En política hay que intentar tener razón y no dejar demasiado espacio para que te la quiten. El real decreto de ahorro energético del Gobierno es urgente, imprescindible y supone un mínimo paquete de medidas en comparación con la alerta energética en la que está sumida Europa. Un freno para evitar o retrasar futuras restricciones. Y una toma de conciencia de cara a lo próximo: la nueva propuesta que tendrá que presentar el Ejecutivo en septiembre. 

En la materialización del plan de ahorro energético, lo que más afecta a comerciantes y empresarios pasa por controlar los termostatos dos grados y apagar luces y escaparates. En la práctica, un poco más de calor y menos contaminación lumínica. No afecta al turismo, ni al comercio y la pataleta es un problema del primer mundo de manual frente a la gravedad del escenario.

Precisamente porque es un decreto incontestable en el fondo, se entiende mucho menos que el Ejecutivo cometa un error que empieza a ser un clásico. La falta de diálogo con las comunidades autónomas, la necesidad de convocar una conferencia técnica y otra política para discutir el detalle del decreto antes de hacerlo público. La publicación un primero de agosto, previo a la tradicional foto veraniega en Marivent entre Pedro Sánchez y el Rey, sin que los consejeros y gobiernos autonómicos responsables de trasponer el decreto conozcan las medidas, era una apuesta segura para el reproche. De haber activado la consabida cogobernanza, los consejeros habrían tenido tiempo para hacer las propuestas que harán en las próximas semanas. O para discutir en privado las dudas que han expuesto en público. O incluso, para no dar la mínima excusa a Madrid para empezar la guerra.

Los próximos meses del mayor reto geopolítico europeo desde la guerra fría coinciden con el periodo de Gobierno antes de las generales de 2023

Hay una razón de más peso. Las medidas para ahorrar un 7% de energía tienen como objetivo la toma de conciencia, un mensaje político a la ciudadanía para ir haciéndonos a la idea de que el compromiso por la independencia del gas ruso junto al cambio climático es colectivo y tiene un precio. Si es un decreto de país, el Ejecutivo tiene que hacer lo posible porque el mensaje sea común, algo que no se ha hecho.

Guerra aparte es el gobierno de Ayuso. El mensaje ayusista del “Madrid no se apaga” contra las “normas como en los regímenes totalitarios” de Pedro Sánchez han durado poco porque se deslizaba por una pendiente peligrosa. El totalitarismo viene de Putin, la amenaza es el chantaje de cortar el gas, el ahorro es un consenso europeo. Ir al Constitucional con este decreto es ir contra Europa y la petición de consenso de la presidenta del PP Europeo, Ursula von der Leyen. Es hacer que los jueces hagan el trabajo que le corresponde a Madrid. El alto tribunal puede tumbar el decreto como hizo con los estados de alarma, aun así, no exime a Isabel Díaz Ayuso de la irresponsabilidad de trasladar a la justicia una norma que tienen que enmendar desde la negociación política.

Pero este real decreto no será el primero. Es imposible que Europa se independice del gas ruso por un módico precio de un aire acondicionado a 27 grados. Francia está pensando en cortes de gas, Noruega habla de riesgo de “racionamiento” en primavera y Alemania ha rebajado el tiempo de las duchas en instalaciones públicas, letra pequeña también de cara a lo que puede venir. Los años de abundancia de recursos naturales han terminado y la invasión rusa lo complicará aún más. Habrá medidas más duras, si no de ahorro de energía, serán restricciones de agua.

Los próximos meses del mayor reto geopolítico europeo desde la guerra fría coinciden con el periodo de Gobierno antes de las generales de 2023. La falta de consenso, de comunicación y de instrumentos de diálogo dejarán al Ejecutivo con la fuerza de los reales decretos a cambio de enfrentamientos abiertos desde los gobiernos autonómicos, socialistas incluidos. Una obviedad con las autonómicas a la vuelta de la esquina. Es normal pedir que el PP plantee una política responsable y europea. Pero cuantos más mecanismos de diálogo active el Gobierno, menos espacio dejará a los boicots y los intentos de oposición por derribo.