Las ocupaciones conflictivas son hoy un grave problema que hace la vida imposible a los vecinos que las sufren, provocando un sentimiento de impotencia a nuestros alcaldes y alcaldesas porque no tienen al alcance herramientas efectivas para ayudar a restablecer la convivencia en sus municipios. Los perfiles que protagonizan este tipo de ocupaciones son a menudo los de mafias que se instalan impunemente en las fincas y aprovechan que sus titulares son grandes tenedores, fondos especulativos o entidades financieras que no tienen la supervisión inmediata de estas y que además no sufren las consecuencias, para desplegar todo tipo de actividades como cultivos de sustancias tóxicas, tráfico de mercancías, narcopisos, etc.

Dado que estos propietarios no actúan judicialmente y se desentienden de los problemas que generan estas ocupaciones delincuenciales de sus inmuebles, con el paso del tiempo la convivencia y la paz social en muchos barrios y poblaciones de nuestro país se degradan enormemente con la impotencia que eso genera a los alcaldes al no poder dar solución.

Ante esta inapelable realidad, mientras ostenté el honor de ser consellera del Govern de Catalunya y junto con la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, trabajamos con los instrumentos propios y que no dependen de Madrid como son el Código Civil de Catalunya y la Ley de la Vivienda de Catalunya, para dar respuestas con un doble objetivo:

  • Dar herramientas a los alcaldes y alcaldesas y comunidades de propietarios, modificando el libro V del Código Civil de Catalunya relativo a los derechos reales, para facultarlos para poder instar judicialmente en nombre del propietario las desocupaciones, en los casos que generan alteración grave de la convivencia y creen alarma social.
  • Poder destinar a vivienda social los inmuebles así recuperados modificando la Ley de la Vivienda de Catalunya, para hacer frente a la falta de vivienda que es una de las emergencias que vive el país.

Concretas y efectivas modificaciones legislativas, para dar respuesta a la reivindicación constante de muchos alcaldes tanto del área metropolitana de Barcelona y la segunda corona, como de otros territorios del país, que les permiten amparar a los vecinos que sufren las consecuencias de estas actividades ilícitas que hacen de la ocupación un negocio, perjudican el derecho de las personas vulnerables a adquirir una vivienda social y atentan contra la convivencia y la paz social.

Desgraciadamente, esta medida que estaba a punto de ser llevada al Govern para ser aprobada, el actual gobierno monocolor de ERC la ha parado sin ningún miramiento, dando así la espalda al municipalismo catalán, ya que lo priva de unas herramientas necesarias para dar respuesta a estas difíciles situaciones y proteger la convivencia vecinal.

Desde Junts per Catalunya, no nos damos por vencidos y por eso presentaremos estas iniciativas al Parlament para ser debatidas y esperamos que aprobadas con el concurso del resto de fuerzas políticas, porque queremos que estas soluciones al grave problema de las ocupaciones conflictivas sean una realidad, ¡a pesar del Govern!

Lourdes Ciuró i Buldó