasta 2023, entre la administración de la Generalitat y las fundaciones de Plataforma Educativa que tenían que prestar el servicio.
La lista de irregularidades que se les imputa es larga: existencia de "plazas fantasma" en los planes de trabajo de los jóvenes tutelados; fraude en el sistema de copago de los pisos tutelados y en la gestión de las ayudas que reciben; la adjudicación poco clara del derecho de uso de 500 pisos de vivienda social durante un periodo de 75 años; adjudicación reiterada de los contratos por la vía de emergencia y sin haber firmado ningún documento de prórroga; absoluta falta de transparencia en el dinero público destinado a los sueldos de gerentes y directores de estas fundaciones, etc. Pero sus trabajadores también denuncian la infradotación crónica del servicio que tienen que prestar a los jóvenes tutelados, que se cubre con manos voluntarias o pagando sueldos precarios a los escasos educadores sociales contratados, y que trabajan siempre con ratios de saturación tan elevadas que hacen difícil la detección de situaciones graves como la de la niña del caso noticiable.
Estas fundaciones benéficas se han vuelto socialmente intocables porque gozan de una amplia reputación moral, y la consolidan gracias a la complicidad de todos los poderes políticos que de ellas dependen
Pongamos nombres. Esta Plataforma es un ente-paraguas que agrupa a once entidades privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales a la comunidad, especialmente a la juventud: Fundació Resilis (la más importante), Fundació Astres, Fundació Gentis, Fundació Infància i Família, Fundació Utopia, Fundació Sallar, Fundació El 7, Fundació Fasi y la cooperativa Idària, la empresa Eina Activa y la asociación de voluntariado Acciona’t. Todas ellas forman parte de la Taula del tercer sector y declaran dedicarse a la protección de la infancia y la juventud, proporcionar atención especializada a menores tutelados y el acogimiento residencial, ofrecerles servicios de intervención socioeducativa y velar por su inclusión social, formativa y ocupacional. Para realizar todas estas funciones sociales no lucrativas, la DGAIA las ha subvencionado durante años con 300 millones de euros públicos, cuyo uso ahora la Síndica de Comptes considera algo más que simples "incidencias administrativas".
Todas estas prácticas detectadas ejemplarizan bastante bien cómo funciona la maquinaria filantrocapitalista en nuestro país y desde hace años. Un ecosistema acostumbrado a lucrarse con las donaciones y la caridad, y a chupar dinero y vivienda públicos para hacer negocios privados. ¡Siempre con la necesaria connivencia de los poderes políticos que les otorgan subvenciones, firman convenios y "conciertos" (¡qué nombre tan musical!) y establecen partenariados público-privados-filantrópicos (¡las 4 PPPP marcando tendencia!) que engordan la telaraña que forman las fundaciones benéficas del país. Y esto proporciona ganancias a todo el mundo: a la administración porque externaliza y se saca de encima la gestión de los servicios del estado del bienestar; a las fundaciones sin ánimo de lucro porque se enriquecen y cogen músculo político, y a todas porque los favores mutuos y las "puertas giratorias" de gerentes y directores generales les aseguran trabajo de por vida (Ricard Calvo, subdirector general de la Plataforma Educativa y también exdirector de la DGAIA, es un ejemplo muy claro de ello). Y todos satisfechos. Todos menos los receptores de los servicios, que en este caso son los niños y jóvenes tutelados, que no solo están mal atendidos, sino directamente abandonados a su suerte por una administración que no se ocupa de ellos porque cede la gestión de su bienestar a fundaciones opacas, que llevan a cabo malas praxis socioeducativas y gestiones económicas irregulares que sus responsables llaman directamente hacer "trabajo sucio".
Con la relación de estas actuaciones, sobran argumentos para poner en cuestión el mito de la eficacia en la gestión de los servicios sociales (en sanidad, educación, dependencia, apoyo a los menores, etc.) por parte de las empresas y fundaciones privadas del tercer sector, el "mantra" predilecto de los trumpistas y los Elon Musk de todo el mundo. El mito del carácter supuestamente filantrópico de todas estas entidades privadas, que dicen trabajar solo para la consecución del bien común. Y también nos ayudan a perder la inocencia y a sospechar de la buena imagen que tienen estas fundaciones benéficas, que tanto dinero ha invertido en eso del filantrowashing. Tantos esfuerzos, que ni la nueva consellera de Drets Socials socialista se atreve a criticarlas, porque, como dice el presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Xavier Trabado, "son parte del sistema" y el sistema filantrópico capitalista parece que funciona a gusto de todo el mundo, menos de los usuarios, y no se piensa revisar. En efecto, ¿quién se atreve a cuestionar públicamente el prestigio de estas fundaciones? Se han vuelto socialmente intocables porque gozan de una amplia reputación moral, y la consolidan gracias a la complicidad de todos los poderes políticos que de ellas dependen. Una complicidad a prueba de informes: cuando en noviembre de 2024 la Síndica de Comptes, M. Àngels Cabasés, destapó en el Parlament esta trama de presunta corrupción, PSC, Comuns y ERC —que ha dirigido la DGAIA en los últimos diez años— intentaron desviar la atención desprestigiándola, acusándola de hacerle el juego a la extrema derecha (¿quizás porque algunos jóvenes tutelados son migrantes?). Así torpedearon una comisión de investigación que los comprometía a todos y que ahora —con el escándalo ocupando primeras planas en los medios de comunicación— ya han tenido que aceptar de mala gana.
De aquí nace la contundencia campesina con la que el president Illa afirmó que su gobierno se proponía refundar la DGAIA "caiga quien caiga", eso sí, sin ninguna voluntad de mirar atrás ni de remover mucho las cosas, no vaya a ser que todos, administración pública y fundaciones benéficas privadas, queden demasiado manchadas. Olvidémonos, por lo tanto, de rendir cuentas a la ciudadanía o de pedir feas responsabilidades políticas; miremos hacia el futuro, cambiemos nomenclaturas (que, muchas veces, el maquillaje funciona) y avancemos todos junto en esta nueva Catalunya del reencuentro también con los conciertos con sus fundaciones filantrópicas que lo hacen tan bien.