Uno de los efectos más devastadores de la globalización de la ideología conservadora es cuando consigue extenderse e impregnar el pensamiento progresista que le es contrario, hasta conducirlo al suicidio.
Todo empieza el 7 de julio, cuando el Harper's Magazine publica una carta abierta ("A letter in justicie and open debate") firmada por 150 intelectuales y artistas de todas las tendencias ideológicas como Margaret Atwood, Noam Chomsky, Wynton Marsalis, JK Rowling, Francis Fukuyama, Drucilla Cornell, Salman Rushdie, y en la cual se denuncia el "clima de intolerancia" y "la oleada de iliberalismo" que, desde el triunfo de Donald Trump, impregnan los medios de información y especialmente las redes de internet. Pero contra lo que se podría suponer, el objetivo de las críticas no es la demagogia de extrema derecha, sino el hecho de que la intolerancia se ha instalado también en su adversario en pro de la "conformidad ideológica" en lo políticamente correcto: reconociendo la necesidad de una "mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad... también es cierto que se habrían intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar las normas del debate abierto y tolerante con las diferencias". Una caza de brujas antidemocrática protagonizada por la izquierda progresista y radical que practica la "cancel culture", es decir, la censura y la humillación en las redes (Facebook y Twitter) de todos aquellos que no comulguen con las teorías de la liberación sexual y LGTBI, el feminismo, el animalismo, el ecologismo y el antirracismo. Estarían en juego la libertad de expresión de los puntos de vista opuestos, la tendencia a simplificar los mensajes al dejarlos en pura moralina, la condena al ostracismo o al escarnio público de la disidencia (de profesores, líderes y jefes institucionales, libros, investigadores, periodistas... todos ellos víctimas de esta oleada de reacción progresista).
El 10 de julio el New York Times publica otra carta abierta donde se les reprocha su elitismo, hipocresía y complicidad con el acoso que denuncian ("A more specific letter on justice and open debate"). Dicen, con razón, que la carta es breve y que está llena de "nobles generalidades" y conceptos seductores pero poco claros a propósito de la defensa de los derechos democráticos (cosa que explicaría que lo hayan suscrito personalidades ideológicas tan diferentes, incluso Chomsky, nada sospechoso de connivencia con el "enemigo"). Y les reprochan que no tienen en cuenta la cuestión clave del poder de tener voz y ser escuchado en los medios de comunicación de masas "oficiales". En este sentido, reprochan al Harper's que dé la palabra a personalidades que ya disponen de tribunas públicas para expresar sus "puntos de vista", mientras que no lo hacen con los colectivos marginalizados (para poner un ejemplo, en los últimos 10 años la revista ha publicado al doble de hombres que de mujeres y sólo ha dado voz a 6 personas no binarias).
La repercusión de esta polémica ha tenido una versión española que no se ha hecho esperar. El 21 de julio la prensa escrita que disfruta de amplia distribución (por ejemplo La Vanguardia y el ABC) se hacía eco de un "Manifiesto contra la intolerancia y la censura" que apoya los postulados de la carta del Harper's. Entre el centenar de firmantes hay una gran diversidad ideológica (¿o no?): los escritores y ensayistas Mario Vargas Llosa, Sergi Pàmies, Ignacio Martínez de Pisón, Oscar Tusquets, Adela Cortina, Fernando Savater; los periodistas Juan Luis Cebrián, Arcadi Espada, Ramón de España, Anna Grau y el rector Jaume Casals, entre muchos otros. A pesar de criticar las "lacras como el sexismo, el racismo o el desprecio al inmigrante", sin embargo consideran que se hace uso de ellas para estigmatizar la disidencia, "introducir la censura, la cancelación y el rechazo del pensamiento libre, independiente y ajeno a una corrección política intransigente". El ataque va dirigido a los movimientos progresistas radicales que mantienen estas "actitudes y comportamientos inaceptables", que provocan represalias en los medios públicos contra los que han criticado "los abusos oportunistas del MeToo o del antiesclavismo new age". Y aseguran que en España se ha condenado al ostracismo "a pensadores libres tildados injustamente de machistas o racistas y maltratados en los medios o linchados en las redes".
¿Cómo es que estos mismos firmantes no alzan la voz cada día para combatir la ideología de extrema derecha que se extiende por España?
Ha pasado una semana de la publicación del Manifiesto y, a diferencia de los EE.UU., no ha habido ninguna reacción. Sorprende, y más cuando hay cuestiones preocupantes que merecen un poco de reflexión. En primer lugar, no consta que los firmantes mencionados hayan sido censurados en los medios de comunicación de masas "oficiales", sino al contrario, la mayoría disponen de amplias tribunas públicas en las que expresar su opinión. Quizás lo que les duele es que las redes (más jóvenes, abiertas y por lo tanto menos sometidas al "control" ideológico) osen cuestionar la gerontocracia intelectual que ellos vendrían a representar. En segundo lugar, planteémonos hasta qué punto la crítica que llevan a cabo del activismo de izquierdas —ahora tildado siempre de "radical" y de cometer excesos en las redes—, bajo una pretendida capa de exquisita neutralidad apolítica, no supone un claro intento de desacreditar a la crítica progresista y al mismo tiempo legitimar el pensamiento conservador aparentemente moderado y conforme (¡este sí!) con el statu quo. Y ya puestos a criticar, ¿cómo es que estos mismos firmantes no alzan la voz cada día para combatir la ideología de extrema derecha (radical, ¡esta también!) que se extiende por España? La impunidad con que asistimos atónitos a la larga lista de manifestaciones de la derecha franquista en nuestro país es de tal magnitud (en los medios de comunicación "oficiales", en las calles, pero también al Congreso de los Diputados, en los juzgados, en los cuerpos de seguridad del Estado, en los púlpitos...) que cuesta de entender por qué estos mismos firmantes, tan atentos a denunciar las vulneraciones flagrantes de derechos democráticos fundamentales, no usan sus tribunas para promover también un "manifiesto" que critique la censura, las injurias y (como ellos mismos dicen) "actitudes y comportamientos inaceptables" de la derecha radical española. Esta, y quizás no la que denominan "nueva radicalidad", en referencia al pensamiento de izquierdas, merece ser acusada de tener "un fundamento antidemocrático y de implicar una actitud de supremacismo moral". Desde Catalunya estas palabras resuenan y hacen mucho daño.
En última instancia pidámonos: cui prodest, ¿a quién beneficia este manifiesto? No parece que al pensamiento progresista y emancipador le haga ningún favor; pero quizás sí que favorece que la extrema derecha reclame todavía más tribunas para publicitarse, apelando al derecho a la libertad de expresión que la tolerancia democrática les concede, y que lógicamente ellos querrían abolir. Los firmantes del Manifiesto, quizás sin querer (?), lo propiciarán impregnados de lo que criticaban; cosa que demuestra que en nuestro país hacer de intelectual comprometido es un oficio de riesgo.