“Todos estamos en la cloaca, pero algunos estamos mirando a las estrellas”

Oscar Wilde

 

¿Tenía algo que ver el huésped de la habitación 403 del Hotel Bristol con el balizado a todas luces ilegal de los vehículos de Carles Puigdemont en Bruselas? Lo cierto es que, a estas alturas, no podemos afirmarlo. El sistema de inferencia de la policía belga ha sido inverso, es decir, tras comprobar que uno de los imeis relacionados con las balizas espía realizó una llamada de segundos, sin hablar con nadie, a la centralita de una cadena de hoteles belga, comenzó a espulgar a los españoles alojados en los diferentes hoteles y se quedó con cinco. Uno de ellos, el ocupante de la 403, era un fiscal español de la Audiencia Nacional especializado en euroórdenes. Llamativo. Se lo compro. Sugerente. Más que un picardías con bordes de cuero. Probado, pues no.

Lo cierto es que en el procedimiento judicial secreto seguido en Bélgica, los representantes legales de Puigdemont que interpusieron denuncia siempre han querido llegar más lejos. Ese es el motivo por el que, tras conocer esos datos del informe de la policía belga que obran en autos, solicitaron la práctica de otras pruebas que pretendían estrechar el cerco sobre los posibles sospechosos de ser los destinatarios de esa llamada abortada que nunca llegó a nadie. Sucedió que el juez belga ponderó lo que se le pedía y las afectaciones de derechos fundamentales que debía hacer y le pareció que era mucho lío para poder obtener poco. Eso es lo que algunos medios españoles vendieron como archivo y parece que alguien tenía mucho interés en que se sirviera como tal. Lo cierto es que los letrados recurrieron esta decisión judicial y están aún a la espera de si un tribunal de mayor rango decide llevar hasta el final la historia. Por eso no entiendo muy bien por qué se ha filtrado esto ahora, sin esperar a saber el desenlace. Lo cierto es que se ha hecho, los periodistas han cumplido con su misión, y ahora tenemos un titular sobre un fiscal que no deja de ser una especulación y que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como la Asociación Profesional de Fiscales como otras instancias oficiales desmienten. El fiscal Bautista estaba en la 403, cierto, pero para participar en el programa Juppiter. ¿Estaba en misa y repicando? ¿Era su viaje a Juppiter la tapadera de otra cosa? No podemos saberlo ni lo sabremos si los tribunales belgas no autorizan los medios de investigación solicitados. La verdad es que lo de Bautista es llamativo pero... ―siempre hay un pero maldito― de momento no prueba ni significa nada.

Parafraseando a Davies, a mí me gusta ir a lo que arraiga en el hueso. Ya saben, lo medular. Vengan conmigo a los días en los que se produce la activación de las balizas de seguimiento. A la par que eso sucede, asistimos a un verdadero vodevil protagonizado por policías y guardias y cuyo libreto ha sido escrito por el ministro del Interior. El día 30 de enero está convocada la investidura de Puigdemont y el gobierno de Rajoy temía que el MH pudiera entrar de forma subrepticia a la cámara y resultar dentro inviolable mientras se le investía. Así vimos registrar maleteros en la Junquera, aviones que aterrizaron en Toledo y hasta el taxi que llevaba a otro diputado por si Puigdemont iba en el maletero. ¿Quién estaba loco por saber si en esas fechas el MH pretendía entrar en territorio en el que sí podía ser detenido, dado que las euroórdenes habían sido desactivadas? La respuesta es clara. Este primer olor a cloaca es de flor temprana.

¿Quién ordenó actuar ilícitamente en territorio extranjero para saber si Puigdemont se dirigía a su investidura? 

Síganme ahora. La preocupación por la ilegalidad del seguimiento electrónico a Puigdemont no sólo ha tenido un episodio belga, sino que también se manifestó en las cortes españolas. El senador de EH Bildu Jon Iñarritu no ha parado de plantear preguntas oficiales al Gobierno para saber quién balizó el coche de Puigdemont. Lo intenta de varias maneras. Primero preguntó directamente al Gobierno “¿Quién balizó el coche de Puigdemont?” y después fue intentando llegar al mismo destino por otro camino preguntando qué balizas utilizan la policía y la guardia civil (para ver si corresponden con las que figuran en el procedimiento belga) o cuántas se han usado y en qué países. El gobierno de mister Rajoy siempre lo despide con un breve párrafo en el que se hace referencia a la legislación que convierte este tema en secreto y, por tanto, no le contesta. El senador insiste. En medio de tanta constancia vasca se produce el cambio de gobierno así que allí por julio, es el Gobierno de Pedro Sánchez el que da respuesta escrita a la pregunta de Iñarritu sobre si fueron funcionarios españoles los que colocaron las balizas y sobre el motivo por el que actuaron sin autorización judicial: “se señala que el Gobierno actual no asume actuaciones del Gobierno anterior”. Punto y pelota. No dice nada pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. El senador sigue insistiendo y ya, más asentado el gobierno, vuelven a contestarle con el mismo texto con el que contestaba el de Rajoy al principio: los puntos legales que respaldan el secreto y, por tanto, no contestar.

Esas razones legales para no contestar que dan ambos gobiernos son la ley de Secretos Oficiales y bla, bla y un acuerdo de Consejo de Ministros de 2014 en el que a petición del ministro Fernández Díaz se otorga genéricamente la clasificación de secreto “a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por los FCSE, así como sus fuentes y cuantas informaciones y datos puedan revelarlas”. No me digan que no dicen no diciendo. O sea que todo este asunto es secreto porque sí tiene que ver con esos medios y técnicas y fuentes e informaciones de las policías del Estado. Si no, ¿a qué lo mencionan y a qué vuelve a ello el PSOE tras su desplante inicial?

Las balizas procedían de España. No pueden responder a un senador porque quedan bajo el amparo de ese secreto general que no permite controlar estas acciones. No son del CNI, esto lo declaró el jefe de los servicios belgas en la comisión que investigó, y sí parecen policías por lo que dice el Gobierno. En ningún procedimiento judicial, sobre los que ya se levantó el secreto, figura autorización para balizar a Puigdemont. El olor a cloaca ya se expande tan pesado como el del Opium. Esto es lo importante. ¿Quién ordenó actuar ilícitamente en territorio extranjero para saber si se dirigía a su investidura? Si el hombre de la 403 estaba en el ajo o simplemente estaba por allí precisa de otras comprobaciones, pero lo sucio del asunto, para la democracia española, no. Esa es la cuestión que a cualquier adversario político y a cualquier demócrata debe corroerle la entraña en estos días: ¿hasta dónde llegaron y contra cuántos? Continuará.