El paisaje pospandemia irá aflorando y lejos de ser exuberante evidenciará una profunda herida económica y social. Un descalabro que tendrá como principal perjudicado los sectores productivos, específicamente el sector privado. Eso es, la basta red de pymes del país, los autónomos y todos los asalariados del sector privado.

Todo el mundo que depende de un sueldo público es, en estos momentos, un privilegiado delante de un escenario de regresión económica, desde un profesor de la pública a un mosso o un administrativo de la Generalitat, en el sentido de que a pesar de los estragos de la Covid, la administración pública ha podido garantizar la integridad de las retribuciones, sin que se haya visto afectada su economía personal. Contrariamente, el sector privado ha visto cómo decenas de miles de empresas se acogían a un ERTE para poder mantener los puestos de trabajo ante el paro total o parcial de la actividad y de un vertiginoso descenso de la facturación, generalizado fuera de contadas excepciones. El impacto es extraordinario y muy preocupante. Sólo hay que fijarse en las cifras en una población como Sant Sadurní d'Anoia, de menos de 13.000 habitantes. Hasta hace escasas semanas el número de ERTE afectaba a cerca de 1.800 personas. Con el ERTE generalizado en Freixenet esta cifra se puede haber disparado hasta afectar cerca de 3.000 personas.

Por eso es básico que el conjunto del sector público sea muy consciente de estas circunstancias y de interiorizar que hoy la urgencia económica y social pasa para dar una respuesta prioritaria a las demandas que plantea el conjunto del sector privado, que finalmente es el que alimenta el sector público. Eso no quiere decir en ningún caso que se tenga que desatender el sector público. Hoy más que nunca tendríamos que ser conscientes de que es imprescindible fortalecer la sanidad y la educación, públicas y de calidad. Y también por eso mismo es imprescindible atender las urgencias del sector privado; sin un sector privado musculoso es inviable mantener un buen sector público y que esté en condiciones de garantizar aquello que la socialdemocracia ha denominado sociedad del bienestar y que tiene en la sanidad y la educación sus vértices.

Al mismo tiempo, Catalunya es el territorio del estado con una red productiva más vital y donde la emprendeduría tiene más tradición. Más de medio millón, según datos de PIMEC y con un peso en la economía catalana de cerca del 60 por ciento, mientras el sector público no llega al 5 por ciento. Las pymes representan el 70 por ciento del empleo en Catalunya, un dato muy significativo.

Por el contrario, Catalunya es la comunidad autónoma del estado con menos funcionarios por habitante en un ranking que lideran Extremadura, Cantabria y las Castillas. El número de empleados públicos representa el 9'3 por ciento del total en Catalunya mientras la media española llega a casi el 14 por ciento. Con respecto a personas empleadas en la administración estatal, el peso de Catalunya todavía es menos significativo. Sólo el 8 por ciento del total de servidores públicos, mientras la media estatal es de cerca del 20 por ciento.

Más allá de la consideración que puedan merecer estos datos, con la desproporción de funcionarios o trabajadores públicos entre Catalunya y el conjunto del estado, lo cierto es que el peso del sector privado en Catalunya es abrumador. De aquí también la importancia de velar por la salud del sector privado que es el que muscula, de mucho, la economía catalana. Y, de rebote, la española. Esta también sería una consideración a hacer al Gobierno. Recordemos que fueron las exportaciones de las empresas catalanas las que tiraron de la economía en la crisis desatada en el 2008. Sin su impulso, la sacudida para el conjunto del estado habría sido enorme. Es imprescindible que ahora, cuando esta fecunda red de empresas catalanas se ha visto amenazada por la pandemia, se tenga en cuenta que si en aquel momento contribuyeron a la recuperación económica cuando la situación era peor, ahora es la hora de preservarlas y socorrerlas tanto como sea necesario, garantizando su viabilidad y liquidez. Y esta es una filosofía que tendría que inspirar toda la actuación del sector público.

El Govern, a pesar de sus notables limitaciones presupuestarias, ha hecho un esfuerzo ingente ante la pandemia, con 185 actuaciones de urgencia por valor de 1.697 millones de euros. Una barbaridad para el presupuesto de que dispone a la Generalitat. Si la solidaridad es un valor de izquierdas, en el paisaje a acometer después del confinamiento, este valor se tiene que expresar del sector público hacia el conjunto del sector privado, desde los asalariados a los autónomos pasando por las pymes, verdadero tractor de la economía catalana y, por extensión, del conjunto de la economía del estado.