"Alteza, la única cosa que os pido es que preservéis la unidad de España". Este es el mensaje que Franco moribundo le transmitió a su heredero en la jefatura del Estado, el entonces todavía príncipe Juan Carlos de Borbón. Lo reveló el mismo monarca en el documental "Yo, Juan Carlos I, rey de España". El reportaje lo emitió el año pasado la cadena pública francesa TF3. Aunque lo había coproducido, TVE decidió (auto)censurar-se y no lo puso en pantalla. "A nadie se le esconde que la propuesta política a la cual se me invita consiste en pactar con el gobierno que Usted preside la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española", le ha respondido por carta Mariano Rajoy a Carles Puigdemont sobre la oferta, también por carta, para negociar el referéndum. Entre un momento y el otro sólo han pasado 42 años. Y el encargo no sufre.

Juan Carlos fue rey preconstitucional de España durante los tres años que pasaron entre la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, hasta la ratificación en referéndum de la Constitución, y, con ella, de la monarquía parlamentaria, el 6 de diciembre de 1978. Tres años de prórroga de hecho del régimen instaurado por los vencedores de la guerra civil, durante los cuales el franquismo salvó bastante más que los muebles. En este marco se celebraron las primeras elecciones de la democracia, las del 15 de junio de 1977. Y se produjo el retorno de Josep Tarradellas, y el restablecimiento, provisional, pero restablecimiento, de la Generalitat republicana. 

Yo era un niño y me acuerdo perfectamente, de aquellas elecciones del 15-J y del "Ja sóc aquí" en la televisión en blanco y negro. Muchos padres -no los míos- decidieron aquel día de las primeras votaciones democráticas desde la guerra que sus hijos no fueran a la escuela, por si acaso. Aquellas elecciones de esperanza después de 40 años de aniquilamiento de los derechos más elementales se celebraron en un clima de miedo, de ruido de sables y de amenazas de involución retroalimentadas en la acción de grupos de presuntos incontrolados de la extrema derecha (los prolegómenos de los futuros GAL del primer felipismo) y organizaciones de extrema izquierda como ETA y los Grapo. Todo aquel estado de cosas culminó en el golpe de estado "frustrado" de Tejero (el 23-F de 1981). Pese al despertar democrático, la España del telediario único daba bastante miedo.

El techo y el corazón de la Constitución no era de vidrio sino de plomo

El tejerazo frenó el tímido despliegue de la descentralización y ha condicionado todo el recorrido posterior del desarrollo del Estado autonómico. Hasta el nuevo (auto)golpe que el régimen constitucional se (auto)infligió con la sentencia del Tribunal Constitucional que fulminó el Estatut de autonomia de Catalunya en el 2010. En ese momento tan próximo reemergió el "núcleo esencial" del artefacto constitucional. Y el catalanismo que todavía creía en una reformulación el orden autonómico, pudo constatar que el techo, y el corazón, de la Constitución no era de vidrio, sino de plomo. Durante aquellos tres años de rey y gobierno preconstitucional, el gobierno que pìlotaba Adolfo Suárez, aquellos tres años de esperanza, miedo y violencia, en la transición española, se pusieron las bases de una Constitución y un régimen de democracia bajo vigilancia militar tácita.

"Alteza, la única cosa que os pido es que preserváis la unidad de España". El artículo 8 de la Constitución, que hace garantes a las Fuerzas Armadas de la soberanía y la independencia de España, pero también de "la integridad territorial y el ordenamiento constitucional", remite a la naturaleza esencial de Constitución vigilada con que nació la vigente norma fundamental española. Es cierto que la inmensa mayoría de los estados modernos vigentes y extinguidos se han fundado y refundado y desaparecido con actos de violencia. Pero también lo es que la mayoría de los estados democráticos lo son porque se han (com)prometido a renunciar a la violencia como arma para resolver los conflictos, empezando por los propios. A diferencia de Rajoy, no fue la violencia verbal ni judicial contra el independentismo lo que utilizó a Cameron para mantener la integridad territorial del Reino Unido, sino las urnas en Escocia. Y no consta que dirigente europeo alguno haya animado al presidente español a utilizar "todos los medios" contra el movimiento independentista catalán como ha afirmado esta semana la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal. ¿Hasta dónde está dispuesto realmente a llegar Rajoy para parar el desafío independentista catalán?

