El escandaloso asunto de las sentencias sobre el sujeto tributario del impuesto de las hipotecas ha constituido el último golpe de cadera con el que definitivamente cae al suelo el último velo. Más allá de la indignación ciudadana que el paro y posible marcha atrás ha producido, también tiene el efecto benéfico de dejarnos ver finalmente cuál es el problema que impregna al alto tribunal y que ha hecho que este se convierta en un poder omnímodo en manos muy privadas, un coto reservado, una reserva de amigos y un paraíso para los favores debidos. Ni siquiera el clásico argumento del control partidista de los nombramientos explica realmente la degradación institucional a la que se ha llegado a base de dar cabida a los amiguetes a costa, en muchos casos, de la calidad y de la idoneidad jurídica y profesional para el puesto.
La sala tercera está a punto de reventar por sus costuras, tras haber hecho reventar a la bolsa y cuando ya se anuncian protestas en la calle, y nadie sensato dentro de la carrera judicial niega que ha sido debido a la ineficiencia y falta de altura del magistrado Díaz-Picazo para desempeñarse como presidente de la sala. El presidente que llegó de forma escandalosa al puesto impulsado básicamente por la voluntad indiscutible de Carlos Lesmes, presidente todopoderoso y déspota del CGPJ y el TS. Llevó a su amigo catedrático bisoño al Tribunal Supremo y a presidir una de sus salas, contra todo parecer y con denuncias incluidas, y ahora se cae la careta y se demuestra que el enchufado no sabía cómo desempeñarse: primero por no haber detectado el problema antes y segundo por el escándalo de intentar arreglar el desaguisado para la banca de forma chapucera y tardía.
Ahora ha quedado claro y todo el mundo asume que el Tribunal Supremo ha sido colonizado por el nepotismo y que la falta de calidad y de idoneidad campa por sus salas
En esta ocasión no hay duda. La carrera judicial bulle tras la posición de ridícula genuflexión en la que ha situado al tribunal. Muchos de sus magistrados exigen que dimita. Otros lo hacen públicamente. Ahora ha quedado claro y todo el mundo asume que el Tribunal Supremo ha sido colonizado por el nepotismo y que la falta de calidad y de idoneidad campa por sus salas. No es mala cosa porque esta podredumbre no sólo afecta a la sala de lo contencioso-administrativo sino que, obviamente, hace tiempo que se ha enseñoreado también de la sala penal. Sólo que, hasta ahora, cada vez que unos pocos temerarios hemos denunciado cómo el amiguismo se había apoderado de la sala segunda, cómo se estaban cometiendo irregularidades y tropelías procesales, y cómo se triangulaban favores, gran parte de la opinión pública patria se nos echaba encima, sobre todo si la denuncia afectaba a magistrados muy importantes en la represión judicial del intento de secesión catalán. La Sala de lo Penal se ha ido llenando también de jueces no especialmente brillantes pero muy bien relacionados con Lesmes y con el todopoderoso presidente Marchena. Así llegó a la sala el propio Llarena que, no lo neguemos, siempre fue un magistrado mediano cuyo mayor mérito estriba en su activismo en las filas de la conservadora APM. Así han llegado otros como la magistrada Lamela, que en su fugaz paso por la Audiencia Nacional ha demostrado no saber ni diferenciar lo que es terrorismo de lo que no. Sólo hay que preguntárselo a los de Altsasu. O a lo mejor sí lo diferencia pero prefirió no hacerlo. El caso es que allí está, en un puesto que podrían haber ocupado magistrados con muchísimos más méritos. ¿Alguien recuerda haber citado jurisprudencia producida por Lamela en las últimas décadas? ¿y por Llarena? A veces, los presidentes inteligentes y competentes pero maquiavélicos prefieren tener magistrados de moldeado fácil.
Lo sucedido ahora nos permite apreciar sin lugar a dudas en qué han convertido los años de supremacía del zar Lesmes al que debería ser el órgano de mayor prestigio y calidad técnica de la jurisdicción
Así que cada vez que se ha dicho que Llarena instruyó directamente por rebelión, sin que exista un auto de incoación de sumario, y que eso es incorrecto o que no debió retirar las euroórdenes o que envió traducciones mutiladas o que no tramitó su propia recusación cuando la ley le obligaba o la negativa a que fueran parte del proceso los abogados de los expatriados para mantenerles ajenos y luego exigirles que se personaran para poder procesar... o todas las irregularidades que una y otra vez se han denunciado, siempre ha habido una voluntad de cubrir todas las deficiencias por parte de una Sala que marchaba en bloque hacia un objetivo. Incluso una voluntad popular de los sectores nacionalistas españoles de no verlo. Lo sucedido ahora nos permite apreciar sin lugar a dudas en qué han convertido los años de supremacía del zar Lesmes al que debería ser el órgano de mayor prestigio y calidad técnica de la jurisdicción.
Nos pone en contexto el Marchenagate, es decir, el favor que recibió la hija de Marchena para poder pasar de forma inaudita de la carrera judicial a la fiscal, con una plaza creada expresamente para ella. Nos explica por qué en esta operación fue relevante la intervención de Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y mujer de Llarena. Todo eso que quieren tapar a toda costa y que está casi enterrado si no es por los esfuerzos que mantiene Podemos para exigir la documentación de todo ese oscuro episodio a través de la Mesa del Congreso. El zar Lesmes no se ha dignado a dar ni un papel a las asociaciones de jueces y fiscales que indignadas los han pedido.
Las negociaciones para renovar el CGPJ encallaron hace tres semanas. Lesmes se ha ofrecido para seguir reinando de forma omnímoda. La implosión de la sala tercera no sólo habla del poder de los poderes fácticos sino del poder que las togas tienen en sí mismas y de la falta de contrapesos externos para el mismo.