Mientras en Catalunya se discute si Puigdemont ha sacado petróleo o solo humo de su pacto con Pedro Sánchez, en España el Estado se lo ha tomado en serio y se ha levantado entero para impedir que tome posesión la nueva mayoría parlamentaria democráticamente elegida. Volvemos a la situación en la que las instituciones del Estado no aceptan la voluntad democrática de los ciudadanos. Esta es la magnitud de una tragedia que no ha hecho más que empezar.

Si dentro de la próxima semana el Estado no logra detener la investidura —aún puede pasar de todo— los ataques continuarán desde todos los flancos, políticos, institucionales, judiciales, funcionariales, policiales y empresariales para impedir las reformas que inevitablemente la nueva mayoría tendrá que llevar a cabo casi podría decirse que en defensa propia.

Sin ir más lejos, la primera iniciativa que debe llevar a cabo la nueva mayoría parlamentaria es la renovación del Poder Judicial y esta se presenta como la madre de todas las batallas. Esta reforma era urgente, pero a Pedro Sánchez le temblaron las piernas en la legislatura anterior y la dejó pendiente. El actual Consejo General no solo ha perdido su legitimidad por haber caducado su mandato, sino porque ha adoptado una posición política partidista y beligerante con el Ejecutivo que le inhabilita para desempeñar honestamente su función. Con ese poder judicial, Sánchez no podrá sacar adelante la legislatura. Por decirlo con tono coloquial: o se los come o se lo comerán. Y por supuesto que el Partido Popular mantendrá el bloqueo, así que Sánchez no tendrá más remedio que presentar batalla para cambiar la ley orgánica y poder elegir a los 12 jueces de los 20 miembros que componen el CGPJ por mayoría absoluta y no como que exige mayoría calificada de tres quintas partes y obliga al concurso del Partido Popular.

Con este poder judicial Pedro Sánchez no podrá sacar adelante la legislatura. Por decirlo en tono coloquial: o se los come o se lo comerán

Es una iniciativa imprescindible porque el gran quid de la legislatura será la amnistía de los represaliados catalanes que los jueces han dejado claro que piensan boicotear. Es hasta cierto punto lógico, dado que en el pacto con Junts per Catalunya el PSOE admite tácitamente la parte de culpa del Estado en la represión del procés, pero para revertir la situación los jueces no pueden ser enemigos declarados.

Sin embargo, la reacción unánime de todos los estamentos oficiales, desde los jueces a los abogados del Estado, pasando por los cuerpos policiales, los inspectores de Hacienda y el sursuncorda, pone de manifiesto que lo que está en cuestión es una concepción del Estado, por cierto, más madrileña que castellana, de quienes se arrogan la propiedad del Estado. Han sido, son y pretenden seguir siendo propietarios partiendo de una idea de España en la que los republicanos sean castellanos, vascos, gallegos o catalanes carecen de legitimidad porque les disputan el negocio del que han vivido siempre. Cuando la Transición, Adolfo Suárez fue víctima de esta asociación de propietarios contrarios a los supuestos excesos de la reforma, mientras que el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra se prestó cooptado por mantener el statu quo. Ahora Pedro Sánchez se ha encontrado en la necesidad de buscar el apoyo de los republicanos para sobrevivir y esto le ha convertido en un traidor que también debe hacer frente a la nueva "campaña de acoso y derribo".

Sin embargo, en esta ocasión Sánchez no tiene margen de rectificación. No puede dar marcha atrás. Hasta ahora PSOE y PP sumaban esfuerzos cuando se trataba de defender al régimen, lo que se consideraba asuntos de Estado, la monarquía, los secretos, la guerra sucia, etc. Ahora difícilmente PSOE y PP podrán colaborar en nada y es probable que los aliados vayan planteando iniciativas que el PSOE ya no estará en condiciones de vetar tan sistemáticamente.

Ahora difícilmente PSOE y PP podrán colaborar en nada y es probable que los aliados vayan planteando iniciativas que el PSOE ya no estará en condiciones de vetar tan sistemáticamente como todo lo que afecta a las guerras sucias del Estado o la impunidad de la monarquía

Por ejemplo. No hace mucho, Sumar, ERC, Bildu y BNG ya presentaron una iniciativa parlamentaria por la desclasificación de los documentos secretos relacionados con el golpe de estado del 23-F, después de que el golpista Tejero implicara a Juan Carlos I. El PNV también quiere conocer la verdad de la guerra sucia contra ETA y los catalanes también todo lo que hizo el Estado con la llamada Operación Catalunya. Esto sería tanto como irrumpir en las tripas del Estado, por eso y no por la amnistía, que solo es el pretexto, el Estado ha declarado la guerra a la mayoría parlamentaria democráticamente elegida por los ciudadanos. Es el Estado contra el pueblo. Es la democracia lo que está en juego como lo demuestran los jóvenes que se manifiestan ante la sede del PSOE cantando el Cara al sol, que, siendo tan jóvenes, es que se lo enseñaron en casa para cuando la historia reincidiera.