Que el precio de la vivienda de propiedad y el del alquiler están imposibles para buena parte de las clases medias es una evidencia incontestable. Así que intervenir para corregir esta anomalía es una obligación para todo el mundo con un mínimo de estricto sentido de justicia social. Y aquí es donde el nosurrendismo nuestro chirría y se reconoce inconscientemente heredero del centroderecha catalán contemporáneo.

No siempre fue así. O no totalmente así. Basta con evocar la Unió Democràtica de Carrasco i Formiguera ante la Ley de Contratos de Cultivos del president Companys. La Liga Regionalista —nuestra derecha— votó en contra. Pero no Unió, que por boca del diputado Pau Romeva apelaba a su doctrina social a pesar de los problemas —decía el de Unió— que pudiera ocasionar su aplicación.

Estamos exactamente aquí. Intervenir a pesar de la colisión con un derecho de propiedad propio de todas las democracias liberales. Y es obvio que se pueden producir anomalías como en tiempos pretéritos había advertido Romeva. Si bien no exactamente en la dirección que indicaría la CUP. Más bien para no desproteger al modesto propietario ante los impagos de los inquilinos. Un quebradero de cabeza para más personas y familias que no se quiere reconocer. Cada familia que ha alquilado su piso y que vive un calvario de años y años para recuperarlo es una llaga que tendrían que compensar inmediatamente los poderes públicos. ¡Las clases medias —el grueso del país— también son clases trabajadoras y populares, caramba!

Otra cosa es la enésima farsa del nosurrendismo tronado en las Cortes españolas. Votar no a la Ley de la Vivienda y justificarse alegando que invade competencias autonómicas. Una falsedad que esconde que están a años luz de la doctrina social que invocaba Romeva. Claro que cuando de ti solo se puede esperar que arrastres banderas para toda patriótica y gloriosa aportación, todo está dicho.

Lo cierto es que pocas leyes como esta dibujan unos bloques tan claros entre derecha e izquierda. EH Bildu, Compromís, ERC, Más País, Unidas Podemos y PSOE a favor. El resto, en contra. Incluido el PNV, que siempre ha sido un partido a la derecha. Ahora y sobre todo antes, derecha confesional. Eso sí, lo bastante democrática para no abrazar el franquismo, que no todo el mundo puede decir lo mismo.

Obviamente, a la Ley de la Vivienda se le pueden hacer enmiendas. Los anticapitalistas también votaron en contra. Pero por defecto. Consideran que se queda corta. Ninguna sorpresa.

Lo empalagoso es el actual populismo agitador de banderas y esencias que invoca 'ñordos' y vive inmerso en el cainismo, un lastre para toda victoria de país, para sumar y empatizar. Así nunca se ha construido nada. Y, en cambio, se puede estropear todo. Sobre todo en un país tan poco étnico, tan poco puro como Catalunya. Ya no lo era en época de Macià, no digamos ahora. Ignorar que tanto país y tan vital es Santa Coloma de Farners como Santa Coloma de Gramenet es sencillamente renunciar a la victoria.

Una derivada de la complejidad del asunto es que los republicanos, si quieren un día aspirar a ser un SNP, tienen que ser un verdadero partido del 80%. Y, por lo tanto, también los garantes del bienestar de las clases medias. De sus carencias y sufrimientos. De sus alegrías y satisfacciones. De entender, por ejemplo, que el grueso de personas que hay tras estas 650.000 empresas —la inmensa mayoría ya no media, sino pequeña empresa— también se tienen que sentir convoyadas por una formación progresista con vocación de construir amplias mayorías con el país entero en la cabeza.