Los días del calendario siguen avanzando. Y aunque poco o nada se hable de los hechos que acontecen en la agenda del exilio por parte de los medios estatales, esto no significa que no se produzcan. Ahora que el beso de tornillo entre ERC y el PSOE es el final del romance anunciado, ahora que van de la mano incluso cuando de negarle las ayudas al Sáhara se trata (aunque sea por error para los de ERC), las noticias ocupan el espacio para este idilio donde se trata de enterrar la ruptura independentista para que aquella unidad estratégica quede olvidada. 

En estos días hemos visto cómo el TSJC ha absuelto a los miembros de la Mesa del Parlament, que en su día presidiera Roger Torrent, por presentar ante el pleno del Parlament catalán dos resoluciones políticas: una sobre la independencia y la otra sobre la reprobación a la monarquía. Pero poco se ha hablado de ello, puesto que supone, sin duda, otra muesca más que deja en evidencia los duros golpes que desde las instituciones del Estado se han venido dando a la tan dañada democracia española. La sentencia considera que la resolución sobre la independencia no pretendía desplegar ningún tipo de efecto, más allá de la mera declaración política. Y la resolución de reprobación a la monarquía, no era más que el ejercicio de la libertad de expresión de los parlamentarios a criticar una institución del Estado, tal y como el Tribunal de Derechos Humanos europeo ampara en su jurisprudencia. 

Sin embargo, no se abordó el asunto principal de la causa, sobre el que Josep Costa ha anunciado que recurrirá ante la justicia europea: la inviolabilidad de los parlamentarios. Este hecho es principal y fundamental en esta causa, más allá de si las resoluciones eran "papel mojado" o "libertad de expresión". La inviolabilidad parlamentaria es fundamental para considerar que en un estado Democrático nuestros legisladores están protegidos a la hora de llevar a cabo su labor, que no es otra que la de representarnos y promover medidas legales para plasmar nuestros avances —o retrocesos en su caso— en los cuerpos legales que deben regir para todos. Los legisladores deben tener garantizada su libertad a la hora de exponer sus ideas, a la hora de debatirlas, a la hora de alcanzar acuerdos: esa es la base de la democracia, donde no puede haber ningún elemento que los presione, los limite ni los coarte. Y eso es, precisamente, lo que el TSJC no ha abordado y deberá hacerlo la justicia europea. 

Lo que aquí se ventila y lo que se debería analizar está en los límites de la democracia, en la facultad atribuida a nuestros representantes políticos para que puedan expresar sus opiniones, trasladar debates a sus compañeros, y defender un programa político que ha sido avalado por la ciudadanía

Sobre la protección de los parlamentarios, sin embargo, sí se ha hablado en sede judicial: en el Tribunal General de la Unión Europea, donde esta semana ha tenido lugar la celebración de la vista en la que la defensa de Puigdemont, y la del Parlamento Europeo han comparecido para presentar sus argumentos. Gonzalo Boye, defensa de Carles Puigdemont, ha manifestado su satisfacción tras la vista, calificando de "golpe de efecto" las declaraciones hechas por el abogado que representaba al Parlamento Europeo, Norbert Lorenz. Y es que, precisamente, desde la defensa de la eurocámara se ha cuestionado la legalidad de la toma de posesión de las acreditaciones como parlamentarios de Puigdemont, Comín y Ponsatí, señalando que podría haberse producido de manera "ilegal", al no haberse seguido las pautas establecidas por el Estado español, que considera imprescindible jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral para poder ser europarlamentario. 

Boye ha explicado que estas declaraciones del abogado del Parlamento Europeo eran "una tontería sin fundamento", que de hecho el propio letrado tuvo que rectificar después de haberlas pronunciado. Y es que, a pesar de que este asunto ya ha sido debatido y analizado incluso por instancias judiciales, los eurodiputados adquieren su condición de tal en el momento en que se proclaman los resultados electorales. 

Este juicio aborda la retirada de la inmunidad parlamentaria a los tres políticos catalanes en el exilio. Boye asegura que no se producirá la retirada y que, en el momento en que el Tribunal General de la UE dicte sentencia al respecto (posiblemente en el mes de febrero), los parlamentarios catalanes podrían regresar a Catalunya. Está pendiente aún conocer el resultado de la deliberación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la pregunta realizada por Pablo Llarena, por lo que va quedando poco para ubicar las piezas en el puzzle que algunos daban ya por olvidado. 

Se equivoca quien piense que esta batalla, la de Josep Costa y los miembros de la mesa del Parlament, o la de los eurodiputados catalanes, es cosa suya, a nivel individual, o incluso a nivel de independentismo. Creo sinceramente, que lo que aquí se ventila y lo que se debería analizar está en los límites de la democracia, en la facultad atribuida a nuestros representantes políticos (los hayamos votado o no), para que puedan expresar sus opiniones, trasladar debates a sus compañeros, y defender un programa político que ha sido avalado por la ciudadanía en un proceso electoral. 

¿Cómo podemos entender que alguien pueda presentarse para ser votado, obtenga el respaldo necesario y sea el propio sistema el que coarte su libertad para, precisamente, no llevar a cabo el debate, la información ni las medidas prometidas? De eso es, en definitiva, de lo que personalmente creo que va toda la causa contra el independentismo: de los límites de la democracia, de los límites de los derechos fundamentales y de quién debe ser el encargado de establecerlos. 

Abordar esta cuestión con mirada amplia, sin odio, sin intoxicación, es de vital importancia si queremos replantearnos las reformas urgentes y vitales que requiere nuestro sistema democrático y de Derecho. Cuando nos queramos dar cuenta de que estas señales son síntomas de una enfermedad mucho más grave y crónica, puede que sea demasiado tarde.