Existe una divergencia de fondo entre algunas posturas del independentismo y la mía propia en torno al hálito de vida que le resta al estado de derecho español y a la posibilidad de confiar en el sistema. Yo, como ya les he confesado, tras mi larga mirada a los entresijos de la cosa, durante tantos años, soy consciente del magreo y la pérdida de resortes de control y hasta de la desvergüenza de muchos con todo compromiso que no sea su propia ambición, pero en el fondo tengo la sensación de que aún podemos recuperar pie y de que queda gente decente y con la valentía o la posición necesaria para hacer su labor.

Recuerdo esto porque esta misma semana vamos a asistir a la que, según mi modesto criterio, es una de las pruebas del algodón acerca del sistema de garantías español. Esta semana vamos a comprobar si, a pesar de las presiones, hay magistrados del Tribunal Constitucional, guardianes e intérpretes de la misma, que son capaces de poner su maestría técnica y sus convicciones y principios al servicio de esa limpieza debida del sistema, de esa confianza en su independencia que aún tengo, a pesar de que se les esté señalando ya en la diana de los traidores, en una presión abierta e inaceptable.

El pleno del Tribunal Constitucional, sus doce miembros pues, estudia esta semana dos recursos de amparo presentados por la defensa de Oriol Junqueras por sendas decisiones del Tribunal Supremo en las que considera vulnerados sus derechos protegidos constitucionalmente. En principio pudiera parecer un simple colofón necesario antes de acudir a Estrasburgo, pero cabe la posibilidad de que veamos como las posturas que aprecian que tales derechos se vulneraron, como yo misma y otros tantos lo vieron en el momento de producirse aunque callaran, salen a la luz. Los dos recursos en cuestión versan sobre la negativa de Llarena a dejar acudir a Junqueras al Parlament en enero de 2018 y sobre su prisión preventiva.

Mientras desde la prensa madrileña se intenta presionar a los magistrados afirmando, con todo descaro, que “el voto unánime de los magistrados es el mejor mensaje de firmeza ante el desafío secesionista”, estamos los que pensamos que los magistrados no están para mandar mensajes, sino para preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos

La cuestión relevante es que las voces que consideran que se han vulnerado derechos están ahí. Hay magistrados dispuestos a conceder el amparo, los considerados progresistas, y sus compañeros ya lo han hecho saber a la caverna mediática para que ésta pueda señalarlos como posibles “traidores” y apretarles las clavijas por ver si se vencen y cambian de opinión. Esto ya sucedió con uno de estos recursos antes de que se iniciara el juicio del procés. La ponencia de González Rivas, el presidente del TC, que planteaba no amparar a Junqueras por su prisión preventiva tuvo que ser retirada y guardada en el cajón ante la seguridad de que la decisión no se iba a tomar por unanimidad y que al menos los magistrados Valdés, Balaguer y Xiol consideran que, en aplicación de la doctrina del TEDH sobre Dimitras, Junqueras debe ser amparado. Cuando esto sucedía, el todopoderoso Marchena que iba a comenzar el juicio se revolvía en su sillón, y les hacía llegar la inconveniencia de admitir que tres grandes magistrados pensaban así y debilitar la férrea y cerrada posición del Tribunal Supremo. También hicieron frenar a Conde-Pumpido con su ponencia sobre el asedio al Parlament que dejaba muy mal la actuación de Marchena.

Ahora estamos en otra posición. La sentencia del procés ha recibido críticas tanto desde la propia Fiscalía, en sus propios escritos sobre la petición de nulidad, como desde la derecha más acérrima y los propios independentistas y hasta las posturas más a la izquierda del espectro. Total, que aquello que pensaban en el Supremo de que la sentencia iba a ser un bálsamo social se demostró una nueva dimensión de su ignorancia social. Así las cosas, el magistrado Xiol Rius, uno de los más prestigiosos de la carrera judicial, con una cabeza jurídica de un nivel difícil de encontrar en los que medran ahora, eso sí muy progresista y catalán, presentará un borrador de ponencia en el que plantea amparar a Junqueras frente a aquella decisión de Llarena.

Esta semana, en la discusión de esos dos recursos, yo veo una magnífica prueba del algodón sobre si yo llevo razón en que aún nos queda alguna esperanza o si la llevan aquellos que consideran que el sistema ha gripado y ya sólo Europa es un horizonte. Ni siquiera pido que ganen la votación los que son proclives al amparo, fíjense. Me basta con que no se plieguen a la unanimidad que les exigen desde los medios de la caverna. Es bastante con que mantengan sus posiciones en la votación y emitan los votos particulares precisos, porque eso sería democracia y justicia, y lo contrario, lo que proponen desde editoriales madrileños para domeñarles, sería asumir que el sistema se ha cerrado en bloque para defender una actuación de los tribunales no por jurídica sino por política y conveniente.

Hay que ser consciente del coste personal que tiene para los juristas y máxime para los miembros de las carreras jurídicas, mantener posturas disidentes con la voz mayoritaria. Esta misma semana la conservadora Unión de Fiscales exigió en el Consejo Fiscal que se abriera un expediente al fiscal César Estirado por haber escrito en Twitter que la prisión de los líderes independentistas era injusta y que eran acusados de un alzamiento violento manifiestamente inexistente. Y es que hay juristas y jueces y fiscales que se dan perfecta cuenta de lo que ha pasado pero que han preferido volverse silentes por lo que pudiera suceder y ya han visto qué sucede, aunque esto acabe archivado, la persecución existe.

Por eso espero que el algodón salga limpio o, si acaso, no negro del todo. Mientras desde la prensa madrileña se intenta presionar a los magistrados afirmando, con todo descaro, que “el voto unánime de los magistrados es el mejor mensaje de firmeza ante el desafío secesionista”, estamos los que pensamos que los magistrados no están para mandar mensajes, sino para preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

Veamos pues si el algodón sale color esperanza porque desde ahí será más fácil construir.