Fin del (presunto) diálogo entre el Gobierno en funciones de la España en funciones y el Govern Puigdemont-Junqueras de la Generalitat de Catalunya pre-postprocés. El Báltico, como se decía en tiempos de Jordi Pujol, se ha helado de nuevo en plena primavera y en cuestión de horas. Tras el invierno caliente, primavera polar y a dormir al parque.  

Así que Puigdemont salió por la puerta de la Moncloa volvió a abrirse de par en par la del Tribunal Inconstitucionalizador (TI) para recibir los penúltimos recursos del Gobierno del PP contra leyes catalanas. A la semana siguiente, de oca a oca y tiro porque me toca: esta vez a cuenta de la protección de los más débiles, de los más vulnerables: o sea, potencialmente, de (casi) todos, con el recurso parcial (Soraya aprieta, pero no ahoga) contra la ley del Parlament 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Nada que ver, aparentemente, con el procés ni la independencia; aunque en el fondo, todo, si es que el procés se entiende como medio para aspirar a una sociedad algo más decente.

El recurso contra la ley de emergencia social lo tiene que ver todo, con el procés; si es que el procés es un medio para aspirar a una sociedad algo más decente

La vicepresidenta en funciones del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, una señora que ha confundido la política democrática con el reglamentismo, sostiene que, en general, lo de la recursionitis recurrente ante el TI no responde a razones “políticas” (y mucho menos tiene que ver con la demofobia crónica que padece este Gobierno en relación con la cuestión catalana, claro está), sino meramente “competenciales”. Catalunya no puede legislar al margen del Estado para hacer frente a la bomba de relojería de los desahucios y todo lo que comportan, porque todos los españoles deben ser iguales en derechos y obligaciones en el conjunto del territorio de soberanía española. Veamos.

Todos los españoles/as tienen el derecho a ser protegidos por los poderes públicos en los mínimos vitales, puesto que España, según su Constitución se constituye en un “Estado social y democrático de derecho”, pero a la práctica están obligados a acatar las leyes que dificultan o directamente impiden la aplicación de ese constitucional principio mientras no se ordene y legisle lo contrario. Y siempre que esa ordenamiento o legislación lo lleve a cabo el Gobierno y el Parlamento “de todos”, no el Govern o el Parlament de “unos cuantos”. 

La ley, según Soraya: si media Catalunya se queda en la calle porque no puede pagar la hipoteca, que se busque un parque o un cajero para pasar la noche

Los efectos potenciales del despliege de tanta racionalidad jurídica por parte de un Gobierno sostenido por un partido trufado de dirigentes que han hecho su santo y seña de la máxima "las leyes están para que algunos elegidos las incumplan" (por ejemplo, la que traduce el eslogan “Hacienda somos todos”), son harto evidentes. La ley, según Soraya: si media Catalunya se queda en la calle porque no puede hacer frente a la hipoteca, que se busque un parque o un cajero para pasar la noche.

Mientras que la ley “de todos” no disponga lo contrario, esa es la salida que se reserva a todo hijo de vecino como resultado de la competente incompetencia de los que los gobiernan y los que rezan porque vuelvan los tiempos de las impagables archihipotecas, los tiempos de la gran fiesta. O sea, de los que aspiran a rehipotecar algún día esos miles y miles de pisos vacíos y bloques fantasma erigidos vergonzosamente en todo el Reino a mayor gloria del derecho constitucional de todos (catalanes y catalanas incluidas) a acceder a una vivienda digna.Y de la ley que garantiza el incumplimiento manifiesto de tan constitucional precepto por parte de quienes los promovieron y los siguen administrando.

