Los progres españoles siempre fueron por la vida ocupados y preocupados (con toda justicia) por la libertad de los pueblos de Palestina, Sáhara y Chiapas, pero, por desgracia, nada ocupados ni preocupados por la subordinación de las lenguas, culturas y naciones catalana, vasca y gallega a un Estado español construido por determinadas élites extractivas, refractarías a la libre concurrencia y al progreso. Un Estado español tendente históricamente al supremacismo y al autoritarismo y que sólo conoció periodos liberales y democráticos cuando intentó dar algún apoyo al derecho de autogobierno de las nacionalidades.

Los progres españoles siempre fueron por la vida muy preocupados por los derechos del guaraní o del suajili y nada preocupados por la minorización en cada uno de sus países de las lenguas propias de Euskadi, Galicia, Catalunya, País Valencià y Balears.

Vivimos en los últimos seis meses la derogación del derecho constitucional al autogobierno de las nacionalidades por la aplicación de una interpretación inconstitucional del 155. La derogación parcial del Código Penal y de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Orgánica del Poder Judicial para crear el delito de rebelión sin violencia, para inventar la competencia del Tribunal Supremo en lugar del Superior de Catalunya en las causas que corresponden al presidente, a los diputados y a los consellers, para inventar la competencia de la Audiencia Nacional en las causas de sedición, para subordinar la autonomía del Parlamento a decisiones del Tribunal Constitucional que vulneraban su propia jurisprudencia. La aplicación de la prisión preventiva como mecanismo antijurídico de creación de rehenes: los actuales presos políticos y los antiguos presos hoy sujetos a fianza y a la espada de Damocles de la vuelta a la prisión se sujetan a sus principios.

Ante esta situación de arbitrariedad y autoritarismo los progres españoles callaron. En el resto de Europa, en Euskadi, Navarra, las Balears, el País Valencià o Galicia, la reacción no fue valiente ni adecuada en general, pero existieron muchas voces individuales y también manifestaciones sociales de rechazo de amplios sectores a esta ola incivilizada y represiva. Pero, en el resto del Estado, excepto muy pocas excepciones, todo es silencio.

Los progres españoles asisten silentes a la recentralización autoritaria del Estado español y parecen no darse cuenta de que este proceso desnaturalizará de sopetón lo que hasta ahora calificaban de democracia.

*Xoán-Antón Pérez-Lema López es abogado