“Porque no tenemos que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual de las altas esferas”.
Epístola de San Pablo a los Efesios
En una democracia no se espía a los cargos electos ni a los adversarios políticos ni a los abogados defensores ni a periodistas y adjuntos si no es dentro de las normas procesales y con autorización judicial. En una democracia no se espía a los ciudadanos si no es porque haya indicios de comisión de un delito y, aún así, y con la ponderación judicial para esa grave vulneración de derechos, todo aquello que se obtiene es espurgado para que solamente lo estrictamente vinculado a la causa sea incorporado a esta. Todo bajo vigilancia judicial.
La gravedad de la constatación de que mediante un programa como Pegasus ―que sólo poseen estados y sólo aquellos que el gobierno israelí a través de su Ministerio de Defensa permitió― se ha violado toda la intimidad, toda, de casi un centenar de personas a los que hay que sumar, no lo olviden, a todos aquellos que contactaron con ellos de la forma que fuera es de magnitudes inenarrables. No es la primera vez que pasa. Así que, ante la gravedad de los hechos, prefiero aplicar la razón e intentar desbrozar la hojarasca que envuelve un auténtico escándalo democrático. De los de verdad, no de los impostados.
Muchos de los afectados han anunciado ya las medidas judiciales que van a tomar, pero veo mucho problema en dilucidar contra quién se dirigen las anunciadas querellas. Del hecho de que la compañía casi en quiebra NSO sólo vendiera el programa espía a estados no puede deducirse directamente que el Gobierno de Sánchez sea responsable del espionaje o que tal violación de derechos se pueda vincular directamente con él. Vamos a hacer un repaso sereno por las opciones posibles: 1) son servicios de estados extranjeros; 2) servicios del estado español; 3) cloacas descontroladas; 4) oficial y con conocimiento del Gobierno con control legal del magistrado del CNI; 5) oficial y sin control judicial. Demasiadas posibilidades para dar nada por sentado, creo yo.
La vulneración de derechos ha podido ser cometida con medios del estado español o de otros estados que dispongan del programa. En el caso de la utilización de Pegasus en Francia, que afectó al gobierno francés y al propio teléfono de Macron, las sospechas recayeron sobre Marruecos e Israel. Suponiendo que haya sido otro servicio, podría haber sido por su propia iniciativa o por subcontrata española de a saber quién. Lo que sucede es que todo esto es muy difícil de investigar. Como me dice una fuente, incluso si ahora mismo el CNI estuviera investigando si hemos tenido una “infiltración extranjera”, el Gobierno no lo podría reconocer. ¿Lo está investigando?
Una democracia como la española no puede aceptar una violación de esta magnitud y la responsabilidad última del estado español en relación con la efectiva garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos también comprende las actuaciones de otros servicios de inteligencia que actúen en nuestro territorio
La otra opción son los servicios españoles de cualquier tipo. Los que tienen cobertura interior ―Policía y Guardia Civil― no disponen de Pegasus. Marlaska ha tenido esta vez los reflejos de salir el primero a decírnoslo. Ellos usan Sitel. A mí me parece que Interior esta vez sí ha estado listo para dejar claro que el marrón, que es un gran marrón, en principio no va con ellos. Así que nos queda el servicio secreto, el CNI, que es del que tenemos la casi certeza que posee Pegasus, aunque fuentes del Gobierno también insistan en que no lo pueden confirmar ni negar ni comentar, porque ni siquiera dentro de la OTAN quedarían muy bien si lo hicieran.
¿Ha sido el CNI? A esta pregunta ha contestado indirectamente el Gobierno a través de su portavoz diciendo que ellos “no tienen nada que ver” ni tampoco “nada que ocultar” y Margarita Robles y la Moncloa han añadido que “cualquier limitación de derechos fundamentales requiere de decisión judicial motivada”. Así que si creemos sus veladas palabras, la única opción estatal es que haya sido el CNI con autorización del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, encargado exclusivo de tal misión en virtud de la Ley 2/2002 reguladora del control judicial previo del CNI o que hayan sido servicios ajenos. Y el problema aquí sería que si este juez hubiera autorizado tan desproporcionada e injustificada intromisión en los derechos fundamentales de tantas personas, no están previstas fórmulas de control porque la legislación no atribuye a ningún órgano la competencia para la revisión jurisdiccional de ese “control judicial previo” y además ese control no se puede incardinar en ningún sistema procesal (civil, penal, contencioso) cuyo sistema de recursos pudiera ser aplicable supletoriamente.
¿Quién ha violado los derechos fundamentales de estas personas? Esa es la gran pregunta y yo al menos no tengo una respuesta taxativa. Por eso me choca un poco que en algunos ámbitos se haya decidido ya que el Gobierno es responsable. De ahí viene el gran marrón de Sánchez porque siendo que dependen muchos de sus apoyos parlamentarios de esta cuestión y aún siendo que su gobierno no tuviera nada que ver ―como yo personalmente creo― está atado de pies y manos y lengua para defenderse políticamente tanto por la imposibilidad de revelar ciertos secretos como por las consecuencias de hacerlo. Por poner un ejemplo, el Gobierno no puede reconocer directamente y de forma oficial si el servicio español adquirió Pegasus, por mucho que todos creamos saber que sí. Ahora bien, si no tiene nada que ver, el Gobierno, por decencia democrática, está llamado a ser activo en la búsqueda de los responsables de este atropello, sea de forma visible o de forma más discreta. Una democracia como la española no puede aceptar una violación de esta magnitud y, en mi opinión, la responsabilidad última del estado español en relación con la efectiva garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos también comprende las actuaciones de otros servicios de inteligencia que actúen en nuestro territorio.
Esta cuestión tampoco es baladí a la hora de que las víctimas de tal atropello se defiendan. De momento, van cada una por su lado y con planteamientos muy distintos. Saber contra quién te querellas o cómo llegas a los tribunales es decisivo, porque algunas de las fórmulas morirán de muerte natural en los juzgados. Véase el ejemplo de las comisiones rogatorias enviadas a Israel por un juez de Barcelona a raíz de la querella contra NSO por parte de Torrent. La estrategia procesal es muy importante en este caso y debe ser posibilista, es decir, debe plantearse de forma que la estructura jurisdiccional permita llegar lo más lejos posible en la averiguación de la verdad. Comprender dónde están los muros infranqueables y no intentar darse cabezazos contra ellos es un buen inicio.
Respecto al ruido político, sólo les hago una reflexión, siendo como es que este asunto puede perturbar al gobierno “sanchista”, los medios más ultra, los que más se codean con el CNI a veces, no habían publicado a la hora de cerrar este comentario ni una línea sobre este asunto. Vaya.