Hay un acuerdo universal en el discurso político y periodístico según el cual Joan Carlos I personifica como ninguna otra figura la España del régimen del 78, la que transitó pacíficamente desde el franquismo hacia la democracia. Un "fantasma recorrió el país" asegurando que la amnistía de los franquistas y la amnesia sobre la dictadura eran la fórmula perfecta para hacer tabula rasa y empezar de nuevo, sin hipotecas del pasado. Pero este relato ya hace muchos años que el economista Vicenç Navarro lo bautizó acertadamente como "transición inmodélica", porque la pervivencia de los intereses franquistas en todas las estructuras que forman el estado español es tan evidente que casi es incuantificable: en los partidos políticos, en el estamento militar y policial, en la judicatura, en las redes del poder económico, en el medios de información... en fin, en lo que ahora se llama el deep state, el estado real y quien realmente gobierna el país.

De todos los aspectos que hacen inmodélica esta transición, hay una que también forma parte y que llama la atención, precisamente por su silencio: la de la ciudadanía española. Durante todos estos años, no ha consentido sino mantenido esta situación, y con respecto a la monarquía la ha aplaudido con una auténtica fe de converso. El último episodio es una buena muestra de esta actitud: el emérito, todavía rey, hace más de diez días que se marchó (¿huyó?) del Estado, despidiéndose de su hijo con una carta donde, a título particular, le comunicaba que se marchaba de vacaciones hacia un lejano destino privado (todo eso, suponemos, mientras no esté imputado). Ninguna asunción de responsabilidad o palabras de despedida hacia el pueblo a quien se debe en tanto que todavía rey. Y delante de eso también es interesante constatar cuál ha sido la reacción de este pueblo español. Ninguno. Un silencio aterrador.

El pueblo español tiene que decidir ahora qué quiere ser, porque si acepta todas estas irregularidades, callando y otorgando, entonces es que se comporta como súbdito y no como ciudadano libre digno de una democracia consolidada

A excepción de algunas declaraciones políticas hechas con la boca pequeña, algún manifiesto esporádico, algunas manifestaciones populares en Euskadi y una frustrada (de nuevo) reprobación en el parlamento de Catalunya, el silencio más absoluto. Silencio cómplice de los partidos llamados constitucionalistas (PP, Cs y VOX), pero también de los partidos españoles llamados republicanos que ahora tendrían que denunciar la corrupción que comporta el régimen monárquico y promover una reacción popular y jurídica inmediata; silencio del PSOE, del Gobierno y de su cabeza, Pedro Sánchez, que alega no saber dónde está el rey, aunque le pague la seguridad y las vacaciones; silencio de los medios de comunicación "oficiales" que intentan diluir el escándalo; silencio de los poderes económicos del Estado, aquellos que se han lucrado y lo siguen haciendo con y gracias a la mediación del rey de turno.

Pero también silencio del pueblo español. En eso también son herederos de la transición, es decir, de un franquismo que siguió haciendo camino por vías más aparentemente democráticas, pero que siguió durmiendo la memoria histórica, desposeyendo de conciencia política y atemorizando la voluntad reivindicativa de sus ciudadanos.

El último episodio con el rey no tiene nada de anecdótico, porque marca la diferencia fundamental entre un pueblo que se considera a sí mismo "súbdito" o "ciudadano". Súbdito lo es un pueblo acostumbrado a aceptar y callar ante la falta de justicia e igualdad, a no exigir sus derechos democráticos, a consentir que el monarca esté fuera del pacto social y se sitúe más allá del derecho que rige para la mayoría, a no pedir cuentas a los responsables que los gobiernan, a tolerar la corrupción (como una especie de mal menor), a no exigir explicaciones y transparencia. Los ciudadanos en cambio tendrían que llenar las calles de preguntas como: ¿Dónde está el rey? ¿Qué le cuestan al pueblo español sus vacaciones furtivas? ¿De cuánto dinero presuntamente se ha apropiado de los bolsillos de todos los españoles? ¿Estará obligado a devolverlos, él también? ¿Qué responsabilidades tiene que asumir ante la ley? ¿Puede estar exento de cometer delitos por el solo hecho de ser rey?

El pueblo español tiene que decidir ahora qué quiere ser, porque si acepta todas estas irregularidades, callando y otorgando, entonces es que se comporta como súbdito y no como ciudadano libre digno de una democracia consolidada. ¿O quizás es que los españoles han asumido que son ciudadanos inmodélicos herederos de una transición y una monarquía immodélicas? Aunque sospecho que la connivencia puede tener una causa más trivial: el 3 de agosto la Casa Real sabía que el lógico miedo a la pandemia, el bochorno del verano y las ganas de marcharse de vacaciones (¡a un destino más próximo que el de su rey!) podrían anestesiar debidamente la conciencia política de sus súbditos.

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