“Nunca soy capaz de creer de veras la importancia de lo que digo”
André Gide
Como en los viejos tiempos, las plumas se entrecruzan y nos devuelven a los románticos tiempos en los que los más civilizados cruzaban ideas, retos, invectivas y hasta insultos, por ahorrarse los sables. “Yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Gongorilla”, decía Quevedo. “Anacreonte español, no hay quien os tope”, le contestaba Góngora. Aquello eran hombres de letras, rivalidad de poetrastos, mientras que lo que estos días hemos vivido en La Vanguardia, refriegas de legajos y de leyes, no es tan lucido. Empezaba la polémica con el fiscal Zaragoza tachando de desatino la resolución belga sobre la entrega de Puig y le devuelven la pelota hoy Puigdemont y otros políticos catalanes encausados o condenados, acusándole de despropósito a él.
Sin ánimo de polemizar, con ellos, se entiende, les diré que en este duelo de desatinos ninguna de las partes se ha escapado sin dejarse alguno en sus escritos, pero que también en ambos casos se dicen verdades como templos. Así que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, aunque Calderón no entrara en discusiones ni insultos, y en los artículos, que en mi modesta opinión no debieron ser escritos, sucede lo mismo.
Parto de la base de que sobre la forma en que la primera instancia belga ha resuelto el tema de la OEDE de Puig hay controversia jurídica posible, aunque son mayoría los juristas que he consultado que coinciden con Javier Zaragoza en que el juez belga se ha extralimitado entrando a valorar la cuestión de competencia del Tribunal Supremo o de otro tribunal español en este caso. El primer tema jurídico es, pues, hasta dónde puede llegar el tribunal de ejecución de la OEDE a la hora de supervisar los requisitos y valorar la competencia de los tribunales, y el segundo es qué tribunal español era efectivamente competente para instruir procedimientos y juzgar a los políticos catalanes. Son dos cosas distintas. Así, juristas y magistrados a los que he consultado, y de los que sé fehacientemente desde hace muchos meses que consideran que la competencia fue arrastrada arteramente hacia Madrid por motivos políticos y forzando la norma, creen, sin embargo, que los belgas se han extralimitado. Los motivos que alega Zaragoza en su escrito son compartidos por compañeros y colegas que en nada aprueban las trampas que se hicieron durante el caso del procés. “Tengo muchas dudas sobre la competencia del Tribunal Supremo, sobre todo porque infringe derechos de los afectados, pero eso quien lo tiene que decir es la justicia española y luego, cuando no lo haya hecho y se hayan agotado todos los recursos, la justicia europea de forma subsidiaria”, me comentaba uno de ellos.
Eso no empece, desde luego, que el abogado de Puig hiciera muy bien en aprovechar cualquier resquicio en favor de los intereses de su cliente. Cuando Zaragoza habla en su artículo de lo que en los grandes órganos centrales se denomina “la cláusula belga”, ese plus de incordio que siempre puso Bélgica, lo hace porque es algo que ya viene de lejos, y sirve para poner de relieve que Boye ha hecho su trabajo al conocer esa característica determinada de los belgas y ponerla al servicio de sus clientes. ¿Quiere decir eso que lo que los belgas han dicho sea sagrado? No tiene por qué, quiere decir que un abogado hábil se imaginó que era probable que en ese lugar hicieran esas cosas. Aún queda un recurso por ver, de todos modos.
No llevan, pues, razón los políticos encausados o condenados que firman la respuesta cuando afirmen que el fiscal se agarra al “todo es ETA”. Eso es una finta dialéctica de difícil digestión. Zaragoza expone un caso que se refiere a la desaparecida banda terrorista porque esos casos, y hubo varios, fueron los primeros que se encontraron en la Audiencia Nacional cuando se puso en marcha la euroorden. Verán, Zaragoza es cabezón, un poco chulo y presume de no arrugarse, pero nunca ha sido de la cofradía del todo es ETA a la que se refieren. La historia es la historia y los hechos de cada uno están sobre la mesa. Zaragoza no fue nunca Fungairiño.
Estratégicamente quizá ninguno de los dos artículos […] van a favorecer a sus respectivas posturas
En la polémica de la no entrega de Puig, hay quien piensa que más que llevar razón Zaragoza, lo que sucede es que no la lleva el juez belga y que bien podía haberse ahorrado el fiscal del Tribunal Supremo entrar al trapo en un diario sobre una cuestión puramente jurídica en un tono “sobrado y agresivo al que le falta mesura y ponderación”. Este estilo pertenece a una nueva tendencia inaugurada por Consuelo Madrigal contra el Gobierno y se aleja del tono necesario para una verdadera discusión jurídica.
Y es que entra un poco en el matonismo cuando, como le reprochan, afirma que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU es “un grupo de expertos contratados ad hoc por las defensas”. El grupo, compuesto por activistas de Derechos Humanos, abogados de pleitos estratégicos y otros expertos, da su opinión independiente sobre muchas cuestiones. No trabajan a sueldo pero, desde luego, no son un tribunal que dicta sentencia para que el juez belga se apoye en ellos como fuente de derecho. Así que eso también es discutible.
Finalmente no puedo decirles quien lo tiene más largo, el desatino me refiero, si Zaragoza o Puigdemont, pero sí que estratégicamente quizá ninguno de los dos artículos, que tanto han regocijado a periodistas y lectores, van a favorecer a sus respectivas posturas. La del fiscal del TS porque será adjuntado como documentación ante la Justicia belga en el recurso que aún debe verse sobre Puig y puede que a los jueces de allí no les guste un pelo, ni por lo que dice de ellos ni por el hecho de que un fiscal que está en el procedimiento se exprese así en un diario. La segunda, la de los políticos condenados, porque sus recursos sobre cuestiones penitenciarias aún tiene que verlas el Tribunal Supremo y tampoco suele ser recomendable andar con gaitas fuera del procedimiento contra los fiscales.
¿Quién gana el duelo? Para mí, Quevedo.