“Permitir que la judicatura burle las leyes parlamentarias o las decisiones políticas que no le gustan, equivale a dar un poder discrecional inmenso a personas sin ninguna responsabilidad política por sus actuaciones”

J. Sumption, Juicios de Estado

Todos tenemos la sensación de que no hay nada que estimule más a algunos dirigentes del PP que cursar másters y cursos no reglados o, por ser más precisos, fuera de las reglas. Les gusta eso y también contar con quien les haga de parapeto si llega a trascender. A Casado le hizo el papel Marchena cuando su máster evanescente de la Rey Juan Carlos, pero antes de eso nos había deslumbrado ya con su capacidad para aprobar de golpe media carrera de Derecho, justo cuando llegó a diputado, y con su flamante posgrado por Harvard que hizo en cuatro días en un barrio de Madrid. Salta a la vista que al líder del Partido Popular le gusta estudiar derecho, pero... a su manera.

Ahora parece haber encontrado otra fórmula nueva y gratuita. Sólo tendrá que leer, o que le lean, las resoluciones que se van produciendo para cegarle el paso a sus iniciativas espurias en los tribunales. La querella de Casado, bonito título para un nuevo curso de doctorado.

El rechazo de la inviable querella contra Torra, ni más ni menos que por un delito de fraude por usurpación de funciones, debe congratularnos por lo que indica de que aún hay jueces capaces de resistir la tentación de hacerle el juego al PP, dándole carrete a sus delirios penales para mantener viva y en tensión una fuente de propaganda política. Tal vez sea debido a que, en los últimos casos, las derivas en la recreación mágica de los tipos penales sean tan disparatadas que no hay quien se avenga a darles curso. O también porque los vientos soplan ya de otro lado.

En este caso, si bien la ponente siempre ha sido una magistrada de las muy bien vistas por los populares, supongo que no habrá habido ni un atisbo de duda, tan quimérico era el delito. Eso sí, que los jueces te tengan cierta consideración sí es útil para que el tirón de orejas sea al menos suave y para que el tono, a pesar de lo peregrino de tu propuesta, no sea tonitronante.

El tribunal del TSJC es taxativo al afirmar que lo que cuenta el PP no es constitutivo de delito ni por asomo. Vamos, que el relato de hechos no encaja ni de coña con el delito que pretenden. Hasta un profano bien informado lo ha visto desde el principio y ellos también. Todo era por hacer ruido y por si cuela. Tampoco le convence a la sala de admisión la interpretación que hace este partido político del artículo 152.1 de la Constitución, interpretación de la que no encuentran precedentes. Pasa como con “las dos únicas sentencias que citan”, ¡vaya demanda pobre! Además estas míseras citas “no se refieren a casos análogos”, lo que traducido significa: nos han metido unas citas de unas sentencias que no tienen nada que ver. Jurídicamente impecable y que viva la ironía. Va más allá el tribunal y le dice al Partido Popular con toda claridad que la justicia penal no puede servir para conseguir quitarse de en medio a Torra por la vía rápida como ellos desean: “La jurisdicción penal tampoco puede suplir los trámites exigidos por las normas para la destitución”.

Si interponer querellas perversas y estúpidas no sólo no tiene consecuencias judiciales adversas sino que tiene benéficos efectos propagandísticos, ¿por qué no hacerlo?, ¿por qué no petar los tribunales?

Se lo tiran fino pero se lo tiran. Es curioso que en este país los partidos políticos puedan seguir ejerciendo la acusación popular para intentar imponer en los tribunales su visión política de las cuestiones, pero, más allá de ello, sucede con demasiada frecuencia que se admiten a trámite querellas absurdas que “ningún adulto alfabetizado y sobrio consideraría delito”, como me explicaba el otro día en tono coloquial un jurista. Así hay jueces que se dejan instrumentalizar y convierten los juzgados en un Servicio de Pena de Banquillo y de Titulares contra Rivales Políticos. Y todo ello gratis o, más bien, a cuenta de todos los contribuyentes. Algo que merecería una reflexión legislativa.

Luego está el tema de los réditos políticos y de lo que he llamado antes el segundo máster en propaganda de Casado. Se ha inadmitido una querella que fue anunciada en rueda de prensa y repicada por todos los medios. ¿Va a titular alguien hoy “La justicia manda a la porra la querella estúpida de Casado”? Si interponer querellas perversas y estúpidas no sólo no tiene consecuencias judiciales adversas sino que tiene benéficos efectos propagandísticos, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no petar los tribunales?

Eso y no otra cosa es lo que está sucediendo.

Y no sólo en el tema catalán, que en eso hay profusión de ejemplos, sino también con la intención de derribar al gobierno o a alguno de sus miembros.

Veamos el tema del encuentro del ministro de Fomento con la vicepresidenta de Venezuela en la zona de tránsito de Barajas. Hasta el momento, he contado seis intentonas en juzgados de instrucción de Madrid, en la sala segunda del Tribunal Supremo, en la Fiscalía y en la Fiscalía General del Estado. Todo eso anunciado también con bombo y platillo en declaraciones en las que el propio Casado reconoce que se trata de una cuestión política: “Creo que lo que está pasando con Venezuela es un cambio de posición tremendamente injusto con la heroica oposición venezolana (...) y que es vergonzoso para España”. El líder de la oposición nos muestra cómo advierte un cambio político que no es favorable a una postura de oposición política y que resulta inaceptable para la visión de la oposición de la política exterior española y justo por eso, ¡tachán!, lo que hace es azuzar la respuesta penal. Debe de ser que entre tanto doble y triple máster, el de Ciencias Políticas fue el que más atrás se quedó y por ello se producen tales esquizofrenias entre sus actos y sus palabras.

La verdad es que no creo que el ministro Ábalos deba estar muy preocupado. En primer lugar, porque montar un lío de causas pasando por los juzgados de Plaza de Castilla es una seguridad de que eso avanza con total lentitud y en segundo lugar, y no menos importante, porque no creo que Manuel Marchena, al que le ha correspondido admitir o inadmitir la querella que ha llegado al Supremo, tenga mucha prisa por darle la razón al PP contra un ministro o a un ministro contra el PP cuando está pendiente por ahí un cargo de presidente del CGPJ para el que es preciso el respaldo de ambos grupos.

Casado se va a hinchar de aprender derecho, pero muchos lo van a pagar con esa injusta refriega de titulares. Para él, como para Vox y Ciudadanos, en esta guerra la justicia ya es la continuación de la política por otros medios.