A diferencia de Rajoy, no fue la violencia verbal ni judicial contra el independentismo lo que utilizó a Cameron para mantener la integridad territorial del Reino Unido, sino las urnas en Escocia

Entre 1975 y 1978, en la primera fase de la transición, la presión ambiental -los cuarteles- hizo introducir en el articulado de la ley suprema española la equiparación nada sutil entre la integridad territorial del Estado y el mantenimiento de l'orden constitucional. ¿Les suena? De acuerdo con la Constitución, artículo 8, independencia (de Catalunya, Euskadi, o quien se lo proponga) y golpe de estado son lo mismo y las Fuerzas Armadas tienen la misión de evitarlo. Por eso Rajoy y sus ministros pueden acusar de golpistas y de atentar contra la Constitución a Puigdemont i Junqueras sin despeinarse: porque la Constitución los ampara, así de claro y así de triste. Y por eso Rajoy, en la carta de respuesta a Puigdemont en que se niega a negociar los términos y las condiciones del referéndum de autodeterminación, alude a sus "obligaciones constitucionales" y sitúa la "defensa del orden constitucional", como "primera de ellas". La negativa de Rajoy a Puigdemont viene amparada por la Constitución, sí, y en concreto por lo más cuartelero de su articulado.

Por la misma razón las invitaciones de Madrid al presidente de la Generalitat para que explique en el Congreso de los Diputados la propuesta de referéndum resultan especialmente cínicas (y claramente contraproducentes para la propia credibilidad del orden constitucional). ¿Si "integridad territorial" y "ordenamiento constitucional" son lo mismo, como tendrían que aceptar las Cámaras españolas una reforma de la Constitución que amparara el referéndum de autodeterminación en Catalunya? ¿No hemos quedado en que esa opción "vulnera" lo que Rajoy denomina en su carta de respuesta a Puigdemont el "núcleo esencial" de la Constitución española? Dicho de otra manera: ¿Por qué Puigdemont es un "golpista" cuando plantea en una conferencia en una sala del ayuntamiento de Madrid el referéndum y lo deja de ser si va al Congreso a decir lo mismo? La respuesta es evidente: porque, de acuerdo con la mentalidad "constitucional" del PP, entonces será un "golpista (políticamente) muerto". Como lo fue el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, al despeñarse contra la mayoría "constitucionalista" de la Cámara. No habrá nada a hacer, por esta vía, mientras un gobernante español no deshaga el nudo gordiano que equipara "integridad territorial" con "orden constitucional" y, por lo tanto, "referéndum de independencia" con "vulneración" del "núcleo esencial" de la Constitución.

¿Por qué Puigdemont es un "golpista" cuando defiende el referéndum en una sala del ayuntamiento de Madrid y lo deja de ser si va al Congreso a decir lo mismo?

Rajoy ni quiere ni sabe deshacerlo, el nudo. Ni el nudo ni la cadena que lo liga también a él a aquel pretérito encargo del "Generalísimo" a su sucesor a título de rey. El "núcleo esencial" que invoca Rajoy es lo mismo que "la única cosa" que Franco moribundo pidió a Juan Carlos I cogiéndole la mano.

Por eso tampoco soporta Rajoy que Puigdemont proponga una "operación de Estado" como las que se hicieron a la transición. Como el rey emérito la noche del 23-F, Rajoy se ha puesto a hacer de capitán general de todos los ejércitos y Felipe VI, el actual jefe del Estado, se tendría que preocupar. El presidente del gobierno español y sus ministros han cruzado muchas líneas rojas de manera histérica y frenética en relación con la cuestión catalana. No se puede tratar de golpistas a unos dirigentes políticos que proponen refrendar sus proyecto en las urnas, de acuerdo con el mandato de la mayoría parlamentaria libremente escogida por los ciudadanos, y previa negociación de los términos y condiciones en que se tendría que producir la votación, como ha propuesto formalmente por carta el presidente catalán al español. Se les puede decir que no, legítimamente, y se los puede invitar a ir en el Congreso o donde sea, pero no se les puede tratar de golpistas. Entre otras cosas, porque si Puigdemont y Junqueras son golpistas entonces tendrían que ser inmediatamente detenidos. ¿O es que simplemente es cuestión de tiempo que eso suceda?