“El presupuesto de validez de cualquier iniciativa legislativa es que se adopte por quien tiene las competencias”. Enrique Lucas, vocal CGPJ
Mucho se ha escrito para explicar en términos de bloques ideológicos la movida que llevó a abortar el preceptivo informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley del derecho a la vivienda, la joyita de la corona de Podemos, y poco en términos de centralismo y poder autonómico. Lo cierto es que el detonante de la movida no fue una oposición de los más conservadores del Consejo, sino las objeciones presentadas por el vocal vasco que dio un puñetazo sobre la mesa para llamar la atención sobre lo que considera inadmisible: la atracción estatal de competencias que la Constitución otorga a las autonomías y que, además, ya han sido ampliamente desarrolladas por estas. Los vocales de la derecha se unieron al carro, claro, aunque por motivos diferentes. Es curioso que el gobierno más progresista de la historia, que gobierna con el apoyo variable de soberanistas e independentistas, se haya marcado un anteproyecto que no les va a gustar nada de nada a sus socios.
Lo mismo que el gobierno vasco ha mandado un mensaje firme, lo hizo también la consellera catalana Violant Cervera, que dejó claro que es intención de la Generalitat llevar al Tribunal Constitucional esta ley porque invade las competencias, se superpone a la 11/2020 del Parlament, no ha sido consensuada y “es decepcionante, recentralizadora y regresiva con respecto a la normativa catalana”. Teniendo en cuenta que a ERC y Bildu tampoco les parece suficiente ―llevaron su propio proyecto al Congreso, que el PSOE se negó a tramitar―, que a las derechas les parece un atentado a la propiedad privada y que el PSOE ha estado remoloneando lo indecible, ¿a quién hace feliz este anteproyecto de ley? No cabe ninguna duda: a Unidas Podemos y a los comuns.
El CGPJ tiene que informar preceptivamente las leyes aunque no es obligatorio hacerle caso, y el Gobierno ya ha anunciado que no se lo hará. Lesmes había designado como ponente de este informe a un vocal exdiputado socialista, Álvaro Cuesta, así que no cabe imputarle el resultado final si no es mediante un maquiavelismo anticipatorio. Lo cierto es que cuando Cuesta presentó su informe ―que algunos vocales han resumido como un panegírico de la nueva norma― fue el abogado vasco Enrique Lucas, nombrado a propuesta del PNV, el que hizo unas observaciones, que se entendieron como enmienda a la totalidad, por lo que consideró un mensaje subyacente de la ley que pretende algo así como afirmar que una materia tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas. Mas lo está, y la Constitución se lo encomienda expresamente. “Existe una atracción artificiosa a la esfera estatal de una ordenación compleja que la Constitución dejó a las comunidades”, afirmó Lucas.
Es curioso que el gobierno más progresista de la historia, que gobierna con el apoyo variable de soberanistas e independentistas, se haya marcado un anteproyecto que no les va a gustar nada de nada a sus socios
Como 15 a 6 vocales consideraron que el informe presentado por Cuesta quedaba desmontado con tales alegaciones, procedieron a nombrar dos nuevos ponentes para redactar un nuevo informe. Uno es el propio Lucas, que incidirá en recomendarle al Gobierno que cambie esa visión centralista, y otro Ballesteros que, éste sí, es previsible que base sus pegas a la nueva ley en el fantasma de la propiedad privada y que quiera aprovechar para ofrecerle al PP una baza para darle de nuevo al Gobierno de Sánchez. No es la intención de Lucas, que piensa limitarse a estipular las mejoras técnicas que precisa la ley para no convertirse en una fuente de inseguridad jurídica para los ciudadanos al superponer cuestiones, conceptos, definiciones y normas nuevas sobre las que tanto Catalunya como Euskadi y otros territorios tienen ya en marcha desde hace años.
He oído al líder tertuliano de Podemos, muy enfadado, achacar el freno de este trámite preceptivo a un CGPJ conservador y caducado; he oído a la ministra Belarra hablar de “falta de imparcialidad” del Consejo, como si fuera un tribunal, que ya va siendo hora de que se entere que no lo es, pero no les he oído reconocer que ni a ERC ni a Junts ni al PNV ni a Bildu les puede gustar mucho que el estado central introduzca la idea de que la garantía y la efectividad del derecho a la vivienda sólo puede proporcionarla “una legislación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque una cosa tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades”.
Así que el proyecto estrella para arreglar el sin duda enorme problema de la vivienda va a tener aún un discurrir bastante proceloso. En primer lugar, porque tendrá un informe contrario sobre la técnica legislativa en el que se incluirán todas estas cuestiones de competencias de los territorios y, además, los conservadores añadirán las consideraciones sobre lo que consideran un intervencionismo peligroso que interfiere con la consideración del derecho a la propiedad incluido en las leyes civiles. Después vendrá el navegar por el Congreso en el que no cabe duda que tendrá problemas para conseguir el apoyo de sus socios tradicionales si no se cambia esa “atracción artificiosa” y puede que fatal. Por último, y si el proyecto llegara a salir así, se encontrarían ante el recurso de anticonstitucionalidad que han anunciado tanto la Generalitat como el PP y al que se sumarían, sin duda, otros gobiernos.
No creo que sea hora de lanzar las campanas al vuelo y puede que el PSOE reciba un revés que no necesitaba, porque esta ley era un peaje que habían comprometido en el pacto de gobierno. Es evidente que los socialistas se encontraban cómodos sin ley estatal, como demuestra que hayan gobernado años y años sin que se les haya venido a la mente intentar redactar ninguna.
La ley es técnicamente mejorable, contiene un montón de folios de exposición de motivos, que podrían haber sido escritos por una consultora o por alguien que redactara informes o programas, y es posible que se quede en agua de borrajas dado que, en todo caso, sus requerimientos deben ser gestionados por quien es competente para ello. ¿Propaganda? Veremos. La pena es que el problema es serio. La pena es que afecta a los jóvenes y a los que tienen un poder adquisitivo más bajo… pero eso ya lo saben los diferentes gobiernos autonómicos que llevan años luchando con ello.
No soy muy optimista ni creo que esta ley, si sale, solucione problemas estructurales profundos, pero sí puede generar tensiones. Más madera.