Hemos sabido estos días que, al fin, el magistrado Enrique López va a ejercer la que siempre fue su vocación secreta y no tanto: la de político. Ahora López es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuando en sus días, siendo miembro del órgano de gobierno de los jueces, utilizaba su posición para proporcionar información y favorecer a la presidenta Aguirre y a su entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada. ¡Tantos años y un paso motorizado por el Tribunal Constitucional para volver a los orígenes! La vida a veces te destila y te convierte en tu propia esencia. Una alegría para la Justicia. Enrique López, el más político de los magistrados ya es al fin político a cara descubierta. Claro que viene maleado. Si él mismo se ocupaba de presionar en los gabinetes de prensa y a los magistrados a los que tenía acceso para obtener datos y fechas con las que traficar y contentar a los políticos de la CAM, ¿intentará ahora lo mismo para autoabastecerse? No cabe duda de que será preciso un marcaje muy cercano sobre esta cuestión.

Desde otro punto de vista, el nombramiento es un alivio. Enrique López ya no es la china en el zapato de Lesmes que ha tenido que cepillarse no sólo las normas sino hasta las sentencias del Tribunal Supremo para mantenerlo en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, sí, esa que revisa todas las sentencias de la AN, incluida la de Trapero. Una posición que seguía en entredicho puesto que los recursos y el cabreo del Tribunal Supremo por el incumplimiento de sus decisiones iba en aumento. Que ahora López salga a la arena política les quita un problema de encima y devolverá a la Sala de Apelaciones su estructura legal: tres magistrados sin el interesado añadido de López y Velasco. Y lo hará porque Velasco sólo era la rémora añadida a la imperiosa necesidad de colocar ahí a López. Estaba en las mismas circunstancias que él y si tiraban de uno, tiraban del otro. Ahora que el soldado López ya ha sido armado consejero, la lucha por Velasco decaerá y se aplicará el criterio del Tribunal Supremo. Eso es bueno, desde un punto de vista procesal, para la parte del procès que va a ser enjuiciada en la AN.

Lo que sucede es que no es la única circunstancia que va a influir en lo que suceda con Trapero y el resto de acusados o en los demás procedimientos asociados que se instruyen y se tendrán que enjuiciar en Catalunya. Haber arrebatado la competencia para enjuiciar los hechos a los órganos territoriales para atraerlos a los centrales, aquellos que siempre han sido un seguro de que la razón de Estado tendría su lugar en el procedimiento, va a provocar una serie de disfunciones en cascada que comenzaremos a ver en los próximos meses. Todas derivarán del hecho de que será el órgano llamado a pronunciarse el último el que lo hará en primer lugar.

La creatividad interesada en materia jurídica, esa que viene tan bien para los fines perseguidos, altera la lógica del sistema y esa alteración se amplifica y se extiende de formas insospechadas e incontrolables

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el procès llegará en algún momento entre el 23 de septiembre, nunca antes, y el 14 de octubre, nunca después. Si me piden mi semana favorita, yo indicaría la que acaba con el puente de la Fiesta Nacional de España, pero eso es sólo porque yo soy maquiavélica, veo lo emblemático de la fecha, y sé que a los jueces les suele gustar detonar las sentencias y justo después desaparecer del foco. Un puente es un momento precioso para eso. Insisto en que no tengo ningún dato. Sólo dejo volar la imaginación.

La citada sentencia, en la que todo apunta a que habrá duras condenas, establecerá no sólo un relato de hechos probados sino también los delitos en los que estos encajan. La cuestión es que en el relato de hechos entrarán, con toda probabilidad, todo un conjunto de hechos y realidades que están siendo instruidas y enjuiciadas de forma separada de modo que, al menos moralmente, establecerán un marco del que difícilmente podrán moverse el resto de los tribunales enjuiciadores. Lo que el tribunal presidido por Marchena determine que ha pasado será sentencia firme y establecerá la verdad judicial. Desde luego no veo grandes posibilidades de que un juicio en la Audiencia Nacional vaya a contradecir esa “verdad judicial” del órgano supremo, así que podrán valorar la participación particular de cada acusado pero con un telón de fondo difícil de tocar. Tendrían siempre sobre ellos la espada de Damocles de la revocación. Eso convierte el procedimiento de los mossos en una cosa complicada.

Es verdad que tanto la AN como el TSJC podrían establecer verdades factuales diferentes. Podrían decirnos que al meter en la coctelera cosas distintas –pruebas diferentes, líneas de defensa distintas– el resultado no ha sido el mismo. Y luego en los recursos contar con el inconveniente del TS para alterar los hechos probados con la inmediación del juicio. Ahora bien, ¿cómo convencerían a la sociedad de que existen diferentes “verdades”? ¿Cómo sería posible que, por ejemplo, el TS considerara que se ha producido una rebelión en la que la violencia se expresó, por ejemplo, frente a la Conselleria durante los registros y que en otro tribunal se fallara que eso fue otra cosa? Es lo que pasa cuando se fuerzan las cosas y se altera la lógica del sistema. Siempre ha sucedido igual. La creatividad interesada en materia jurídica, esa que viene tan bien para los fines perseguidos, altera la lógica del sistema y esa alteración se amplifica y se extiende de formas insospechadas e incontrolables. Eso va a pasar de nuevo esta vez. Y pasará porque la causa, en caso de haberse abierto, nunca se debería de haber fraccionado pero era “necesaria” para arrebatarla del territorio. Lo que mal empieza no puede acabar bien.