Es como un rayo de sol. Oír decir en un parlamento o tras un Consejo de Ministros cosas que para mí hace mucho tiempo que son obvias como que la inaceptable e impostada judicialización de un conflicto político nos ha traído hasta un escenario insoportable y que ha llegado el momento de acabar con ella.

No va a ser fácil. Hay toda una jauría esperando a buscar cualquier frase, cualquier fragmento, y utilizarlo para desgarrar los tendones aún débiles que unen la coalición de gobierno. Por eso es estúpido darles lo que esperan y por eso los gestos y las declaraciones sin altisonancia van a ser el único camino por el que intentar transitar. Aún así no será sin explosiones continuas que intentarán amedrentar a los que intentan encontrarse.

Nada más que eso fue el escándalo organizado en torno a la propuesta del Gobierno, en cumplimiento del artículo 124.4 de la tan cacareada Constitución, de proponer a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Acaban de darse cuenta de que este gobierno ha venido a gobernar y de que para ello piensa utilizar todos los mecanismos legales y constitucionales que el diseño de sistema puso en sus manos. Nombrar a un fiscal general de confianza es una de ellas.

No en vano ha visto Sánchez durante 19 meses lo que significa tener una fiscal general que creyó su obligación ser independiente del poder político para pasar a ser dependiente de la propia carrera fiscal. Una fiscal general a la que no le dieron opción a visar o discutir el informe al tribunal sobre la sentencia del TJUE. El que se evacuó en hora y media tras hacerse pública. ¿Hubiera podido Segarra discutir técnicamente que esa postura no era la correcta? ¿Hubiera podido, de estar persuadida como jurista de ello, haber dado instrucciones para que se informara en otro sentido? Si la respuesta es no, entonces es que como les he dicho tantas veces, la Fiscalía ha estado campando como cada comando independiente de fiscales ha decidido. ¿Estaba de acuerdo Segarra en que se hablara de los CDR como un grupo terrorista equiparable a ETA? No lo sabemos, pero si hubiera querido hacerles cambiar de línea, nos hubiéramos enterado. Así que no lo hizo.

Por eso es tan importante, aunque la derecha se rebele contra ello, tener un fiscal general que comprenda las líneas maestras de la política criminal que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno y que está claro que no pasan por aprovechar el más mínimo resquicio, informe policial o noticia de prensa para interponer una querella más contra el primer independentista que pase. Fue muy significativo que Sánchez, cuando intentaban acorralarle con este tema, respondiera claramente: “Yo sólo le he pedido a la señora Delgado que haga respetar la más estricta legalidad democrática”. No sé si se les pasó por alto, pero es un hallazgo en un desierto de banderas y banderías en el que hemos habitado hasta ahora. ¿Cuántas de las cosas que hemos vivido, y aún vivimos, se podían haber evitado si se hubiera respetado la más estricta legalidad democrática?

La más estricta legalidad democrática no hubiera creado una querella novelada con el objeto de que contuviera los elementos necesarios para construir el relato de un delito de rebelión inexistente

La más estricta legalidad democrática no hubiera creado una querella novelada con el objeto de que contuviera los elementos necesarios para construir el relato de un delito de rebelión inexistente. La más estricta legalidad democrática, y no la voluntad decidida de ocultar la política tras las sayas de las togas, nos hubiera ahorrado mucho dolor y también mucho daño, hecho en nombre de la sacrosanta unidad de España, al estado de derecho.

La más estricta legalidad democrática no hubiera entrado en un juego de alteraciones jurisdiccionales, procesales y sustantivas para conseguir objetivos establecidos como inhabilitar a los políticos catalanes y mantenerlos en prisión hasta conseguir una grave condena para ellos.

La más estricta legalidad democrática no hubiera permitido hacer juegos malabares con las euroórdenes ni trampas al remitirlas ni tantas otras cosas. No, con una estricta legalidad democrática no estaríamos aquí. Recuerden que el primer follón gordo de Dolores Delgado al frente del ministerio fue su convicción de que no era legal pagar con dinero público la defensa de Llarena en la demanda interpuesta contra él en Bruselas. Fue la presión mediática y política la que forzó al débil gobierno surgido de la moción de censura, siempre con las elecciones en la cabeza, a recular y a cambiar su posición. La jauría ha vuelto a recordarlo estos días, porque eso no se lo perdonan.

Así que es importante aprender a escuchar lo que se dice y a dejar que sean otros los que se enzarcen en la búsqueda de mondongos con los que ensuciar la escena. También dijo ayer Sánchez que, que él sepa, el president de la Generalitat es Joaquim Torra. Y con eso también dijo tantas cosas, que no debemos perder la oportunidad de escucharlas.

“La vía judicial no tendrá el recorrido que desgraciadamente ha tenido todos estos años”, respondió Sánchez. Y para que esto sea así es preciso que el fiscal general del Estado, haciendo uso de sus atribuciones, corte de plano cualquier actuación de la Fiscalía que busque obtener réditos políticos. ¿O que otra cosa fue hablar de una “organización terrorista de índole secesionista catalán”? ¡Si llegó a imputarles inicialmente también el delito de rebelión!

No, el presidente del Gobierno no va a poder ordenar a la Fiscalía que haga lo que le pidan o lo que sea conveniente en un momento dado. Eso no sería legalidad democrática. Lo que si puede y quiere es asegurarse de que no va a haber fiscales haciéndole la cama a la menor oportunidad para darles a los enemigos un argumento con el que desbaratarlo todo. Lo que quiere tener claro es que nadie se ensañará pidiendo prisiones o impidiendo salidas por el mero hecho de mantener alto el pabellón patriótico. Claro que luego deciden los jueces. Siempre deciden los jueces, pero sin el concurso de la Fiscalía es mucho más difícil tirarse al fango de una querella de Vox.

Es importante, pues, que aprendamos a leer lo sustancioso y que dejemos los gritos para otros. Algo está cambiando y la legalidad democrática va a tener un respiro que fueron otros los que asfixiaron.

Esperemos que no sean las palabras las que ahoguen esta esperanza. Los hechos, eso marcará la diferencia.

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