“Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste (…) de eso trata la tormenta.”
H. Murakami
Antes de que George Clooney fuera el más cafetero, cuando aún era un patrón de pesca que sorteaba la ruina buscando al pez espada, aprendimos que una tormenta perfecta tiene un final tan amargo como el ristretto. Empezamos entonces a comparar nuestras vidas con ese cruce de isobaras malignas, de un huracán errante en sus últimos estertores y dos tormentas anónimas que confluyen con él y nos dimos cuenta de que, a veces, nuestros destinos o los de las naciones se encuentran ante el mismo muro infranqueable que laminó al Andrea Gail.
La metáfora nos quedó perfecta para el uso y el abuso. Sólo una tormenta perfecta pudo conseguir los resultados judiciales del procés. Sólo la confluencia de un sector que consideraba que la aplicación del 155 no era suficiente y que había que forzar la vía penal, con la aquiescencia de jueces locales más los de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, más la de los miembros de la Junta Electoral, más la de millones de españoles que pensaban que las cosas se resuelven por las bravas, más la de los medios que consideraron que el esfuerzo patriótico lo merecía todo y los que se pusieron de perfil produjeron una situación en la que ni los recursos valían ni los atropellos existían ni los derechos estaban en liza. Una tormenta perfecta para acabar con el independentismo catalán, cuyo centro neurálgico se sitúa en las togas. Todo esto no es la primera vez que lo escribo, pero es necesario que lo haga para demostrar que, contra lo que muchos creen, estos fenómenos no son tan fáciles de producir ni se dan con tanta frecuencia como se dice.
En líneas generales, no es sencillo lograr una mezcla de aquiescencia y silencio que permita seguir adelante con iniciativas judiciales que están viciadas de origen. Fíjense que a pesar del sufrimiento, ni siquiera el caso Alsasua acabó consagrando el inexistente terrorismo, aunque sancionó la injusticia. En estos días asistimos a la constatación de que si bastantes no se conjuran para salvar la patria, el sistema todavía funciona y es capaz de parar la guerra jurídica que la ultraderecha está llevando a cabo en los tribunales, como a la jueza que imputó a Tezanos, ex cargo de Rajoy, la han obligado a archivar.
Tienen en su mano muchos elementos y pueden desatarlos, pero no siempre consiguen la tormenta perfecta. Sólo por eso merece la pena seguir luchando contra las olas y los vendavales
Sabemos que la sección cuarta de la sala tercera no ha tumbado el nombramiento de Dolores Delgado como esperaba la derecha ansiosa de gobernar sin urnas. Ha considerado, conforme a la doctrina establecida del tribunal, que los partidos políticos no están legitimados para interponer demandas contencioso-administrativas excepto que el asunto le afecte directamente como organización. Anunciado el fallo sobre el recurso presentado por PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, sabemos que tales partidos no tenían legitimación activa para presentar esta demanda y que no hay, por tanto, nada más que analizar. Dos magistrados han votado en contra y han anunciado votos particulares, pero la historia no ha sido tan sencilla. Entre otras cosas, porque ha fallado la añagaza que algunos jueces conservadores habían intentado. La composición de la sección a la que corresponden este tipo de asuntos no era ultra, eso a la vista está, aunque tiene algún componente de ese sesgo. Ante la certeza de que los jueces naturales no entrarían ni al fondo del análisis, por no poder los partidos presentar estas cuestiones, intentaron avocar a pleno el asunto. Entre todos los magistrados de la sala había más posibilidades de que las isobaras se prestaran a darle un golpe al Gobierno de consecuencias imprevisibles, aunque fuera a fuer de torcer el timón. No ha conseguido reunir la firma de un tercio de los magistrados de la sala III para forzar el pleno ni el nuevo presidente, César Tolosa, que tiene poder para llevar a pleno los asuntos que desee, ha estado por la labor. Eso a pesar de que nueve magistrados le dirigieron una carta para pedírselo, alegando como sibilino motivo “la deferencia institucional con la Fiscalía”. O sea, te quiero jorobar pero lo hago por educación. Como se pudo comprobar, la prensa afecta de Madrid le prestó cobertura a la maniobra, dando casi por hecho que el nombramiento de la fiscal general sería anulado. No ha sido así. Los huracanes de las presiones y los movimientos tras las bambalinas no han sido suficientes. Tal vez sea cierto lo que el presidente de la sala tercera, César Tolosa dijo en una entrevista al poco de tomar posesión: “Los jueces no están para gobernar”. Es curioso que una frase tan banal se convierta en toda una declaración de intenciones en estos tiempos.
Este asunto, que tiene su miga en sí, también la tiene para la cuestión de los recursos sobre los indultos que tiene que analizar la sala III. En primer lugar porque estos antecedentes alejan la posibilidad de una maniobra similar que intentara ampliar a todo el pleno ―33 magistrados― la decisión. Todo parece apuntar a que será la sección quinta, a la que corresponde, la que lo analice. Por otra parte, se ha vuelto a reforzar la continuada y constante doctrina de la sala que dice: “El que se trate de un partido político no añade un plus en orden a la determinación de su legitimación activa, ni permite extender el ámbito del preceptivo interés legítimo de manera difusa a los objetivos o fines de interés de política general del partido”. Así que las pretensiones de PP, Vox y Ciudadanos sobre los indultos deberían seguir exactamente el mismo camino y ser desestimadas por falta de legitimación activa y la decisión sobre Dolores Delgado es un jalón más en ese camino. La sentencia que conozcamos en días próximos creo que reforzará argumentos que impidan anular los indultos de los políticos catalanes.
No es la única tormenta que se ha quedado en un vaso de agua. También lo ha hecho la clara operación para laminar al diputado canario de Podemos, Alberto Rodríguez, mediante una condena en la que dos magistrados han dicho clarísimamente que se debería haber absuelto por “in dubio pro reo”. El Congreso, con el apoyo de sus letrados, no ha dado lugar a que la Junta Electoral ―que todos sabemos cómo funciona― entrara en acción aunque el TS lo estimuló. Un fracaso en toda regla del lawfare, porque, no lo dudemos, la finalidad de este juicio tardío y de chichinabo en la sala II estaba ligada a ese objetivo de quitar el acta al diputado. No tuvo la misma suerte Homs.
Tienen en su mano muchos elementos y pueden desatarlos, pero no siempre consiguen la tormenta perfecta. Sólo por eso merece la pena seguir luchando contra las olas y los vendavales. Sólo por sobrevivir, aunque al final no sepamos ni cómo.