Con la comparecencia de la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau ante el Tribunal de Justicia de Catalunya,  que las juzga, junto al president Mas, por cuatro supuestos delitos por colocar las urnas el pasado 9 de noviembre se ha iniciado uno de los procesos judiciales más peculiares de nuestra historia reciente. ¿Delito? ¿Qué delito? No hubo referéndum, tampoco hubo consulta, hubo un proceso participativo que se ninguneó hasta la extenuación. Todo fueron risas sobre las urnas de cartón, el sistema de recuento de los participantes en la jornada de votación, los interventores, las garantías democráticas... Fue considerada, incluso, una gran butifarrada. Está en las hemerotecas y en Google. Hasta que de golpe el relato cambió. Pasaron unas pocas horas y, con los medios de comunicación internacionales encima de la mesa, lo que había sido objeto de mofa se transformó en un serio desafío al Estado. El Gobierno, herido, reaccionó, hizo intervenir a la fiscalía general del Estado y el resto es de sobras conocido por todos.

La imagen de una gran mayoría política que proyectó ayer la plaza Sant Jaume, con sus principales dirigentes encima de una tarima portando cada uno de ellos una urna de cartón en favor del derecho a decidir, envía un mensaje de gran calado al Estado. Sitúa la protesta y el desafío catalán al gobierno de Rajoy en un total de 83 parlamentarios, de los 135 que componen el Parlament, y eleva hasta el 59,19% el porcentaje de votos populares que obtuvieron sus representantes en las urnas el pasado 27S. A los partidos independentistas de Junts pel Sí y la CUP se sumaron aquellas formaciones como Catalunya Sí que es Pot y Unió que, estando en contra de la independencia, sí que están a favor del derecho a decidir.

El hecho de que ninguno de los dos principales partidos del Estado, PP y PSOE, se alinee, ni que sea mínimamente, con las reivindicaciones de los manifestantes de la plaça de Sant Jaume, igual que C's, que está llamado a ser el comodín tras las elecciones del 20 de diciembre, da idea del enquistamiento al que se ha llegado. Otra cosa es que no se quiera ver y se siga dejando la política en manos de los jueces.