“Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que crea que puede imponer la independencia al 50 por ciento de los catalanes que no lo son, es evidente que está equivocado”. Sólo el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardá, autor del entrecomillado, sabe a quién se refería ayer cuando hablaba de ingenuidad o estupidez, pero está claro que hablaba de los irreductibles. Si se refería a alguien concreto no lo sabremos, pero lo que no le hace falta explicitar a estar alturas es que para su partido, la DUI fue un error y la unilateralidad y la desobediencia, un camino que los republicanos no están dispuestos a volver a transitar.
Y quien no sea capaz de ver que en el bloque independentista no todo el mundo comparte la misma agenda y el mismo calendario es que está miope o le es más fácil echar mano de la brocha gorda para dibujar un cuadro que requiere de mucha precisión para no contribuir más a la inflamación. Con los republicanos en contra de cruzar la línea roja de la ilegalidad, cualquier estrategia rupturista de Puigdemont no contará con la mayoría del Parlament. De ahí que en el último discurso de Torra, pactado con los republicanos, se pueda encontrar el relato acordado para las próximas semanas o meses, el tiempo que tarde en celebrarse el juicio contra los políticos presos.
Con los republicanos en contra de cruzar la línea roja de la ilegalidad, cualquier estrategia rupturista de Puigdemont no contará con la mayoría del Parlament
Ya no será, por tanto, la república, ni la independencia, ni la unilateralidad, ni la desobediencia lo que se mueva en el horizonte cercano al secesionismo, sino la exigencia de un referéndum acordado con el Estado español. Porque más allá de gestos o retóricas inflamadas, hay una parte del independentismo que ha decidido volver a la pantalla anterior en defensa del derecho de autodeterminación, convencido de que, a diferencia de cualquier opción rupturista, éste si cuenta con el respaldo de una holgada mayoría política y social. No es lo mismo tener el apoyo de la mitad de los catalanes que de un 80 por ciento -que son los partidarios hoy del llamado derecho a decidir- igual que no es lo mismo presentarse ante Europa con una DUI que con una propuesta legal para que los ciudadanos puedan votar.
En definitiva, se trata de volver a la pantalla anterior, a un nuevo intento de convencer al Gobierno -ahora socialista- de que la solución al conflicto pasa por las urnas y por un referéndum legal en el que los catalanes decidan su futuro. La presión política y mediática sobre Pedro Sánchez convierte la propuesta en un quiero y no puedo de una parte del socialismo, consciente de la debilidad del Gobierno español, pero que no olvida que antaño el socialismo catalán votó en el Congreso a favor de lo que en este nuevo capítulo plantea el independentismo. De ahí que haya ya quien crea que la solución pasa por un Govern superador de la política de bloques y en el que haya fuerzas no independentistas.
Las llamadas a la movilización ciudadana para trasladar el centro de la actividad política a la calle no son sólo para reivindicar la libertad de los presos, sino también para presionar a aquellas fuerzas políticas partidarias del derecho a decidir y que, ante las próximas elecciones catalanas se vean obligados a revisar sus planteamientos. Si así fuera, está por ver el papel que jugará el PSC… y si también regresa a una pantalla anterior.