"¡Oh, Jano cuya espalda la cigüeña nunca picó!”
Quevedo

Es gravísimo vulnerar los derechos fundamentales, pero no lo es tanto que te la den con queso. Leo que un tal Marc se hacía pasar por activista de la izquierda indepe y, al parecer, lo hacía bien, porque coló durante dos años. En realidad era policía y operaba con una identidad falsa. Se dio de alta en varios colectivos y participaba activamente en sus protestas y actividades. Logró que confiaran en él, lo normal en un infiltrado. Se trata de una táctica de obtención de información secular, como la del confidente o chivato que saca información fuera del grupo, tanto que las organizaciones señeras lo tienen previsto desde el primer momento. Repasen en cualquier bibliografía las precauciones que tomaban las células comunistas o anarquistas para impedir que se les colara alguien. Hay libros enteros sobre la psicosis que se adueña de los grupos cuando creen tener un infiltrado dentro. El FBI ha tenido a uno de sus agentes un cuarto de siglo infiltrado dentro del KKK y del movimiento supremacista blanco. Fíjense si está la cosa cruda que me dicen que un medio de comunicación de derecha condensada de Madrid despidió aparentemente con altavoces y cajas destempladas a un redactor para poder infiltrarlo en otro de su mismo espectro. 

En el caso del tal Marc tuvieron un fallo, eso sí, porque al parecer las alarmas saltaron cuando en una acción en la que intervino la policía no se le sancionó con la ley mordaza, mientras que a sus compañeros de protesta sí. Lo cierto es que me consta que en otros tiempos ha habido casos de agentes infiltrados que han sido condenados a penas de cárcel junto con los grupos en los que estaban incrustados y que han llegado a ingresar en prisión. Lo de cómo hacían para sacarlos es otra historia que algún día les cuento. No veo la cosa para rasgarse las vestiduras, sobre todo porque esa posibilidad sí debería estar prevista por toda organización y porque no vulnera derechos fundamentales y está recogida en la ley procesal, mientras que el asalto con un arma como Pegasus, indiscriminado y brutal, no admite defensa porque es silencioso, lejano, cobarde y sin riesgo para el que lo realiza. 

Dar gritos por todo hace que estos pasen a ser parte del decorado. No tiene sentido montar un cirio por el infiltrado, porque eso hace perder la perspectiva sobre la violación de derechos fundamentales llevada a cabo con permiso judicial mediante justificaciones inválidas o espurias y también sin él. Querer información es lógico, hasta yo que soy periodista la quiero; la forma de obtenerla es la que puede estar viciada. Si te cuelan a un infiltrado, la verdad, parte de responsabilidad tienes tú también por picar y no estar más vivo para detectarlo. Es tan viejo como el mundo. Así que, a pesar de toda la batería de preguntas y aspavientos parlamentarios, me van a perdonar que yo no me desvíe de la verdadera causa de preocupación y de escándalo que es el espionaje a políticos, abogados y cargos electos realizado mediante una tecnología que viola totalmente la intimidad de los afectados. Lo que tenían que haber hecho si querían saber cuáles eran las acciones previstas o las protestas por la sentencia o si se iban a ver afectadas infraestructuras muy sensibles era, precisamente, haber usado los sistemas tradicionales de obtención de información. Por resumirlo: cuando uno quiere hacer un bloqueo de protesta, es lógico que la autoridad intente que este sea mínimo o que no perturbe la vida ciudadana, lo que no es admisible es que se pretenda hacer violando los derechos fundamentales del vicepresident de la Generalitat.

Así que mejor unos cuantos Janos de doble cara que un Pegasus infectando decenas de móviles.

Pegasus no es sólo un problema judicial, sino un problema internacional y diplomático y de decencia de las democracias occidentales

Lo cierto es que la violación de derechos se produjo y que, por lo que vamos sabiendo, las posibilidades de que tenga algún castigo o de que lleguemos a saber la verdad son muy bajas, por no decir inexistentes. La telaraña judicial ya se ha tejido, en total falta de sintonía, de manera que a partir de ahora veremos como algunas cosas avanzan un poco, otras nada y algunas se detienen para siempre. Es prácticamente imposible que consigamos saber nada a través de la estructura judicial y mucho menos de la española. El juez Calama, de la Audiencia Nacional, levantó ayer el secreto de sumario y se nos quiere ir a Israel para ver si rasca más bola que su colega del instrucción 32 de Barcelona, al que no le han hecho ni caso a las comisiones rogatorias. No piensen que Calama va a conseguir mucho más ni tampoco que va a ser él el que nos desvele quién espió a los miembros del Gobierno. Es más, espero que el gobierno español lo sepa ya y que sepa también qué hay detrás de la infestación de los móviles de catalanes, la que no fue hecha por el CNI, porque si no, tendremos que convenir que tenemos un servicio secreto que es una verdadera porquería. Tampoco ha dejado que la Generalitat se persone como acusación popular. Es cierto que la jurisprudencia ha ido acotando y acortando las posibilidades de que los organismos públicos se personen con esta condición en las causas judiciales. Una forma más en la que el Tribunal Supremo ha legislado sin estar llamado a ello y que fue provocada por el gran abuso de corporaciones locales para personarse en procedimientos que afectaban a los adversarios políticos. Lo cierto es que los partidos políticos siguen pudiendo constituirse en acusación popular, así que tal vez en lugar del Govern tenga que ser ERC la que intente obtener ser tenida como parte en la Audiencia Nacional.

De Israel no va a salir nada y de NSO allí, tampoco. El gobierno israelí ha estado usando la autorización de venta de esta ciberarma para negociar cuestiones diplomáticas con otros países. Según The New York Times, México y Panamá cambiaron su postura en la ONU respecto a Israel justo tras acceder al software y también tuvo intervención en la negociación de los llamados Acuerdos de Abraham, por los que se normalizaron las relaciones con Emiratos, Baréin y Marruecos en 2020, todos ellos países que también accedieron a Pegasus. Incluso en el acercamiento aún tímido a Arabia Saudí ha tenido que ver el programa espía que les habría sido retirado a los árabes tras ser usado para el asesinato del periodista Khashoggi pero que, según diversas fuentes, les fue devuelto tras una llamada de Bin Salman a Netanyahu.

Pegasus no es sólo un problema judicial, sino un problema internacional y diplomático y de decencia de las democracias occidentales. Me produce alipori que Sánchez y su gobierno hayan decidido que de esto se sale por agotamiento. Tal vez las vías que intentan llevar la investigación a órganos de la Unión Europea tienen alguna posibilidad más. Chocarán con los secretos de los diversos países y chocarán con la diplomacia. Un juez solitario, como el de Barcelona, ni siquiera uno de la Audiencia Nacional, no va a lograr doblegar esta realidad. Al tiempo. De la juez de Madrid, la que recibió la querella presentada por Boye, ni les hablo, porque ha decidido tomárselo con toda la calma. La exnovia de Carlos Herrera, la ex-directora general de Rajoy, todavía no ha dicho esta boca es mía desde que le llegó el asunto.

Por eso es tan importante centrarse en esta cuestión. Para que no nos cuelen a un policía disfrazado basta con tener precauciones y un poco de paranoia; para que no violen toda nuestra intimidad con un programa espía nada podemos hacer. En parte, la cuestión pasa por no dejar que nos hagan la trampa. Sería un hito que los jueces llegaran al fondo de este asunto. Israel es la clave y no veo yo que España tenga muchas ganas de hablar en serio con ellos o, si lo hace, de contárnoslo.