Al final Corinna Larsen se la va a acabar liando a Pedro Sánchez y a Felipe VI, lo que sería una especie de vendetta vicaria que puede complicar la política interior. No creo que en su diseño de batalla jurídica contra su egregio examante haya llegado tan lejos ella, pero así van pintando las cosas. Y todo por el empeño del juez de la 13 Queen’s Bench Division, Matthew Nicklin, que no quiere que lo líen.

La cuestión, como seguramente saben, es que durante dos días se han visto en esa corte una especie de cuestiones previas respecto a la demanda que Larsen ha puesto contra Juan Carlos de Borbón y Borbón y contra el exjefe de los servicios secretos españoles. Dice que fue amenazada y pide una indemnización y una orden de alejamiento del emérito, aunque creo que lo último que le apetece a él ahora es acercarse a la mecha detonante de todos sus problemas presentes. Sin Corinna nunca hubiera salido a la luz tanta mierda fiscal ni tanta mierda personal, pero ya no corren los tiempos en los que las preferidas del monarca eran modositas, o bien los Borbones han ido perdiendo ojo a la hora de elegirlas.

La cosa es que lo que se sustancia en esas vistas —antes de entrar en el fondo del asunto de las amenazas y los millones y los espías— es si al rey emérito le es aplicable la Ley de Inmunidad de Estado británica de 1881. No se trata pues de si es inmune o no para los delitos de que se le acusa —como se baraja en España— sino de si disfruta de esa exención de carácter procesal que provoca la incompetencia de los tribunales interiores de un Estado (Reino Unido en este caso) para juzgar a alguien que es sujeto de Derecho Internacional. Resumiendo, se trata de saber si los tribunales británicos pueden ver el asunto o si, como afirma el abogado del Juan Carlos, solo el Tribunal Supremo del Reino de España tiene jurisdicción para juzgarle. En caso de que el juez británico aceptara esa premisa, Corinna se tendría que venir al Supremo a pleitear y no hace falta que les diga dónde acabaría eso, sobre todo después de que archive la Fiscalía sus diligencias previas y eternas de investigación. En España, por contra, no existe una ley especial sobre inmunidades estatales, aunque sí el concepto, y únicamente el artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a la imposibilidad que tienen los Juzgados y Tribunales españoles para conocer los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, remitiéndose, en este sentido, a "las normas de Derecho Internacional Público".

Con todo el lío de tratados, circunloquios y menciones varias que se está produciendo en el juzgado británico —de Viena a Utrech y tiro porque me toca— se olvida lo que el juez Nickin lleva repitiendo una y otra vez para ver si se aclara. Nickin quiere saber, para ver si le es aplicable esa ley de 1981 si Juan Carlos de Borbón es “sovereing” y “member of the Royal Household”. Lo ha pedido más de cinco veces. Es una cuestión decisiva y pretende que no sean los abogados los que le vuelvan locos sino que o bien el Gobierno español o bien el propio rey Felipe VI le certifique o asegure si se dan esas condiciones. Y luego volveré a esto porque es donde se puede organizar el cotarro.

La realidad es clara: nada ha perdido Juan Carlos ni de nada ha sido expulsado. Todo es un montaje de cortafuegos, comunicativos y jurídicos, para evitar que sus actos y sus problemas salpiquen directamente al actual jefe del Estado. La investigación previa y eterna de la Fiscalía nunca ha sido otra cosa que un cortafuegos que se cerrará y que servirá para echar atrás cualquier intento de llevar los desmanes del antiguo rey ante el Tribunal Supremo del Reino de España

No es extraño que el pelucón británico se líe, porque hay cuatro conceptos diferentes que aquí también se embarullan. Los cuatro conceptos que se confunden son: Casa Real y Casa de Su Majestad el Rey; Familia Real y Familia del Rey. Voy a hacerles spoiler: Juan Carlos, el emérito, forma parte de las cuatro cosas así que la respuesta al juez británico ha de ser sí en todos los casos. Ahora bien, cuando el juez pregunta por The Royal Household está preguntando si esa persona pertenece a la Casa de Su Majestad el Rey y sí pertenece. También pertenece a la Familia Real (Felipe VI, su mujer e hijas y su padre y madre) y, por supuesto, a la Casa Real de Borbón y a la familia del rey que incluye a toda la parentela: infantas, sobrinos y demás.

La cuestión es que el juez británico no quiere líos y ha sugerido que la ministra de Exteriores de su país lo consulte directamente con el Gobierno español o bien que se le justifique oficialmente su pertenencia a la Casa de Su Majestad el Rey. Aquí está el dilema, porque quienes artificialmente han querido hacer como que el manchado monarca abdicado estaba lejos y bien lejos, apartado, apestado, o bien lo dejan desprotegido ante una Justicia británica —que podría sacar y comprobar todos los trapos sucios que Larsen esgrime, con el consiguiente efecto de opinión pública aquí— o bien acreditan oficialmente lo que siempre hemos sabido: que el Rey Emérito continúa siendo parte sustancial del núcleo duro de la monarquía y que todo esto del alejamiento y del no te hablo no es sino una añagaza de comunicación.

La realidad es clara: nada ha perdido Juan Carlos ni de nada ha sido expulsado. Todo es un montaje de cortafuegos, comunicativos y jurídicos, para evitar que sus actos y sus problemas salpiquen directamente al actual jefe del Estado. La investigación previa y eterna de la Fiscalía nunca ha sido otra cosa que un cortafuegos que se cerrará y que servirá para echar atrás cualquier intento de llevar los desmanes del antiguo rey ante el Tribunal Supremo del Reino de España, ese al que únicamente reconoce estar aforado, ese al que quiere que sean dirigidas las pretensiones de su retorcida examante.

Así que ahora es posible que el problema le llegue al Gobierno o al jefe del Estado en forma de petición de certificación de autenticidad respecto al hecho cierto de que nunca ha dejado de estar en el núcleo central de la monarquía.

El juez británico está muy rayado. No es imposible que acabe pidiendo oficialmente lo que lleva reclamando en su sala durante dos días.

El real problema puede ser para el Gobierno y para Felipe VI un problema real.