Gonzalo Boye, el jueves pasado, en estas mismas páginas, entre otras muy juiciosas afirmaciones, decía: "Caer en el error de pensar que en un procés como el catalán hay atajos es, simplemente, hacer el juego a los que creen que la indisoluble unidad de la nación española se tiene que defender a cualquier precio".

O sea, que de "tenemos prisa", por favor, olvidémonos. Y nos tenemos que olvidar por un doble motivo: porque la vida –y la política también– es menos rápida de lo que parece; más bien es lenta. Cuando se tiene prisa y la prisa es legítima, la lentitud es desesperante. Porque mientras esperamos, nos toman el pelo, nos provocan, se ríen de nosotros y nos quieren birlar lo que se nuestro: la libertad y la dignidad. ¡Es desesperante!

El otro motivo para dejar la prisa en la buhardilla bien envuelta radica, en nuestro actualísimo contexto, en el que la lucha contra el lawfare, un auténtico bullying, no puede ser, lo siento, más que con las armas que nos da el estado de derecho, que son muchas y muy buenas.

Con una pega no menor: en los casos más críticos, los que tienen que ver con la alta judicatura (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con sus respectivas fiscalías), no sólo se juega en campo contrario, a pesar de utilizar su nada mala constitución en materia de derechos y libertades y sus leyes penales y procesales, sino que el árbitro se haya pasado al equipo contrario, llevando todos los contrarios el balón en la mano y no quieren hacer nada más que tirar penaltis. ¡Desesperante partido!

Aun así, no ganan por goleada como se podría suponer. Han tenido que hacer el ridículo por duplicado retirando las euroórdenes y, con rabia, han pataleado contra el tribunal regional de Schlesvig-Holstein, denigrándolo una y otra vez sin venir a cuento, como si se tuviera que acabar el mundo. Tal como fueron incapaces de encontrar una sola urna antes del 1-0. No hay que hacer un listado más largo para excitar sus insultos y frustraciones.

La respuesta a los constantes exabruptos del régimen con apariencia jurídica se tienen que responder como si fuera una democracia modélica, con la mejor técnica y la máxima corrección. Recordad el comportamiento profesionalísimo de los abogados defensores en el juicio delante del TS.

En el tramo estatal de la defensa no hay que ser muy listo para avistar el futuro. Ganará el sistema: es su terreno, su interpretación de las reglas, su campo y su pelotita; y, si hace falta que en vez de que el partido lo jueguen once, ponen a 22 o a 222. O dicho de otra manera: abusar de su poder y no servir al bien común. Porque resolver democráticamente el tema, hasta ahora irresuelto, del encaje o desencaje de Catalunya en España es el problema mayor que tiene España desde que militarmente intentó borrar la catalanidad del faz de la tierra. Y, como me ha dicho un buen amigo, sin mala conciencia.

Las detenciones de los CDR el lunes pasado acusados de rebelión, terrorismo, estragos, tenencia de explosivos y organización criminal fue patéticamente ridícula y dramática por los interesados. Empezando por el hecho de que el mismo día dos acusados por la Guardia Civil de terrorismo fueron dejados en libertad in situ. Qué barato que es hoy día el terrorismo. ¡Desesperante!

No entraré ahora a valorar los indicios, que a lo largo del día fueron cambiando, según las interesadas filtraciones –vulnerando el secreto del sumario, sin que ninguna Fiscalía actuara al respecto– y la presunción de inocencia por parte de diputados, asociaciones de jueces y fiscales con el altavoz del amarillismo patriótico de guardia. ¡Desesperante!

Lo que digo –y diré– es que, después de un procés, esperemos, con todas las garantías, tanto si son declarados culpables de algún delito como si no, las presuntas vulneraciones del derecho de defensa, incomunicaciones, privación de la internación de abogado de confianza, acceso al atestado y entrevista reservada letrado-cliente, hacen nulo el proceso. Por si alguien no lo entiende, lo que digo no supone de ninguna manera apoyar la violencia delictiva. Si ha habido, hace falta juzgar y condenar a los autores. Exclusivamente dentro de las reglas del estado de derecho que tienen que restar siempre incólumes.

Si una sola de estas vulneraciones se puede probar, quizás Madrid no hará caso, pero Estrasburgo diría que sí. A la hora de detectar vulneraciones, tiene mucha experiencia el actual ministro español del Interior cuando era juez de instrucción en la Audiencia Nacional. De seis condenas en España por maltrato de detenidos, tres corresponden a su negociado.

Con la legislación actual, aprobada sólo por el PP en el 2015, y con la abstención –no voto en contra– del PSOE y de la entonces Minoría Catalana, es decir, Convergència i Unió, no hay que recurrir a la legislación antiterrorista: esta normativa de hecho ha quedado sin efecto, y cualquier ciudadano puede verse despojado de sus derechos básicos de defensa, por cualquier delito. Mayoría del PP y abstención de PSOE y Convergència i Unió y sin ningún recurso después delante del TC. Desesperante.

Pero para los que defienden su derecho a decidir pacíficamente no hay nada más que un largo y tortuoso camino de un estado de derecho minado, pero que al fin y al cabo dará satisfacción, espero. Habrá que trabajar sin desfallecer, peldaño a peldaño, de pescozón recibido en pescozón recibido, cayendo y volviendo a levantarse. Pero se persevera. Cuando la razón está de parte del perseverante, uno resulta imparable a largo plazo –o no tanto–, pero imparable. Mientras es, lo reconozco, desesperante.