El pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para derogar la sedición y reformar el delito de desórdenes públicos es un acuerdo que permite salvar el culo a los líderes del procés mientras condena la población a la presunción de culpabilidad perpetua. El espíritu de este cambio legal resulta tan claro como perverso: de ahora en adelante, España tolerará que los capataces procesistas repitan manta veces sus performances estériles sin meterlos en la trena (acusándolos, como mucho, de malversar el dinero del común), y focalizando el núcleo delictivo en la movilización independentista. Ya conocemos lo suficiente la legalidad de los enemigos para saber que se la suda su propia letra, pero no hay que hilar muy fino para ver cómo la descripción del desorden público (bajo el pretexto de atentar contra la paz social, intimidar a un responsable político u ocupar un edificio público) será el caldo de cultivo ideal para que los jueces puedan castrar la expresión colectiva con una tranquilísima impunidad.

Junqueras ha urdido un plan de una maldad sin límites, con la pasividad connivente de Junts per Catalunya, que permitirá la represión del independentismo con el sello de los virreyes catalanes. Después de haber vertido a nuestros jóvenes a la quema de contenedores de Urquinaona y permitir que los miserables del Estat Major enviaran a los niños en el Aeropuerto (solo para que la policía les sacara un ojo o medio cojón), ahora Esquerra fomenta que el Estado pueda reprimir acciones similares con el aplauso de la Generalitat. Lo que han provocado los líderes procesistas conforma una normalización de la violencia —policial y judicial, que vendrían a ser lo mismo— mucho más nociva que la intervención de la pasma durante el 1-O. Finalmente, los ideólogos del PSOE han conseguido que sean nuestros propios responsables públicos quienes puedan enviarnos al matadero. Aunque sea consecuencia lógica de la rendición del 2017, la cosa no deja de ser terrible.

Hay que felicitar a Pedro Sánchez por el hecho de haber creado un entorno futuro mucho más represivo y castrador que el urdido por la Ley Mordaza de la derecha, asegurándose de que los exiliados puedan ir volviendo a Catalunya (previo paso por judicatura) y convirtiendo la nueva piedra angular de Esquerra en un partido con muchas más hipotecas que Convergència. Fijaos si es malnacido el chico que se ha garantizado un cenáculo de políticos catalanes eunucos, amedrentando cualquier intento de manifestación unida relevante, y todo eso mientras acaba facilitando que Salvador Illa sea el próximo president de la Generalitat. ¡Se certifica, querido Pere, que eso tuyo de la Catalunya Sencera y de la fucking Via Ampla es un invento extraordinario! Cuando la judicatura española (encabritada después de que Sánchez haya enmendado la sentencia del Tribunal Supremo) reciba el nuevo redactado del delito de desórdenes públicos, los fiscales de la casta verán manifestaciones ilegales incluso en botifarradas de los CDR.

El pacto para derogar la sedición y reformar el delito de desórdenes públicos es un acuerdo que permite salvar el culo a los líderes del procés mientras condena la población a la presunción de culpabilidad perpetua

Si las entidades cívicas no fueran una estricta hipóstasis de la esquerrovergencia que ha primado su libertad en la colectiva, tanto Òmnium como la ANC romperían cualquier relación con la administración neocolonial catalana; pero pedir a la desdichada funcionaria Dolors Feliu que se aleje de la teta sería igual de imposible que exigirme un pelo más de modestia. Pero bueno, incluso esta desgracia que os cuento tiene un aspecto positivo: a estas alturas, ni un solo independentista puede legitimar la acción de los partidos políticos catalanes y de sus asalariados en los chiringuitos cívicos, así como ni un solo independentista puede negar que con esta gente solo nos espera miseria, represión y más España. Yo me felicito, y no solo porque lleve cinco años avisándoos de que todo esto pasaría, sino porque ahora empezaréis también a entender que la única solución para ganar la libertad es deshacernos de toda esta gentuza que lleva el pueblo a la extinción.

Antes de este cambio, la única vía que quedaba mínimamente viva del 1-O era la posibilidad de salvar el exilio a través de las instancias europeas. Pero ya me diréis quién podrá, hoy por hoy, apelar a la anormalidad jurídica ochocentista española y la anomalía del hecho de que Puigdemont pueda ser eurodiputado y no president, cuando es el mismo Govern de la Generalitat quien negocia con los agresores. ¿Qué europeo se tomará seriamente a un político catalán que llora la represión mientras la intercambia por unos presupuestos autonómicos? Bueno, lo que decía antes; deshagámonos cuanto antes de esta peña que solo mira por ella, hija directa de los piolines que cascaron a la madrina el día del referéndum y que, por mucho que os cueste, todavía tendrá bastante estómago y cinismo para llevarnos tan abajo como su supina y oceánica mediocridad. Os lo dije, insisto. Aparte de advertiros, a partir de ahora procederé a guiaros, pues todos juntos seremos desórdenes públicos agravados.

Y necesitaremos un faro para sobrevivir al mar muerto.