“Si pedir la dimisión del Gobierno os parece un golpe de estado, veréis cuando os sentemos delante de un tribunal”
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Van a intentar volver a hacerlo. No sé si esta vez tendrán resultados, pero lo cierto es que desde la ultraderecha y la derecha van a volver a intentar ganar la batalla a través de los tribunales, imponiendo la utilización del derecho penal como sustituto de la política, como ya hicieron con el conflicto catalán.
Esta vez va a ser la pandemia mundial que sufrimos en nuestro territorio, como en tantos otros, la que va a ser aprovechada para intentar recobrar el poder mediante instrumentos diferentes a la dinámica parlamentaria y las elecciones. Van a intentar ganar la partida como si la política fuera un mero error de diseño del sistema y fuera el sistema judicial, y sobre todo el penal, el que es llamado a decidir sobre todo. Como decía ayer un magistrado sensato de lo social, que todavía los hay, llamado Antonio Seoane: “Las medidas cautelares no tienen como finalidad el salvamento de la humanidad o el universo, ya nos gustaría, sino el mucho más modesto de asegurar anticipadamente lo resuelto”. Pero sabemos que en el sistema judicial español hay muchos jueces que sí consideran que están llamados a salvar, si no a la humanidad, sí España y su unidad de destino en lo universal y, por eso, que se consideran facultados para salvarla de los peligros del independentismo o del comunismo bolivariano o de la amenaza que tercie en cada momento.
Para algo debía servir ir colocando los peones en sus peanas. Sucede que ningún magistrado, por muy superhéroe que se sienta, puede acceder a la resolución de un asunto si no se lo ponen delante y es por eso por lo que en los últimos días arrecian los que, en términos futbolísticos, están dispuestos a dejarles la pelota botando en diferentes instancias por ver si se arremangan y les meten el gol que buscan. Lo están probando en diferentes jurisdicciones y en distintas fases, pero, al final, el remate de cabeza vendrá siendo cuestión del Tribunal Supremo y, cómo no, en cuestiones penales, de la Sala Segunda y de su inefable presidente Manuel Marchena.
De hecho, ya le han dejado sobre la mesa la posibilidad de hincarle el diente al asunto con una querella presentada por un abogado —cuando menos extravagante— que acusa al presidente del Gobierno de prevaricación y de lesiones por imprudencia, los mismos delitos que planteó ante una juez de Plaza de Castilla que le ha admitido a trámite la denuncia para el delegado del Gobierno en Madrid y que le instó a ir a cada uno de los territorios para hacer lo propio con los competentes. Manos Limpias se ha dejado caer con otra querella contra el delegado del Gobierno y Vox ha dejado clara su intención de presentarse como acusación popular contra el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, como poco.
Una cosa es que la judicatura esté llamada al control de las competencias legales de los gobiernos y otra es que se superponga a los controles parlamentarios de la acción de gobierno si ésta no le gusta, porque esto equivale a darle un enorme poder a unas personas a las que no se les pueden pedir responsabilidades políticas
Quiero pensar que el Tribunal Supremo no va a entrar en esta locura y que rechazará a límine todas estas tentativas de instrumentalizar la justicia para conseguir objetivos políticos bien espurios, pero no puedo estar segura. Ya se admitió y tramitó y llevó a juicio una querella tan improbable como la de Maza y ya hemos visto una admisión en Plaza de Castilla, en lo penal. También tenemos el ejemplo de la cantidad de autos dictados tras la intención de judicializar también la escasez de equipos de protección para los diversos colectivos. Algunos colectivos profesionales han pensado que por esa vía podían obtener lo que no se les da porque no se puede obtener. Así hemos visto dar ultimátums de 24 horas a las administraciones para dotar de mascarillas o equipos en demandas interpuestas por sindicatos médicos, policiales o de secretarios judiciales, hasta 16 autos he contado. Han usado la jurisdicción social y la contencioso-administrativa. El Tribunal Supremo les ha parado los pies en dos casos, pero muchos jueces de a pie se habían unido a la fiesta de obviar que lo que plantean como una cuestión de riesgos laborales no tiene aplicación en este caso de una emergencia sanitaria bajo el estado de alarma y que, como también ha dicho el juez Antonio Seoane de un juzgado Social de Madrid: “Las medidas cautelares no tienen como finalidad el salvamento de la humanidad o del universo, ya nos gustaría, sino otro mucho más modesto”. Y aún más y con gran vista: “Sorprende que no sean los sindicatos mayoritarios los que planteen tales medidas sino sindicatos, legítimos, de franja, defensores de los intereses corporativos, algunos de ellos minoritarios, otros con opciones ideológicas igualmente legítimas, en clara oposición al color del Gobierno”.
Y es bueno resaltar que quedan jueces que tienen clara su función y su papel constitucional, porque cada vez avanza más el número de los que creen que los políticos no son capaces de arreglar los grandes temas —eso es lo que pasó con Catalunya— y que ellos se arremangan y le ponen coto. Esta interpretación expansiva del imperio de la ley es una tónica que se va imponiendo en muchos países occidentales y que los políticos de peor calaña no van a dudar en explotar.
Una cosa es que la judicatura esté llamada al control de las competencias legales de los gobiernos y otra es que se superponga a los controles parlamentarios de la acción de gobierno si ésta no le gusta, porque esto equivale a darle un enorme poder a unas personas a las que no se les pueden pedir responsabilidades políticas sobre sus actuaciones, como bien explica Sumption.
El asunto, además, se extiende en el tiempo, puesto que el Tribunal Supremo fue el primero que se quitó de en medio al iniciarse el confinamiento. Lesmes y los suyos consideraron que lo suyo no era de urgencia y se fueron a casa, algo que indignó a muchos jueces de a pie, que vieron como se quedaban con los servicios imprescindibles que prestar y sin directrices claras. Aunque parece que desde casa están muy pendientes de todo lo que sucede, ya que hemos visto como Marchena, de forma preventiva y difícil de comprender para sus atribuciones, ha salido del silencio del confinamiento para amenazar a los miembros de las Juntas de Tratamiento con empurarles si deciden que los políticos presos que se acogieron a un 100.2 no vuelvan a prisión a dormir. No se entiende ese calentón de salir con un comunicado a responder a Capella y, sobre todo, no siendo la ejecución de las penas competencia del tribunal sancionador sino de los jueces de Vigilancia, no alcanzo a comprender en virtud de qué van a “exigir que identifiquen nominalmente a los funcionarios que tomen esos acuerdos”. Respecto al delito de prevaricación que blanden sobre sus cabezas, entiendo que sería competencia de los tribunales catalanes y que deberían contar con que la Fiscalía hiciera algo al respecto.
Lo hacen además con un comunicado de prensa que contesta a una entrevista. Algo procesalmente innovador.
Por eso digo que los que le dejan la pelota botando a Marchena, por si se anima a intentar el tiro a puerta, quizá nos parezcan locos pero saben que están jugando unas cartas que les servirán, como poco, para obtener titulares y criminalizar a los adversarios, ya tienen experiencia, y como mucho… como mucho, no sabemos hasta dónde son capaces de llevar las cosas.