Energía “verde”, democracia en sombras: el caso Forestalia y las grietas de la transición energética
El llamado caso Forestalia ha abierto algo más que una investigación penal en Teruel. Ha rajado de arriba abajo el relato oficial de la transición energética en España. Lo que aparece en los atestados, en las resoluciones conocidas y en la información publicada hasta ahora no permite dictar condenas anticipadas, pero sí dibuja un escenario que da vértigo: la sospecha de una presunta trama de favores, influencias y posibles irregularidades en torno a la tramitación ambiental de grandes proyectos renovables.
Y eso nos obliga a plantear una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el Estado ha protegido el interés general y hasta qué punto ha permitido que decisiones estratégicas, con un impacto territorial y económico brutal, quedaran bajo la influencia de intereses privados muy concretos?
Qué se investiga en el caso Forestalia
En el centro de la causa está la expansión de proyectos eólicos y fotovoltaicos de Forestalia, especialmente en Aragón, y de forma muy destacada en torno al denominado Clúster del Maestrazgo. Lo que se investiga es si, para sacar adelante estos y otros proyectos, pudo haberse montado una red de relaciones, operaciones y decisiones administrativas orientadas a favorecer a la compañía en la obtención de declaraciones de impacto ambiental y otros permisos clave.
La causa la instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel. Por la dimensión económica, territorial e institucional de lo investigado, se ha llegado a plantear la posibilidad de que el asunto acabe siendo examinado por instancias superiores, aunque eso no significa que exista ya una decisión firme en ese sentido.
Lo que sí sabemos es que la Guardia Civil describe un entramado complejo de sociedades, participaciones y movimientos financieros relacionados con la tramitación de estos proyectos. Y su legalidad, precisamente, es lo que ahora está bajo escrutinio judicial.
La presunta trama: cargos, sociedades y pagos
Según los informes conocidos, una de las figuras centrales de la investigación es Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. Los investigadores sostienen que pudo haber favorecido presuntamente determinados proyectos de Forestalia desde su posición en el ministerio, a cambio de contraprestaciones económicas y societarias.
En ese esquema aparece Forestalia, fundada por el empresario aragonés Fernando Samper, como la empresa que habría resultado presuntamente beneficiada por ese trato de favor en distintos expedientes. Entre los elementos que se investigan figura un préstamo de 5,2 millones de euros procedente de una sociedad del grupo Forestalia hacia una mercantil vinculada al matrimonio de Domínguez, así como la recepción de participaciones en varias sociedades titulares de parques eólicos.
Todo ello forma parte de una investigación en marcha. Y conviene subrayarlo con toda claridad: no hay sentencia firme, los hechos siguen bajo instrucción y todas las personas investigadas conservan plenamente su derecho a la presunción de inocencia.
En distintos territorios se repiten conflictos muy parecidos: macroplantas fotovoltaicas o eólicas proyectadas sobre suelos agrícolas, corredores ecológicos o paisajes de alto valor; tramitaciones difíciles de seguir para los municipios; denuncias de fragmentación administrativa; sensación de que el territorio es informado tarde y decide poco
Aragón bajo la lupa
La investigación no se limita al ámbito estatal. También alcanza al plano autonómico. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y antiguos responsables vinculados a la tramitación de proyectos han quedado bajo el foco por su posible papel en la cadena de autorizaciones. Se han publicado informaciones sobre cambios internos, concentración de funciones, presiones a personal técnico y posibles puertas giratorias. La tramitación de grandes proyectos energéticos en Aragón ha quedado bajo una sombra muy seria de duda por el momento, hasta que sea todo verificado y juzgado.
El Maestrazgo: un territorio en el centro del conflicto
El Maestrazgo se ha convertido en símbolo de este conflicto. Desde hace años, vecinos, plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas vienen alertando del impacto de los macroproyectos eólicos sobre un territorio de enorme valor paisajístico, cultural y ecológico. Sus denuncias hablan de fragmentación de hábitats, afección a especies protegidas, transformación del paisaje y presión sobre un tejido económico rural ya debilitado. Pero hablan también de otra cosa, quizá aún más importante: de una forma de hacer política en la que los proyectos llegan a los territorios cuando ya están prácticamente decididos, con información escasa, tiempos ajustados y un margen real de participación muy limitado.
Esa es una crítica política de fondo que no depende de una condena penal. Tiene que ver con el modo en que se toman las decisiones y con quién soporta las consecuencias.
El problema del troceo
En la investigación aparece además un elemento técnico-jurídico muy relevante: la posible fragmentación artificial de proyectos, lo que muchas plataformas han denunciado desde hace años como “troceo”.
