Me parece que, con el caso de Rita Barberá, España ha llegado a ese punto de no retorno a partir del cual toda solución empieza a ser peor que la enfermedad misma. Yo ya hace tiempo que oigo el rumor del agua purificadora que baja desde las montañas como un torrente tumultuoso y redentor para llevarse todo aquello que se le ponga por delante.
Cuando estalló el caso Pretoria, me harté de advertir que cargarse la presunción de inocencia para destruir a los oponentes políticos acabaría corrompiendo el Estado hasta los cimientos. Barberá tiene todo el derecho de decir que si la hacen dimitir del Senado ya la pueden declarar inocente porque cualquier juicio estará viciado de antemano.
Al lado de la prensa y de los políticos que la estigmatizan, la exalcaldesa parece Alfred Dreyfus o una chica dura de la serie The Walking Dead asediada por una masa de zombies hambrientos. La política española no sólo está probando la medicina que tenía reservada para combatir al independentismo catalán; además, los políticos y los columnistas de Madrid se han creído su propia propaganda.
El discurso que hace siete u ocho años se utilizaba para intentar controlar el pueblo catalán desde la izquierda ha entrado en la política española con tanta fuerza que ya veremos qué deja en pie. El canibalismo económico que practica el Ibex-35 ha infectado el discurso político e intelectual sobre la regeneración de España. Los partidos, igual que los banqueros, no invierten en ideas nuevas ni en talento, sino que se abalanzan como las pirañas sobre la carnaza.
El caso de Barberá dejará un cráter radiactivo en España y en el PP, muy parecido al que ha dejado el caso Pujol en CDC y en Catalunya. Cuando Andrea Levy dice que Barberá tiene derecho a la presunción de inocencia ya ha llegado tarde porque ella misma y el resto de jóvenes vicesecretarios fueron los primeros que la tiraron a los leones sin miramientos, asustados por la posibilidad de perder las elecciones y quemarse con los veteranos.
La corrupción sirve para justificar la cobardía de muchos políticos jóvenes que saben que la manera de resolver el problema territorial es celebrar un referéndum pero que no tienen el coraje ni la formación de defenderlo en público. El resultado es que al Estado español ya no le quedan valores que pueda proyectar hasta el infinito. La política se apoya cada día más en el punto débil de toda democracia, que es la explotación de la envidia. En cambio va abandonando el amor, que es la fe que sale del propio pensamiento y la única fuerza capaz de poner la economía al servició de alguna buena idea.
Desde que la unidad del Estado ya no se puede defender a través del ejército como en los últimos 400 años, el debate político se ha ido banalizando. Sin ninguna idea en la cabeza, Arrimadas aparece en los diarios como la virgen María que tiene que engendrar el nuevo catalán español. Mientras tanto, cada vez que se acercan elecciones, y ya van tres, la prensa madrileña pinta la sufrida Levy como una modernilla que va de flor en flor, para intentar borrar el hecho de que la chica que hoy habla de "minorías radicales" amó profundamente la Verdad que nace del respeto por uno mismo y por las personas con quien se confía.
En el bando independentista la anécdota folclórica también trata de ocultar la falta de valores y el miedo que da romper el tabú de la unidad de España. Incapaz de comprender que la autodeterminación sobrepasa las leyes del Estado porque no vivimos en la Europa de Stalin ni en la de Luis XIV, Puigdemont ha acabado por reducir la libertad de Catalunya a los trenes de cercanías, cuando podría ofrecer bases a los americanos y hablar del papel de Barcelona en el proyecto europeo. Ada Colau, que cada día recuerda más a Madona en el papel de Evita Perón, se esconde en el dolor de una familia desahuciada para parecer más soberanista y atacar al PP.
Para encubrir las miserias de la Transición, la justicia española ha aceptado el papel que la policía hacía en el franquismo. La destrucción de la presunción de inocencia, y la dimensión que han tomado los casos de corrupción, son el último zarpazo de la España militarizada que la España constitucional no pudo matar en el 1978. Una prueba de la deriva autoritaria que se esconde tras el papel que hacen los fiscales es que un político próximo a Rajoy ha declarado, hablando de Pedro Sánchez, que obstruir la gobernabilidad también es un tipo de corrupción que se debería perseguir.
La tentación de utilizar la corrupción como pretexto se ha convertido en una bacteria que mata la vida. La ley se ha convertido en una máquina de destruir manifestaciones genuinas para comprar a los jóvenes más baratos y convertirlos en versiones contrahechas de ellos mismos. Después de Barberà, la próxima víctima probablemente será el mismo Rajoy. Como la Constitución está pensada para asegurar gobiernos monolíticos y que Catalunya no pueda desafiar a la monarquía aliándose con partidos republicanos, la solución será intentar sustituir a Rajoy por un independiente que nadie haya votado.
Sostenido por las dos Castillas, que constituyen uno de los territorios más despoblados del continente, Rajoy es el último muro de contención de los pactos de la Transición. El presidente del Gobierno, que ya militaba en AP cuando el partido de Fraga votó contra los mejores artículos de la Constitución, encarna el proceso de ruralización que siempre afecta al poder español antes de cada descalabro. Cuando Rajoy se marche, se verá hasta qué punto su generación ha banalizado la política para protegerse, y el rugido aterrador de la riada santa que todo se lo tiene que llevar se escuchará cada vez desde más cerca.