Desde 1945 el consenso social europeo fue el propio de una democracia liberal y atendió al propósito de una sociedad garantista y plural, pero cohesionada alrededor de la economía social de mercado, la libertad individual y la garantía del estado del bienestar.
En la Gran Depresión (2008-2014) las fuerzas de la derecha ultraconservadora europea de base chauvinista reinterpretaron su concepto de democracia en un sentido iliberal. De esta forma, el primer ministro húngaro Viktor Orbán rehuía en el 2014 de los valores liberales y defendía una democracia mayoritaria no pluralista, basada en unos supuestos valores comunes de la nación húngara. Llamó también la atención Orbán respecto de la supuesta falta de eficacia de la democracia liberal europea frente a sistemas autoritarios como el chino, el turco o el ruso.
Ahora, la extrema derecha ya gobierna en Italia, Polonia, Hungría y en otros lugares de Europa, y el debate sobre la limitación de las libertades a favor de la seguridad del Estado y de los intereses públicos ya empapa nuestra agenda política. Pero el centro-derecha liberal, el centro-izquierda socialdemócrata e, incluso, la izquierda más ortodoxa suelen comprar de los ultraconservadores su marco mental.
La extrema derecha ya gobierna en Italia, Polonia, Hungría y en otros lugares de Europa, y el debate sobre la limitación de las libertades a favor de la seguridad del Estado y de los intereses públicos ya empapa nuestra agenda política
He ahí como en el estado español, las investigaciones a respecto del espionaje del software israelí Pegasus, que afectó a 59 ciudadanos catalanes y 4 vascos (todos profesionales o líderes sociales y políticos en el legítimo ejercicio de sus derechos y tareas, entre ellos, por cierto, varios abogados en el ejercicio de su derecho-obligación de defensa) fueron anestesiadas por la acción recíproca del PSOE, PP, Cs y Vox, y la pasividad de Unidas Podemos y Comuns.
Hoy por hoy, estamos viviendo en la Unión Europea (UE) una reasignación de los conceptos “seguridad nacional”, “interés público” o “persecución de los delitos” para justificar restricciones a nuestros derechos y libertades fundamentales, señaladamente el derecho a nuestra privacidad, que incluye el derecho al secreto de nuestras comunicaciones. En este sentido, la propuesta de Directiva de la Comisión Europea que proponía prohibir softwares de espionaje en los dispositivos electrónicos de los periodistas acaba de ser sustancialmente reformada en el Consejo Europeo (CE), colegislador con el Parlamento Europeo integrado por los 27 jefes de gobierno de los estados miembros de la UE. Francia propuso, y ningún otro estado miembro rechazó, que los propios estados miembros pudieran usar este software espía por razones de “seguridad nacional”, “interés público” y “persecución de los 32 delitos incluidos en la euroorden”. Será competencia, entonces, del PE, en cuanto a colegislador junto al CE, frenar esta agresión a nuestros valores liberales, recuperando el texto propuesto hace escasos días por la Comisión Europea.
Lo cierto es que ya están a las puertas, tanto en los procesos electorales locales, territoriales y estatales de los estados miembros, como en las europeas de 2024. Y, más allá de esto, en la asunción acrítica por los partidos liberales, democristianos, socialdemócratas, verdes e izquierdistas europeos de la maximización de los valores de democracia mayoritaria y de seguridad del estado frente a las pluralidades territoriales y nacionales, frente a las minorías identitarias e ideológicas y a las libertades individuales y colectivas.