La sospecha es que determinados parques se habrían dividido para mantenerse por debajo de ciertos umbrales de potencia, lo que podía tener efectos en el nivel de control administrativo exigible o en la administración competente para su tramitación. Este es un punto especialmente sensible porque conecta una vieja denuncia social con una causa penal concreta.
Lo que hoy existe es una investigación sobre si esa fragmentación respondió a una lógica técnica legítima o si, por el contrario, sirvió para facilitar autorizaciones en condiciones más favorables. Tendremos que esperar para confirmar nuestras sospechas, pero conviene seguir atentos y no permitir que todo esto caiga en el desconocimiento de la sociedad.
Más allá de Forestalia: un modelo bajo discusión
El caso Forestalia obliga a examinar un problema más amplio: el modelo de implantación de renovables que se ha consolidado en los últimos años.
En distintos territorios se repiten conflictos muy parecidos: macroplantas fotovoltaicas o eólicas proyectadas sobre suelos agrícolas, corredores ecológicos o paisajes de alto valor; tramitaciones difíciles de seguir para los municipios; denuncias de fragmentación administrativa; sensación de que el territorio es informado tarde y decide poco.
Una transición que se presenta como limpia no puede permitirse procedimientos sucios. Y una política climática que aspire a ser justa no puede tratar a los territorios rurales como simples zonas de sacrificio
“Vidas Irrenovables”: la dimensión humana del conflicto
El documental Vidas Irrenovables, dirigido por Francisco José Vaquero Robustillo, se ha convertido en una referencia para entender la dimensión humana del problema. No es un documento judicial ni pretende serlo. No analiza un sumario. Lo que hace es mostrar las consecuencias concretas que muchas personas perciben en sus pueblos y en sus formas de vida cuando los grandes proyectos llegan al territorio. Aquí, en El Nacional.cat, ya hemos hablado en otras ocasiones de este trabajo porque es una herramienta imprescindible para comprender lo que sucede.
En la película hablan agricultores, vecinas, activistas, científicas. Relatan una experiencia compartida: promesas de progreso que muchas veces no se traducen en beneficios tangibles para la población local, frente a impactos que sí se perciben como inmediatos y duraderos. El documental no sostiene que toda energía renovable sea ilegítima ni ilegal. Lo que plantea es una pregunta incómoda, pero legítima: ¿qué tipo de transición energética se está haciendo, para quién y a costa de quién?
Dónde acaba el sumario y empieza la política
Desde la prudencia jurídica, hay algo que sí puede afirmarse ya: incluso aunque algunas de las conductas investigadas no terminaran dando lugar a condenas, seguiría en pie una crítica política de fondo al modelo de transición energética desplegado en España. No porque toda transición sea una estafa, ni porque todo proyecto renovable responda a intereses espurios, sino porque demasiadas veces la apelación a la urgencia climática ha servido para recortar debate, acelerar procedimientos y presentar como inevitables decisiones que eran profundamente políticas.
Eso es lo que ha generado desconfianza en muchos territorios. No solo el impacto ambiental concreto de cada proyecto, sino la sensación de que las grandes decisiones se toman lejos, de que los beneficios se concentran arriba y de que los costes se socializan abajo. Si los tribunales terminan acreditando que en torno a Forestalia existió una trama de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho u otras irregularidades administrativas, no estaríamos ante un episodio menor, sino ante una señal gravísima de hasta dónde pueden degradarse las instituciones cuando el control público falla.
Y si no hubiera condenas, seguirían abiertas preguntas políticas que nadie debería despachar con ligereza: ¿por qué tantos territorios viven la transición energética como una imposición? ¿Por qué el debate sobre el modelo ha sido tan limitado? ¿Por qué se ha aceptado con tanta normalidad que comarcas enteras asuman cargas paisajísticas, ecológicas y sociales sin haber participado realmente en la definición de ese futuro?
Esa es la línea roja que este caso ha vuelto visible. No la de oponerse a las renovables, sino la de exigir que la política energética no se construya contra la democracia, contra el territorio y contra la confianza pública. El trabajo que viene haciéndose desde plataformas como Macrorrenovables, de entrada, no tiene un gran valor, sobre todo porque lleva años trabajando para que todo esto pudiera salir a la luz en los distintos territorios de España. Porque una transición que se presenta como limpia no puede permitirse procedimientos sucios. Y una política climática que aspire a ser justa no puede tratar a los territorios rurales como simples zonas de sacrificio.