El dislate político cometido en esta ocasión es de tal magnitud que hasta el PP de Catalunya, que por algo es el PP de Catalunya, se lo vio venir y, lógicamente, se asustó. Xavier García Albiol, sin ir más lejos, ha sido alcalde de Badalona y alguien a quien no le hacen ninguna gracia los escraches de la PAH pero sabe muy bien qué pasa cuando a la gente se la echa de la vivienda que no pueden pagar. De ahí que finalmente Soraya, en un ataque de magnanimidad, haya limitado el recurso contra la ley 24/2015 a cinco artículos, entre ellos el que obliga a entidades financieras y otros grandes tenedores de viviendas vacías a ponerlas en alquiler con las condiciones y garantías perfectamente fijadas en la normativa catalana ahora suspendida. No así, el que se refiere a las familias que no pueden pagar el recibo de la luz.

Y, sin embargo, la salida humanitaria adoptada, ese recurso parcial de rostro humano, sigue siendo igualmente tramposa, y, por ello, lesiva para los derechos “de todos”: ¿de qué le sirve a un desahuciado el descuento legal en el recibo de la luz si su destino legal final es dormir en el parque, el cajero de la esquina o el albergue municipal? De ahí que el legislador catalán optase en su momento por una ley integral para tratar de hacer frente a los estragos causados por la crisis en el ámbito de la vivienda, y no por una ley de pobres más anclada en los presupuestos de la sociedad disciplinaria del siglo XIX descrita por Foucault y otros que en los de la política y las leyes decentes que reclama el siglo XXI.

¿De qué le sirve a un desahuciado el descuento legal en el recibo de la luz si su destino final legal es dormir en el parque, el cajero de la esquina o el albergue municipal?

Esto va de la política y las leyes que si hace falta se transcienden y se esquivan y hasta se desaplican a sí mismas si de lo que se trata es de servir verdaderamente a los intereses de todos, sin excepción. No es cuestión de izquierdas ni de derechas sino de mínimos éticos: de ahí el terreno compartido en su oposición al recurso del Gobierno central por políticos tan diferentes como Puigdemont y las alcaldesas metropolitanas Colau, Marín, Sabater y Parlon. 

Asistimos al enésimo golpe constitucional contra una ley aprobada por el Parlament de Catalunya, en este caso, la ley antidesahucios. Pero en fin, como dijo alguien, todo llegará. Desde luego, siempre será preferible el “desahuciado todo el mundo (y los catalanes por supuesto)" a aquel “al suelo todo el mundo” de infausta memoria en la democracia española. El diálogo hace milagros: el barco ya resbala un poquitín sobre las aguas gélidas y la bombilla calienta que es una barbaridad.

(PS. Una sociedad de 'desechables'?

Me he resistido a titular este articulo “Catalanes sacri (la ley, según Soraya)”, pero creo que la cuestión pide reflexión añadida como expresión de una problemática que afecta a todas las sociedades occidentales. El filósofo italiano Giorgio Agamben, desde una crítica radical a los presupuestos últimos de la ley y la democracia en la modernidad, identificó en el homo sacer, una oscura figura del derecho romano arcaico, la estructura última y oculta de la ley y el poder soberano en Occidente. Se trata de un individuo que, habiendo cometido delito, era insacrificable, de ahí la apelación de “sagrado”, pero a quien cualquiera podía dar muerte sin cometer homicidio, con total impunidad. El homo sacer quedaba situado jurídicamente en una zona ambigua de inclusión-exclusión, de indiferenciación entre la ley y la excepción en tanto que nuda vida, un estatus equivalente al de un conejo o una planta, lo que le convertía en “matable” o “prescindible”. Agamben ve en esta figura el nexo que vincula el poder y la gestión de la vida (biopolítica) en Occidente desde la antigüedad.

Agamben identifica el homo sacer de la modernidad en los prisioneros de los campos de concentración nazis, el espacio de excepción por antonomasia, y por ello, legal  (he ahí la terrible paradoja) y alerta de la deriva de la política moderna hacia una zona cada vez menos indiferenciada, más o menos sutil, en la que ley y la excepción se confunden. No es difícil ver en los refugiados, los simpapeles o los migrantes que sucumben en las aguas del Mediterráneo a los homines sacri del siglo XXI. Y el riesgo potencial, contra el que todo esfuerzo ético-político será poco, de la sociedad de “desechables” interiores que se anuncia en el drama cotidiano de los sintecho y los desahuciados.)