Ayer supimos que Otegi fue juzgado por una magistrada que no debería haber estado en el tribunal por no ser imparcial. El Tribunal de Derechos Humanos reconoció que la justicia española no reaccionó ante una circunstancia que le privaba de sus derechos reconocidos por la Carta europea, en concreto, el derecho a un tribunal independiente e imparcial. Otegi se ha comido ya los seis años y pico de cárcel. Quizá pueda ahora acudir al Tribunal Supremo con este fallo a intentar finiquitar también su condena de inhabilitación. Y esto, ¿cómo ha pasado? Lo cierto es que el sistema español debería de haber neutralizado esta vulneración de derechos. Los mecanismos existen. Hubo una primera anulación de un juicio por la frase parcial y prejuiciosa pronunciada en el plenario por la magistrada Ángela Murillo. ¿Por qué no se abstuvo ella cuando volvió a cruzarse con Otegi? ¿Por qué la sala que tuvo que ver su recusación en el caso Bateragune no vio que con ese antecedente estaba ya contaminada? ¿Por qué sólo dos magistrados del Supremo en el recurso se dieron cuenta de algo tan obvio, que la mayoría pasó por alto? No será por la deficiencia técnica manifiesta de todos ellos, no. A lo que se asistió en ese caso es a un claro ejemplo del derecho penal del enemigo y a la protección prestada por las instancias judiciales a sus propios miembros, cuando así se estima más apropiado para la razón de Estado. Total, si es caso, ya llegará después Estrasburgo pero, de camino, la cárcel y el escarmiento se lo llevan. ¿O van a ser tan ingenuos de pensar que los magistrados que formularon la doctrina Parot no alcanzaban a ver que iba a ser muy difícil que se pasara el filtro del TEDH? Yo, personalmente, no. Pragmatismo y razón de Estado. La armazón jurídica consiguió mantenerles en prisión unos cuantos años más. Bien valía probar, ¿no?

Así que así iban las cosas en los tiempos del “todo es ETA”. Ya saben que la inicial teoría de los círculos de impunidad que daban sustento a la organización terrorista fue desarrollada por la Audiencia Nacional, singularmente iniciada por el juez Garzón, y consistió en ir extendiendo la responsabilidad criminal al entorno más próximo, al de la financiación, al de los medios de comunicación, al de... Al final se hizo extensivo también al caso Bateragune en una instrucción de la que llegó a decir un catedrático de la UPV: "...en un auto que descontextualiza para encajar cada actuación en la clave de bóveda de todo es ETA y con vaporosa literatura de fantasía para generar un relato imposible”. Y ahí lo dejo, que no hay lector tonto. Tampoco les sorprenderá entonces que uno de los fiscales más expertos en la construcción de ese relato cada vez más amplificado de las actividades, hasta llegar a lo político, sea una de las cabezas pensantes de la acusación contra los políticos catalanes.

¿Por qué se inadmiten el 98% de los casos presentados por los ciudadanos y se están admitiendo el cien por cien de los presentados por el procés?

Ahora, todo es procés. En Madrid siempre se habla del juicio del procés y nunca del juicio del 1-O. Y el juicio por el procés entronca ―salvando evidentemente la sangre vilmente derramada― con la misma razón última con la que chocaba la actividad criminal de ETA, que no es otra que la sacrosanta unidad de la patria. No nos debe extrañar pues que todo el sistema de recursos y de protección de derechos procesales se estrelle con una barrera infranqueable. Total, para Estrasburgo falta mucho. Puede faltar una eternidad, sobre todo a la vista del movimiento del Tribunal Constitucional de admitir a trámite de una forma inusual los recursos presentados por los ciudadanos catalanes. En contra de lo habitual, están admitiendo a trámite todos los recursos de amparo presentados por el procés. Díganme si lo hacen porque están deseando darles la razón o porque así pueden calcular los tiempos y dilatar la llegada a Estrasburgo de cualquier tipo de recurso. ¿Por qué se inadmiten el 98% de los casos presentados por los ciudadanos y se están admitiendo el cien por cien de los presentados por el procés? Yo no me alegraría mucho por eso.

Así que, a lo mejor, Estrasburgo queda a muchos años de condena. Todo depende de cuál sea la estrategia. No sólo la de las acusaciones ―que tanto revuelo ha causado estos días― sino también la de las defensas. En el foro están dando mucho que hablar las divergencias entre las diferentes representaciones letradas y, sobre todo, las declaraciones publicadas por un medio español y muy español en las que se afirma que “el caso se ganará en España”, en boca de Olga Tubau o que “hay que agotar las vías en España antes de internacionalizar la causa”, en la de Van den Eynde o Melero. A fin de cuentas, esto supone jugar con unas reglas del juego que son las que el sistema cuenta que se acepten. Yo espero con ansia los escritos de defensa.

Así pueden calcular los tiempos y dilatar la llegada a Estrasburgo de cualquier tipo de recurso

Como ya les adelantaba la semana pasada, la Abogacía del Estado va a jugar un papel activo en el juicio. Ese rol en sala creo que nos va a presentar una novedad interesante dado que habrá una representación del Estado jugando las bazas de la inexistencia de violencia. Algo que preocupa también porque, de Estrasburgo, les daría una baza a los recurrentes. Yo, por lo que sé, tampoco descartaría que las acusaciones, excepto Vox, aún rebajen sus peticiones en el trámite de conclusiones en la vista oral pero, aún así, la absolución parece impensable, no hay segunda instancia, y Estrasburgo puede estar a años no de luz sino de tinieblas. Obviamente, la opción de la petición de indulto inhabilitaría completamente esa vía.

Así las cosas, y como ya saben que yo batallo firmemente para que las fallas evidentes del estado de derecho español se vean retratadas, afeadas y, obviamente, purgadas, me pregunto si al final todo se va a quedar en agua de borrajas y si la verdad sobre el forzamiento de los principios, incluso del derecho penal, en ese caso nos llegará cuando ya no pueda solucionar nada: ni a los procesados ni a todos los que ansiamos que el lodo deje de resbalar por la justicia de un estado que reclamamos democrático.