“No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos”

Albert Einstein

Nunca he entendido que el Molt Honorable President no descolgara el lazo amarillo al recibir la comunicación de la Junta Electoral Central. No lo entendí entonces, así que ahora... ahora lo entiendo mucho menos porque los hechos no han hecho sino darme la razón. ¿Qué necesidad tenía de arriesgarse a ser inhabilitado? Era una apuesta a caballo perdedor y no hacía falta ser un lince para verlo.

Que Torra se estaba arriesgando a un proceso por delito de desobediencia y que ese procedimiento acabaría con toda probabilidad en una condena, no era una cuestión de videncia sino de mero análisis de la situación. Me consta que el president de la Generalitat sabía también a lo que se exponía, porque tiene buenos asesores y porque se lo tuvieron que explicar. Así que él asumió que iba a enfilar un juicio por desobediencia y sus buenos motivos tendría, que eso no lo niego.

Ahora nos encontramos con que el juicio está señalado para el día 25 de septiembre, justo después de que venza el plazo para que haya gobierno nacional el día 23. ¿Casualidad o causalidad? Lo cierto es que la Generalitat ha hecho público un comunicado en el que acusa a la Justicia de ir demasiado deprisa. Eso no deja de ser curioso. Existe la figura de la dilación indebida y del retraso malicioso pero la de la diligencia maliciosa no la he visto nunca. ¿Los Bomberos o la Policía llegaron demasiado pronto a su llamada? ¿Tengo quejas porque resolvieron un expediente, un recurso, un pleito con diligencia? No deja de resultar sarcástico que una instancia pública se pronuncie así. Es verdad que para jodernos nos pueden acelerar los asuntos, pero sería siempre una jodienda dentro de la lógica de las cosas y poco reprochable por eso mismo. Cosa distinta es si esa diligencia es provocada o busca un fin o tiene como objeto beneficiar a personas o a instancias privadas o públicas. Esa es una cuestión que nos podemos plantear pero que nunca podremos comprobar puesto que es facultad de los tribunales señalar las fechas de juicio, según su carga de trabajo, y porque parece que el número de causas especiales que afectan a aforados no debe de ser muy elevada. Así que es complicado. Sucede que no es bueno en política estar a expensas de que sean los tribunales penales los que marquen el ritmo. Esto es pertinente para Torra ahora pero lo ha sido y lo seguirá siendo para cualquier político de cualquier partido siempre. Puedes decirte heredera de Esperanza Aguirre y que te imputen dos meses más tarde y cosas así.

Ahora, en el tema de la desobediencia, lo cierto es que la posibilidad de inhabilitar al president de la Generalitat está en manos de los jueces y el momento en que suceda, pues también. El recurso que se planteara eventualmente ante el Tribunal Supremo, también dejaría esos tiempos en manos de la Sala Segunda. Así que ahora no es Joaquim Torra el que, por ejemplo, decide hasta cuándo dura su presidencia o cuando convoca elecciones sino que podría suceder que fuera el Tribunal Supremo el que pusiera fin a su mandato y dejara la Generalitat en manos de un vicepresident de ERC que, solo a lo mejor, ve los tiempos de otra manera. ¿Eso de quién es culpa? Pues, ya sé que puede no gustar, pero en gran medida es del propio Torra, que decidió no descolgar el lazo y volverlo a colgar pasadas las elecciones. Tampoco hubiera pasado gran cosa. Finalmente lo tuvo que descolgar igual, y ahora no estaría en estas.

Han alegado también que el señalamiento del juicio se ha producido anómalamente ya que se fijan los días 25 y 26 por la LAJ –la secretaría de la Sala– antes de que se hubiera dictado el auto de admisión de prueba y esto no es lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su descargo el Tribunal Superior explica que la premura para señalar las fechas venía dada por la necesidad de completar la sala con magistrados de la llamada lista de sustitución voluntaria dado que no había en la Sala Civil-Penal del TSJC suficientes magistrados “sin contaminar”, es decir, sin que hubieran tenido algo que ver con el procedimiento. Esa lista está formada por magistrados de la misma jurisdicción, de las audiencias catalanas, por ejemplo, que se integran voluntariamente para ser llamados a completar sala cuando sea necesario. Esas mismas fuentes aseguran que era necesario fijar las fechas del juicio para ver si el primer magistrado al que le correspondía estaba libre, que no fue así, y seguir a los siguientes hasta encontrar al que pudiera en tales fechas. Así se hizo y así entró en el tribunal José Elías Gadea.

El president Torra va a ser juzgado este mes y se juega una inhabilitación que es muy difícil que soslaye

La representación de Torra ha recurrido este señalamiento pero es improbable que obtenga resultado. Fuentes jurídicas de otros grandes tribunales aseguran que el hecho de que el señalamiento se produzca el día anterior al auto de admisión de prueba –sí, el día anterior dado que agosto no es hábil– no supone indefensión ninguna y que es práctica no inusual que el magistrado que está redactando el auto le indique a la LAJ cuántos días es preciso señalar para que se reserve y avise formal o informalmente a las partes. Ya ustedes valoran.

Cosa distinta veo yo el hecho de que el presidente del TSJC se pronunciara en reiteradas ocasiones respecto a los lazos amarillos y a la necesidad de retirarlos de los espacios públicos. Que Barrientos públicamente compartiera la decisión de la JEC de ordenar la retirada de los lazos en una rueda de prensa es una extralimitación que, quien puede estar llamado a juzgar, como de hecho va a suceder, no tenía que haber cometido. El papel que la LOPJ otorga a los presidentes de tribunales superiores como portavoces de los jueces en su territorio es muchas veces incompatible con sus funciones jurisdiccionales y esta fue una de ellas. Así que ahí sí que hay una cuestión más espinosa que podría ser motivo de recusación y de la que el propio magistrado debería de haberse cuidado por su apariencia de imparcialidad.

Así que sí, que el president Torra va a ser juzgado este mes y se juega una inhabilitación que es muy difícil que soslaye, aunque hay argumentos en su defensa que, sin duda, serán bien esgrimidos en el juicio. Me sigue pareciendo que no había ninguna necesidad de ello. Desde el mismo momento en el que decidió obviar la comunicación de la Junta Electoral Central llevo preguntándome: ¿Pa qué, Torra? ¿Pa qué? Ahora ha perdido el control sobre su puesto político y se lo ha dado a los jueces. Eso sí que ya no tiene remedio.