El concepto de bien común se emplea a menudo, incluso diría que en abundancia. Es un concepto que es paseado a diestro y siniestro por cualquier moralista que quiera quedar bien entre los de su parroquia, pero del que habrá que establecer bien las coordenadas, el significado y las implicaciones que comporta.
A mi entender, se entiende como bien común aquel tipo de bien inmaterial que es compartido por la mayoría o por la totalidad de los ciudadanos de una determinada comunidad y que, por otra parte, resulta beneficioso para la totalidad o para la mayoría de los miembros de una comunidad determinada.
La consecución del bien común, pues, debería ser la meta y el objetivo de cualquier gobernante, dado que, por un lado, beneficia al conjunto de los ciudadanos y, por otro, su invocación y práctica puede convertirse en un eficaz antídoto en la lucha contra la corrupción, que podríamos definir como la obtención de beneficios ligados a intereses particulares o especiales.
Desde Platón, muchos son los pensadores que han trabajado este concepto, pero a pesar de que tendría que ser un debate intelectual, filosófico o moral tranquilo, en el que parecería que todo el mundo debería ponerse de acuerdo, resulta que estamos confrontados a un debate que históricamente no ha sido ni asumido ni pacífico. La prueba de ello es que alrededor del debate sobre el bien común han ido floreciendo otras acepciones y expresiones como el interés general, el beneficio igualitario, el interés común, la utilidad común, etc. Y no estoy nada seguro de que todas estas acepciones quieran decir lo mismo ni que se busquen las mismas finalidades.
Es en el vínculo entre bien común y lucha contra la corrupción donde me gustaría posarme.
Se habla mucho de corrupción, pero creo que de manera interesada se quiere desviar la atención casi exclusivamente hacia la corrupción económica. Es decir, la ejercida por aquellos que obtienen dinero no ganado ni merecido de parte de las arcas públicas, en función de un trabajo que no se ha hecho o no del todo. Y también se aplica a aquellas personas que, en el ejercicio de una función o cargo público, desvían recursos económicos públicos hacia sus intereses particulares.
El estado de salud moral de una sociedad, su vínculo con el bien común, es necesario que lo basemos en el nivel de confianza, honradez, justicia, templanza y solidaridad que exista entre sus miembros
Pero es forzoso constatar que hay muchos otros tipos de corrupción que hacen saltar por los aires el principio del bien común. Por ejemplo, cuando un funcionario público hace a desgana o de manera no cuidadosa su trabajo; o lo hace con poca profesionalidad, discreción, preparación o empatía; o cuando actúa bajo criterios de discrecionalidad y arbitrariedad; o cuando trata mal o incorrectamente a un ciudadano. En todos estos ejemplos, el servidor público cae en el vicio de la corrupción y, por tanto, menosprecia el bien común.
En paralelo, cuando un ciudadano se aprovecha, para fines no regulados, prohibidos o ficticios de los derechos que le son reconocidos, o practica la evasión fiscal, o atenta contra los bienes públicos o sustrae de ellos, o cuando alega estados de salud ficticios, o cuando representa situaciones o condiciones de vida que no se corresponden con la realidad para sacar algún beneficio, está haciendo corrupción y pisotea el concepto de bien común.
A los apóstoles de la ponderación de las magnitudes les reconoceré que, ciertamente, se puede —y probablemente es necesario— establecer una escala de valor respecto a los abusos que se cometen contra el bien común, pero con la misma certeza seré capaz de afirmar que el estado de salud moral de una sociedad, su vínculo con el bien común, es necesario que lo basemos en el nivel de confianza, honradez, justicia, templanza y solidaridad que exista entre sus miembros.
Por otro lado, también es necesario constatar que cualquier falta de acción u omisión que se dirija contra los principios que acabo de enunciar ataca directamente el bien común, lo que significa que ataca la armonía social y la consideración debida a los ciudadanos.
Vivimos en una sociedad en la que hay una tendencia clara y manifiesta a reclamar, incluso a veces de forma vehemente, todos nuestros derechos, pero no somos tan cuidadosos, reivindicativos ni combativos a la hora de ejercer nuestros deberes. Es más, a menudo, molesta que sean reclamados. Esto comporta que el tejido social esté tensionado por un claro desequilibrio y que, en consecuencia, el concepto de bien común no goce de una buena salud, y no esté muy de moda.
Además, tenemos una situación en la que parecemos inflexibles con la corrupción exhibida públicamente, incluso a veces con impudicia, pero también resulta que somos bastante tolerantes con las pequeñas corrupciones, empezando por las que podemos cometer cada uno de nosotros.
Si no nos preocupamos y ocupamos pronto de este desequilibrio creciente, si no lo hacemos con seriedad y profundidad, y nos acabamos disciplinando todos, la ausencia de respeto por el bien común se nos puede escapar de las manos, y puede hacer tambalear el principio de vivir juntos en una sociedad civilizada.