Si puede o no mantenerse en su puesto el fiscal general del Estado es un debate que Álvaro García Ortiz y el Gobierno han despejado. No piensa marcharse y el balón sigue hacia delante desde el auto de procesamiento hasta donde lo ha colocado el ministro de Justicia y presidencia, Félix Bolaños. Aguantará al recurso de reforma y apelación. Es una decisión institucional y jurídicamente puede seguir en su puesto. Pero la presión crecerá hasta lo irrespirable de aquí a la fase de banquillo, donde el juez Hurtado está dispuesto a llegar con los argumentos del auto de procesamiento, si la Sala se lo permite. 

La fe ciega del Gobierno en el fiscal general es poco higiénica. Por separación de poderes, no es el Ejecutivo quien debe defender la inocencia del jefe supremo de la Fiscalía. La causa está viciada de origen por una batalla política entre dos gobiernos con el juez Hurtado comprando los argumentos de una de las partes. Una hipótesis que ha mantenido sin indicios sólidos mientras ha ido apartando los testimonios que la desmantelaban. Otra cosa es la tensión que supone ver a un fiscal general procesado acusado por otro fiscal. Es una situación insostenible para la institución y un dilema sobre cómo debe defender su inocencia García Ortíz sin posibilidad de volver al cargo, el objetivo real de la denuncia inicial. 

No es un choque institucional entre la Fiscalía y el Supremo. Es entre el Supremo y el Gobierno. Por eso el juez se delata apuntando a esa conspiración sin una sola prueba. Es difícil defender las garantías procesales y darle un pase a la falta de indicios de entidad. A un magistrado del Supremo se le presupone calidad jurídica y argumental para procesar a un investigado. El delito de revelación de secretos es material: el fiscal filtró el correo o no lo hizo. En la instrucción, el mayor indicio es un borrado del móvil cuando la investigación estaba en marcha, un hecho que le pesará a García Ortiz toda su carrera. Pudo hacerlo para eliminar pruebas o para ocultar una amante. Y hasta ahora, el juez no ha podido cruzar el borrado con otros indicios. 

No es un choque institucional entre la Fiscalía y el Supremo. Es entre el Supremo y el Gobierno. Por eso el juez se delata apuntando a esa conspiración sin una sola prueba

En los hechos punibles, la primera afirmación es que García Ortiz se activó por indicaciones de presidencia del Gobierno para filtrar el correo que desmentía una mentira de Miguel Ángel Rodríguez, el polémico jefe de gabinete de Ayuso. Ni explica a quién se lo filtró, ni con quién habló, ni cómo procedió y conspiró. Dice el auto que desde la fiscalía General se mandó copia a Pilar Sánchez Acera, en la jefatura de Gabinete de Moncloa. Pero cuando declaró como testigo aseguró que le llegó a través de los medios y con eso el juez une dos puntos de un trazado inexistente. Si Hurtado considera que mintió, debió haberla imputado. Si dijo la verdad, es insólito que el juez hable del filtrado la Moncloa-Fiscalía. La conspiración ni siquiera fue parte de la causa, apareció a mitad de la instrucción en un párrafo basado en la nada factual. Porque el “papel preeminente” que le atribuye la UCO a García Ortiz solo se sostiene en la pregunta de otra fiscal: “Álvaro, ¿Has filtrado tú la nota?” Este lo negó. Lo mismo ocurre con los periodistas, a quienes el juez acusa de mentir sin atreverse a elevar causa razonada por ello. Sabe que si lo hace, puede caerse parte de la causa.

Hay otro argumento sobre la operativa de la Moncloa débil para un procesamiento. La página 29 del auto reproduce un mensaje enviado a su grupo de WhatsApp de Juan Lobato, el exlíder de Madrid caído por esta causa, a las 8:51 del día 13 de marzo de 2024: "A ver un tema. Me llama Santos (secretario de organización del PSOE). Pedro va a pedir ahora a Feijóo que dimita Ayuso. Y que lo pidamos nosotros también”. Una reacción política de manual si el Gobierno siguió las informaciones en tres medios de comunicación de esa madrugada. 

García Ortiz se defenderá desde su cargo al margen del daño a la institución. El auto no es firme y las pruebas deberán aparecer en la vista oral. Con lo que hay, el auto simula a una novela donde no sabemos cómo se unen unos capítulos con otros. Lo que hay, de momento, es una investigación fallida. Pero en el órdago de esta causa, por la inercia con la que instruye el juez, lo de menos es el fiscal general.