“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”

 

En los corrillos del Supremo durante la solemne apertura del año judicial se habló casi más de la posibilidad de unas nuevas elecciones y de las implicaciones que ello tendría para el bloqueo de un nuevo CGPJ que de otra cosa. Es lógico. Lo otro es cuestión de carril, de puro trabajo, de rutina o de estar todos de acuerdo y, por otra parte, tanto el presidente caducado, Carlos Lesmes, como la fiscal general del Estado en la cuerda floja, María José Segarra, ya se habían empleado en todo lo demás. Lesmes, la verdad sea dicha, es que no habló de otra cosa que no fuera el conflicto catalán. Arrancó su alocución, formalmente dirigida al Rey, con esa cuestión y todo fue un no parar hasta que, ya al final y por compromiso, metió dos párrafos para acordarse de los pobres desgraciados de los jueces de a pie que, mientras esto sucedía, estaban esperando en sus juzgados a los carritos de supermercado en los que les llevan los procedimientos. A todos estos, lo de la apertura del año judicial como que les da no sólo igual, sino que incluso puede que les indigne por la enorme brecha de intereses y de condiciones que refleja cada año. Ni una reivindicación ni una queja ni un cabreo de su máximo representante. Nada de "¡coño ya, Majestad, que estos políticos nos tienen entre cañerías rotas y cucarachas, hombre!". Como siempre, nada. Están acostumbrados.

Parece que mucha gente se sorprendió en los corrillos de que se constatara algo que yo ya les he contado, cosas de leerme ―y esto va con guiño―, y es que los presos catalanes no serán trasladados a Madrid para conocer el fallo de su sentencia. Lo cierto es que tal decisión no es ni mucho menos usual y que, en este caso, les iba a complicar bastante la vida, así que no es difícil entender que no vean necesidad. A pesar de que la ley decimonónica dice textualmente que las sentencias se leerán en audiencia pública, todas, nadie se extraña de que no haya un lector de sentencias en cada tribunal que hora tras hora desgrane los cientos de miles, los millones, de ellas que se dictan cada año. Hoy por hoy es imposible, pero sepan también que si nos hacen llegar copia a los periodistas y si podemos leerlas enteras, no siendo parte, es porque se considera que eso es un sucedáneo de lo que la ley establece de esa publicidad. La cuestión de llevar físicamente a los acusados para conocer el veredicto sólo está reglada en la ley del jurado y no en el resto de los procedimientos. La lectura en presencia de los acusados y en audiencia pública de las sentencias mediáticas fue una innovación que, respetando la letra y el espíritu de la ley, se tomó por el tribunal del 11-M y luego por algún otro al rebufo. No hay obligación ni tradición. Por ese motivo, visto desde su perspectiva, parece lógico que el Tribunal Supremo no fuerce una concentración de los procesados y de posibles convocatorias de protesta en su sede, que ustedes saben como yo que se producirían. No ganarían nada. La sentencia se dará a conocer por los métodos convencionales y a la prensa y, ya les comenté, no me extrañaría nada que fuera justo antes del puente de octubre, que es justo antes de la vista del TJUE y justo antes de que venza la prisión de los Jordis. Justo antes. Justo a su tiempo.

Todo está ya en manos de los poderes del Estado: la condena, las euroórdenes, la inhabilitación de Torra, el resto de procedimientos y cualquier otra salida de las que se están poniendo sobre la mesa: indultos, cambios legislativos o leyes de amnistía

Más curiosa me pareció la intervención de la fiscal Segarra, que parecía un anuncio de alguna postura procesal de la fiscalía tendente a que los presos no puedan cumplir condena cerca de su casa. Lo dijo en el discurso y lo introdujo en la memoria. Raro. Sospechoso. Sobre todo porque no habla de ningún incumplimiento sino de algo que parecen “sensaciones” o cosas que no le gustan y eso, al ministerio que defiende la legalidad, debería quedarle al margen hasta que no tenga algo claro que reprochar.

Y luego estuvo lo del acatamiento, que o bien es una obviedad o bien es una petición que excede a su ámbito. Digo que sería una obviedad si la fiscal Segarra se refiriera al acatamiento en su primera acepción (diccionario jurídico de la RAE y el CGPJ) que supone que se debe cumplir o dar cumplimiento a las decisiones judiciales. Esa petición de acatamiento afectaría a los reos ―que tampoco tendrán otra opción― y a las autoridades encargadas de ello. ¿Hablaba otra vez de las autoridades penitenciarias catalanas? Lo cierto es que si empleaba Segarra acatamiento en su segunda acepción de “sumisión” esperemos que no se refiriera a la idea de falta de crítica o incluso de protesta. La libertad de expresión no claudica. Seamos claros: una vez que las instituciones del Estado han demostrado ser capaces incluso de variar jurisdicciones y presentar acusaciones infladas y noveladas, no hay duda de que a las autoridades encargadas de hacer cumplir la sentencia no les quedará otra que darle cumplimiento o llevar el mismo camino. ¿Por qué, pues, Segarra se empeñó en remarcar varias veces esta cuestión? Según me comentaba ayer un alto representante fiscal presente en el acto, la fiscal general podía perseguir ganarse los favores de una carrera y aledaños que no creen mucho en ella. Segarra está pendiente también de ese gobierno que se forme o, en su defecto, de esas elecciones. No creo que dure mucho en ninguna de las dos circunstancias. Segarra puede volver a ser fiscal de tropa en cualquier momento y, hoy día, ser dura con el tema catalán es una forma de hacerse aceptar por casi todos sus homólogos y de “pasar a la historia y recibir el cariño de la carrera fiscal”, ya que “hay un tono revanchista generalizado en muchos sectores de la carrera”. Así me lo cuentan y así se lo cuento.

En todo caso, seamos realistas, las posibilidades se cierran mucho. Más allá de la crítica, que será hecha, y de la protesta pacífica, sólo cabe esperar a que los organismos europeos se pronuncien y eso no será a corto plazo. Incluso cabría la posibilidad de que una vez firme la sentencia se reactivaran las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y los demás. A la hora de la verdad, todo está ya en manos de los poderes del Estado: la condena, las euroórdenes, la inhabilitación de Torra, el resto de procedimientos y cualquier otra salida de las que se están poniendo sobre la mesa: indultos, cambios legislativos o leyes de amnistía.

La sensación generalizada en la meseta es que sólo queda el acata o revienta. Las cosas no pintan mucho más bonitas que eso porque cualquier intento unilateral tendría la misma respuesta ―ya con jurisprudencia― y porque a la larga todo paso de mejora está en manos de los poderes del Estado y, en muchos casos, ni siquiera de un Ejecutivo.

 No se enfaden por escuchar la verdad, alguien debería habérsela contado también a los presos.