“Pongan los caballos en acción antes de que los alfiles se desarrollen”

Enmanuel Lasker, campeón del mundo de ajedrez

Siempre he detestado no haber tenido cerca en la infancia a alguien que con amor y paciencia me enseñara a jugar al ajedrez. A eso y a tocar el piano, dos actividades de las que moriré ávida. Pero si el ajedrez, como dijo Cervantes, se parece a la vida, también se parece a un pleito y una mirada entrenada siempre intenta ver qué pieza será la que cobre importancia en cada momento. Si algo está claro ahora mismo es que la Abogacía del Estado representa en estos momentos la pieza mollar, cuyo movimiento está siendo estudiado con cuidado para una apertura que puede resultar sorpresiva y que unos desean y otros temen.

La Abogacía del Estado es la única pieza del tablero realmente en manos del Gobierno. La única cuyos movimientos pueden y deben ser estudiados desde el Ejecutivo. Aparentemente secundaria, mientras todas las miradas se centran en los poderosos alfiles de la fiscalía, incluso pidiendo movimientos que tal pieza no puede realizar, se descuida la mirada sobre el ágil y extraño movimiento del caballo. Lo cierto es que en estos días no dejo de oír hablar sobre caballos. Unos, porque estudian sus movimientos y otros, porque los temen. El viernes acaba el plazo para presentar los escritos de acusación y es evidente que existe un movimiento frenético y más bien soterrado respecto a la posición que finalmente adopte la Abogacía del Estado, mientras que la de la fiscalía está ya cerrada y es bastante previsible. Oficialmente, nada se sabe. Extraoficialmente, todo apunta a que la postura procesal no será de mero acompañamiento de la del ministerio fiscal, ya que hay todo un estudio técnico en marcha para definirla. Tal cosa no es extraña, a fin de cuentas la actual jefa de la Abogacía del Estado, la ministra Delgado, es fiscal de profesión y, por tanto, especialista en Derecho Penal. No necesita, pues, de intérpretes para saber qué hay realmente en la instrucción, qué puede y qué debe hacerse en una sala de vistas.

Mientras todas las miradas se centran en los poderosos alfiles de la fiscalía, se descuida la mirada sobre el ágil y extraño movimiento del caballo

Las informaciones llegan cruzadas y con ruido aún, pero no hay duda de que están poniendo nerviosos a muchos. El Español, por ejemplo, publicaba ayer que algunos abogados del Estado les mostraban su preocupación porque se pudieran dar bazas en Estrasburgo a los recurrentes tras el juicio por el procés si finalmente la Abogacía del Estado no acusa por rebelión ni sedición. “España iría con un pie muy cojo si las acusaciones que proceden de instituciones del Estado son discrepantes ―dicen sus fuentes― ante una eventual demanda ante el TEDH la Abogacía tendría que defender el carácter delictivo de aquello por lo que, sin embargo, no habría acusado ante el tribunal. Menuda artillería para los recurrentes”. La lectura de la información no deja lugar a dudas de que se trata de abogados del Estado que no están de acuerdo con los movimientos que aprecian en su casa y que bien ellos, bien la propia Sala II del Tribunal Supremo, lo sacan a la luz para intentar desactivar tal posibilidad a través de la opinión pública. Creen pues que la Abogacía del Estado no acusaría sino por malversación y que dejaría caer el resto de las acusaciones.

Puede que sus informaciones sean las del agua que suena pero no todas las que el río lleve. Como es sabido, la legitimidad para acusar a esta parte procesal le viene dada sólo en el caso de que se haya producido un presunto daño patrimonial para el Estado ―representado por el delito de malversación― aunque se entiende, y el propio Llarena lo reconoció así en el auto en el que denegaba el recurso de los encausados contra su personación, que no queda circunscrita a esto. Recordaba en él el instructor la doctrina del TS por la que, una vez el abogado del Estado es parte, ya no está legalmente limitado para acusar sólo por los delitos patrimoniales. Eso sí, si no acusara de malversación sí que decaería inmediatamente la posibilidad de acusar por cualquier otro delito. Por eso, hay también aguas que hablan de una posible retirada del propio delito de malversación. No sería técnicamente descabellado porque la propia Hacienda del Estado ―a través del ministro Montoro y del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy― ya dijo claramente en sede parlamentaria que las cuentas ya estaban siendo intervenidas con anterioridad y que ningún indicio de malversación se tuvo. Tampoco hay prueba fehaciente de esa presunta malversación de 1,6 millones de euros que la Guardia Civil informó durante la instrucción, así que un análisis exhaustivo podría llevar a la Abogacía a retirar ese cargo y, por ende, los demás. La acusación de malversación es muy relevante no sólo en sí sino para construir el relato de que se trató de una rebelión organizada desde la propia Generalitat, así que su decaimiento no es baladí. Es, además, un delito feo que se asimila a la corrupción en los estándares europeos y que no favorece la idea de la represalia judicial sobre actos meramente políticos o representativos.

La Abogacía del Estado es la única pieza del tablero realmente en manos del Gobierno

Por eso, cuando el viernes conozcamos los escritos de acusación, será incluso más relevante conocer la postura final de la Abogacía del Estado que la de la propia fiscalía. Todo apunta a que la fiscalía mantendrá la acusación por rebelión ―los fiscales de sala encargados están encastillados en ella― y que sólo transcurridas las vistas del juicio se plantearía, a tenor de las sesiones, modificar sus conclusiones y descartar la rebelión para dejar la acusación en sedición o en conspiración. No hay que olvidar, no obstante, que la presencia de Vox como acusación, que no va a apearse de la rebelión en ningún caso, dejaría el marco abierto para que el tribunal condenara por ello. Con esa sola petición, se salvaría el deber de congruencia de la sentencia.

Todo esto sin olvidar, como ya hemos visto que no lo hacen muchos partidarios de la rebelión, que la partida se terminará de jugar en Estrasburgo. Para todos los que pensamos que hace tiempo que en el Tribunal Supremo pesa más la razón de Estado que la ley desnuda, es preciso interpretar también cada movimiento de pieza pensando en ese escenario. Y el del caballo apunta maneras.