Alerta Gonzalo Boye en unas reflexiones que ha realizado a raíz de la negativa del ministro Bolaños de incluir el terrorismo en la ley de amnistía. Dice textualmente: "si dejan fuera el terrorismo, existirán como mínimo 26 personas investigadas/acusadas de terrorismo, y todas ellas vinculadas de una u otra forma a ERC, Junts y CUP, cantidad de personas que podrá aumentar en cualquier momento, una vez se abra esta puerta". No puede olvidarse que, aunque es evidente que el procés catalán no tuvo nada que ver con el terrorismo, ni ninguna de sus acciones pueden ser calificables como tal; aun así, la justicia patriótica se las ha ingeniado para tener abiertas dos causas de terrorismo, Tsunami Democràtic y CDR, con el añadido delirante de apuntar directamente al president Puigdemont y a Marta Rovira.

Detrás hay un objetivo evidente: mantener la judicialización de la lucha política, especialmente si esta pone en cuestión la unidad de España. Como la utilización del delito de rebelión fue la primera maniobra para convertir una lucha territorial democrática en una cuestión delictiva. Y ahora, el uso del delito de terrorismo es la segunda maniobra, elevada al cuadrado, para mantener dicha judicialización e impedir que vuelva a la política lo que nunca debería haber pasado a la justicia. Con la utilización fraudulenta del terrorismo, la justicia patriótica intenta boicotear la amnistía, pero va más allá: boicotea la propia esencia de la política. Huelga decir que es una banalización inmoral e indigna de un delito grave, en la misma línea de banalización que hicieron con la rebelión, pero las togas patrióticas ya han demostrado que no tienen mesura, ni escrúpulos, a la hora de forzar la ley hasta límites inimaginables.

Sea como fuere, esto es lo que hay, y hay que contar con esta materia oscura pringando todos los intentos de encontrar una salida digna a la represión que se ha sufrido. Existe una España vengativa y reaccionaria, guardiana del Santo Grial de la unidad patria, que nos ha agarrado con los colmillos y no quiere soltar la presa, y cualquier acuerdo político que busque una salida, como es el caso de la amnistía, debe tener en cuenta este factor destructivo. Desde esta perspectiva, es incomprensible que el PSOE mantenga la negativa a incluir el terrorismo en la amnistía, porque, como avisa Boye, las consecuencias serían nefastas. De entrada, no es imaginable que Junts lo permita, y la exigencia de Puigdemont es, en este sentido, bien explícita: "una Ley de Amnistía que no excluya a ninguno de los perseguidos por defender la independencia de Catalunya" porque, "sin amnistía integral, que no excluya a nadie, no hay amnistía".

Las togas patrióticas ya han demostrado que no tienen mesura, ni escrúpulos, a la hora de forzar la ley hasta límites inimaginables

Pero más allá de lo que significaría para los acuerdos suscritos con Junts y el PSOE —no olvidemos que la amnistía es un tema troncal—, incluso si se acabara aceptando que el terrorismo no está incluido, y las imputaciones fueran a más (cosa altamente probable con el lawfare salvaje que están practicando los jueces justicieros), entonces, ¿qué pasaría con el PSOE? De entrada, Pedro Sánchez estaría gobernando con el apoyo de partidos, cuyos líderes estarían en búsqueda y captura internacional por terrorismo. Y no solo, sino que habrían pactado investidura y proyectos con esos mismos supuestos terroristas. ¿Por dónde se coge esto? Con el añadido, como recuerda también Boye, que todo ello tendría unas repercusiones internacionales tanto para los afectados como para el propio Gobierno, que afectan a las euroórdenes (no son lo mismo, si la acusación es terrorismo), el control de fronteras, las cuestiones bancarias, etcétera.

La imputación de terrorismo lo cambia todo, y por eso la Audiencia Nacional ha abierto esta línea, convencida de que es el último eslabón que les queda para seguir judicializando el procés catalán, mantener viva la represión e impedir cualquier acuerdo político. En este sentido, los García-Castellón y compañía hacen los honores a la herencia recibida, no en balde la Audiencia Nacional es la heredera del terrorífico Tribunal de Orden Público, heredero a su vez del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, de infausta memoria. Misma herencia, misma justicia ideológica, mismo instinto represivo.

Esta es la situación, y este es el error que cometen los Bolaños de turno —la línea dura del Gobierno— al empeñarse en no incluir el terrorismo en la amnistía. De algún modo, estarían activando una bomba de tiempo que, dirigida al independentismo, les explotaría en la cara. El relato del terrorismo es un invento perverso dirigido a controlar la política desde la judicatura, y si el PSOE acepta este relato, quedará atrapado por el juego que el reaccionarismo le impone.

Sea como fuere, sería un error descomunal que la amnistía no incluyera a todos los represaliados. En el Estado, sería darle un triunfo enorme al triplete jueces, políticos y medios de la España más oscura. Y en Catalunya, sería aceptar la lógica de la represión y validarla. No hay salida: el terrorismo debe incluirse en la amnistía del procés, o no será amnistía.