“El juez debe tener en el procedimiento una actitud estática, esperando sin impaciencia y sin curiosidad”

Piero Calamandrei

Lo previsto se ha cumplido y el tribunal de Sassari ha dejado partir a Puigdemont remarcando que hasta que la justicia europea no haya hecho su trabajo, tanto en Luxemburgo como en Estrasburgo, entregarlo para su encarcelamiento preventivo es privarle de los derechos fundamentales que le asisten como justiciable y como europarlamentario. No hacía falta ser un augur ni andar destripando aves para saber que éste sería el resultado, dado que todos los datos jurídicos así lo anunciaban. Y, se preguntarán, ¿si lo veo yo, por qué no lo ve él? Es imposible. Así que Llarena y el Tribunal Supremo lo ven, tenían claro desde el primer arresto que Italia iba a seguir el camino del resto de países. Entonces, ¿a qué juegan? Porque juegan a algo. Subsumir esa actitud en una necesidad procesal es una falsedad a la que muchos medios y periodistas tiralevitas han estado jugando estos días en Madrid. El posicionamiento del Tribunal Supremo es evidentemente político y no querer verlo es posicionarse junto a ellos.

Aunque parte del imaginario catalán quiera ver aquí, en la nueva detención de Puigdemont, la mano del gobierno de Sánchez, ya les digo yo que no apostaría ni un maravedí por tal cosa. Comprenderán que el ministro del Interior no les va a decir que le han metido un gol por la escuadra, pero de todas las declaraciones cruzadas que se han producido, y que les he ido contando, y de los susurros a gritos que siguen llegando del Tribunal Supremo, más bien parece que aquí han sucedido dos cosas: una, que con conocimiento y quizá aliento judicial, las bien avenidas cúpulas policiales de ambos países han considerado que probar suerte en Italia era una gran jugada y otra, que una vez visto el fracaso, desde el Supremo se ha utilizado el asunto para cargar contra la Abogacía del Estado y contra el Gobierno de su propio país, eso sí, dando por lerdos y tontos a sus colegas italianos.

¿Que por qué les digo esto? Porque no sé explicar de otro modo el primer oficio que remitió Llarena al tribunal de Sassari dando cuentas de su “trampa” con las oedes, y que han usado para calzar la mesa, ni el que remitió después para exigir que se detuviera también a Comín y Ponsatí. Este segundo es aún más tremendo, puesto que Llarena lo libró después de saber que el estado italiano, a través de Sirene, había solicitado a España que se colocara un flag de validez a su requerimiento de oede para Italia. Un flag de validez significa que el país se descuelga de esa petición española de detención y la deja en una mera averiguación y notificación de domicilio. Finlandia, Francia, Alemania, Austria y Bélgica también ordenaron en su día colocar flags para esta concreta demanda española. Así que sabiendo que las oedes están bloqueadas por flag en Italia, y lo sabe porque es él mismo el que se lo notificó a las partes el viernes, ¿a qué viene esa demanda de detención? Antes incluso de que la mandara, el estado italiano comunicó a través de Sirene el domicilio de Ponsatí en Cerdeña, o sea, su hotel. Que te envían a un carabinero a identificarte y, ¡oiga, es Italia!, hasta se rumorea que era un pibón. Parece que los de Sassari le van a contestar a Llarena también por escrito. Me encantará conocer esa comunicación epistolar a través de Eurojust. 

A lo que no parece dispuesto el Supremo a hacer, desde la atalaya de su soberbia o desde la barrera de su posicionamiento extrajurídico, es reflexionar sobre los motivos que han llevado a sus colegas de todos esos países a poner la pelota jurídica en un punto muy distinto al suyo

Las defensas, al conocer por los periodistas que Llarena se había descolgado con este rocambolesco oficio, ofrecieron directamente a la fiscal italiana la puesta a disposición de Comín y Ponsatí y fue el ministerio público el que con un “quita, quita” manifestó claramente que tal cosa no iba a pasar. La policía italiana, en todo momento, ofreció protección y escolta tanto a Puigdemont como a sus acompañantes, dado que existía el riesgo de que la comitiva de Vox la liara.

Poco se ha hablado de la comitiva de Vox. Obviamente no les dejaron actuar ante el tribunal cuyo presidente, un togado grande y bien construido, antiguo jugador de rugby según me cuentan, les preguntó con ese retintín final que sólo es posible imaginar con tanta rechufla en italiano: “Pero, ustedes, ¿a quién dicen que representan?, ¿a un partido político?”. Los despachó con viento fresco. Las cosas absurdas en derecho se huelen a la legua en casi todos los lugares menos en los tribunales españoles, que no encuentran nada que objetar a esa aberración del partido político espuriamente devenido acusación. Fuera, eso, sólo refuerza la idea de que hay interés político en la persecución penal.

Con respecto a los embates políticos del Supremo no dejemos de lado el ignominioso trato que se le está procurando a la Abogacía del Estado, no sólo en las filtraciones y los susurros, sino también en los propios documentos que Llarena ha enviado a Italia. Malo es filtrar a tus afines para explicar tu trampa que la culpa es del agente activo de tu país ante el TGUE, que también te representa a ti como instructor en Luxemburgo, pero peor es insinuar en el papel enviado a Italia que la Abogacía del Estado ha actuado espuriamente como agente político. Tampoco es normal la que le está cayendo en concreto a Sonsoles Centeno, la abogada del Estado ante el TGUE, que informó de la suspensión de las oedes. Una profesional que incluso optó a ser juez del TJUE, aunque el Gobierno prefirió a Arastey. ¿Y qué le importa al Supremo el prestigio de esta jurista? El Ministerio de Justicia tal vez esté tomándose con demasiada calma los embates que vienen de la plaza de las Salesas contra la Abogacía. No sé si será por tener una titular que es juez en excedencia y les guarda un respeto propio del gremio. En todo caso, España antes del día 15 tiene que comunicar si se persona en el procedimiento de cautelares para Puigdemont. Las armas afiladas para emprenderla contra el gobierno actual sabemos a quién se le sirven y también vemos quién recoge el guante. Una sincronía que lleva inmediatamente al líder de la oposición a acusar al presidente del Gobierno de entorpecer la entrega de Puigdemont, de no hacer nada para conseguirla ―como si fuera su función― y que se apunta tanto en su marcador ante la opinión pública rojigualda, no es tampoco cosa a desdeñar.

A lo que no parece dispuesto el Supremo a hacer, desde la atalaya de su soberbia o desde la barrera de su posicionamiento extrajurídico, es reflexionar sobre los motivos que han llevado a sus colegas de todos esos países (Escocia, Bélgica, Alemania y ahora Italia) a poner la pelota jurídica en un punto muy distinto al suyo. Una de dos, o sólo los magistrados españoles pueden tenerse por tales y en el resto de la Unión son unos badulaques, o deberían pensar si no están equivocados y deben rectificar y comportarse de forma homologable en el estándar europeo.

Decía Calamadrei que en el juez no cuenta la inteligencia, que le basta con la normal, y Llarena está volcado en apuntalar al autor italiano raspando sin reparar en que es muy incómodo andar desnudo y a él lo señalan con el dedo desde hace mucho.