“La imparcialidad, virtud suprema del juez, es la resultante íntima de dos parcialidades que se acometen”
Piero Calamandrei
Dice el Excelentísimo Señor Llarena, que así se firma él mismo los informes, que el escrito de recusación presentado por los abogados de Puigdemont contra él por su aceptación de un premio concedido por una organización con claros tintes políticos “opera como un instrumento de realidad aumentada que ofrece una imagen virtual (…) que desprecia el cuadro real”. Nada nos dice de su realidad demediada y de su ceguera respecto al desprecio manifiesto que muestra a la apariencia de imparcialidad imprescindible en su trabajo. En esto es contumaz.
No sé si han leído el informe sobre su recusación presentado, no cabe duda de que Llarena quiere a Llarena. Quiérese el hombre que considera un argumento para una recusación que “son diversas las instituciones que han reconocido el esfuerzo y el rigor de la actividad profesional de quien informa”. Se pavonea de que le han premiado, por supuesto con razón, ¿por hacer su trabajo o por otra cosa? Esfuerzo y rigor es lo menos que se le pide a cualquiera, pero dejémoslo ahí, que al hombre le hace ilusión. No es el objeto de nuestra reflexión siquiera si su actuación profesional era “premiable” sino quién la premia y si un juez puede aceptar determinados agasajos sin ver comprometida la apariencia de imparcialidad. Un juez torpe y vanidoso les responderá siempre que sí, que él es la pera y que no sólo merece tales reconocimientos, todos ellos, sino que él es un superhombre al que nada de esto le afecta íntimamente. Le dirá, por ejemplo, que el premio más jugoso económicamente del mundo jurídico, concedido por una aseguradora, nunca le conmoverá lo más mínimo, aunque esta sea uno de los grandes litigantes del país y que a él 30.000€ no le hacen ver con una íntima sonrisa el nombre de esa empresa. Daría igual. Sólo con que la concesión de ese premio produjera la impresión en los siniestrados, por ejemplo, de que la imparcialidad en los pleitos de accidentes se fuera a ver comprometida ya estaríamos en un brete.
La aceptación por parte de los jueces de premios de entidades privadas constituye un problema sobre el que muchos quieren hacer caer un telón aunque continúa sobre la mesa. Los principios de Bangalore rezan: “Fuera del tribunal, un juez debe evitar el empleo deliberado de palabras o una conducta que pueda razonablemente crear una percepción de falta de imparcialidad. Cualquier cosa ―desde las asociaciones o los intereses comerciales de un juez, hasta las observaciones que el juez pueda considerar que no pasan de ser bromas inocuas― puede menoscabar la percepción de imparcialidad de un juez”. Por eso antes los jueces se comportaban casi como monjes, por eso temían asomarse al mundo. Un día salieron y, cegados por el brillo, ya no vieron ningún límite.
Parece mentira que haya tantos jueces dispuestos a defender que aceptar galardones de entidades con idearios y objetivos políticos no compromete la imparcialidad
A la luz de ese principio no sé cómo se analiza que un magistrado acepte el premio de una fundación cuyo presidente exhibe planteamientos políticos completamente contrarios al ordenamiento constitucional al que el juez afirma servir. Recibir un premio de un tipo que afirma: “No creo que la función del Estado sea ayudar a los más débiles. Los tenemos que ayudar desde la iniciativa privada, la Iglesia, la caridad. ¿Desde cuándo el Estado tiene que ser el papá y la mamá?”, es aceptar que te recompense quien no cree que España sea un estado social, democrático y de derecho (artículo 1). Eso es lo que abiertamente expresa Íñigo Gómez-Pineda, el presidente de la Fundación Villacisneros que se encargó también de glosar las virtudes del magistrado tan pagado de sí mismo que no ve a dos palmos de su cara. Los que le premiaron no sólo se refieren al gobierno legítimo como “insufrible gobierno socialcomunista”, sino que el propio Gómez-Pineda, la fundación está controlada por esa familia, llegó a plantear: “¿No se podría pensar en que todo aquel que está subvencionado por el Estado pierde su derecho a voto?”, contraviniendo claramente el texto de una Constitución que consagra el derecho de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (artículo 23). ¿Puede alguien afirmar que estas personas defienden los valores constitucionales? Al parecer Llarena sí, puesto que se puso en sus manos aceptando ser premiado por quien, con tales premisas, repugna a cualquier demócrata. Para Llarena, esta entidad solamente “defiende tesis contrarias a las de los abogados defensores” de Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí. Eso parece que coloca a cada uno en su sitio.
Lo cierto es que tanto la doctrina del TEDH como los principios de Bangalore hacen un especial hincapié en la imparcialidad objetiva de los jueces, que es la percepción que de su posición de imparcialidad tienen los ciudadanos. En el caso de Llarena, este premio no sólo es que le prive de tal percepción en el caso de los políticos catalanes sino en el de cualquiera que no sea un teocon, un teócrata neoliberal y un totalitario. Según los principios de Bangalore, la imparcialidad debe existir como cuestión de hecho y “como cuestión de percepción razonable”, porque si existe percepción de parcialidad, si de esos actos se deriva sensación de agravio o injusticia para los justiciables, “se destruye la confianza en el sistema judicial” y ese es el mayor mal que puede acaecer.
Parece mentira que haya tantos jueces dispuestos a defender que aceptar galardones de entidades con idearios y objetivos políticos no compromete esa imparcialidad. No todas las organizaciones son iguales en este sentido, pero sí las que tienen una clara actividad política. Pinochet recusó a uno de los lores que le juzgaban por colaborar con Amnistía Internacional, pero los derechos humanos no son política ―aunque la ultraderecha quiera hacer ver que sí―, los derechos humanos son la esencia de las constituciones democráticas.
Si el Tribunal Supremo decide avalar que un magistrado pueda ser ensalzado por quien tiene objetivos y propuestas políticas claras ―algunas tan inaceptables como las citadas―, entonces habrá contribuido a echar otra paletada de tierra sobre la tumba de la confianza en el sistema judicial.
No sé tampoco si les importa.