Al republicano Pere Aragonès le ha cambiado la cara: a mejor, como si hubiera descargado un saco de piedras o hubiera hecho un paro salvífico en medio de una carrera extenuante; al socialista Salvador Illa, persona inexpresiva por naturaleza, también le ha cambiado la cara: a peor, como si, de repente, le hubieran robado la cartera, la anunciada que no probada victoria electoral que tenía que protagonizar el 14 de febrero. Pedro Sánchez, el único de los tres que, hoy por hoy, es presidente, calla. Los próximos días sabremos si, tal como abona su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, acaba recurriendo la suspensión de las elecciones al Parlament de Catalunya hasta el 30 de mayo y acabamos votando sí o sí cuando lo decidió, en primera instancia, el Tribunal Supremo inhabilitando al president Quim Torra. En segunda instancia, lo decidieron Junts y ERC al renunciar a investir un sustituto.

En resumen: hay quien prefiere no jugársela ahora que (supuestamente) le tocaba el turno cuando las encuestas empiezan a ir de bajada. Y hay quien, en modo subida (en los sondeos), parece dispuesto, si hace falta, a ser el presidente del cementerio. Pero presidente, al fin y al cabo. En el mientras tanto, y en el colmo del cinismo, el ministro-candidato Illa rechaza dar apoyo a un gobierno presidido por un independentista, pero no le hace ascos a recibir apoyos independentistas —de hecho, sin los de ERC y Bildu no sería ministro, ni Pedro Sánchez presidente del Gobierno— con el fin de encaramarse a la presidencia. Y si no es gracias a ERC, lo será gracias a Carrizosa (Cs) y Fernández (PP) o Garriga (Vox), dado que el apoyo de Albiach (en Comú) se da por descontado y el de Borràs (Junts) se ha declarado imposible. Illa es la gran oportunidad del bloque del 155, no se olvide, para resarcirse del fracaso de Arrimadas en el 21-D del 2017. De la victoria electoral que la entonces candidata de Cs fue incapaz de culminar con la presidencia de la Generalitat. La tozudez de los independentistas, que siguieron votando a Puigdemont y a Junqueras, por este orden, que no se quedaron en casa a pesar de la derrota y la represión, que no regalaron la Generalitat al unionismo absteniéndose y fustigándose, como muchos les pedían  —y les vuelven a pedir —, fue, claro, el último dique de contención. Ahora hay quien duda de si esa pared no se habrá resquebrajado.

Los muertos por la pandemia, muertos están. Como si nunca hubieran existido. Esta es la sensación, la terrible conclusión a la que acaba llevando el hartazgo de mediocridad y cálculo electoralista que nos está inoculando la (mala) política. Ahora que se empieza a admitir que la pandemia ha actuado como un gran acelerador de tendencias previas, ya sea la digitalización de la vida, que es muy del siglo XXI, o la huida de las ciudades al campo, que es muy del siglo XIV, la política parece condenarse a la inutilidad cuando las cosas se ponen feas. En los cuatro meses que quedan, en teoría, para las próximas elecciones en Catalunya, veremos aprobar decenas de decretos para regular perímetros de confinamiento y zonas horarias de normalidad por un Parlament espectral, pero continuaremos en la incertidumbre de saber si, en la ruleta de la pandemia, seremos los próximos en la cola de la UCI. Situación en la cual, de producirse, difícilmente podremos votar ni el 14 de febrero ni el 30 de mayo ni el 40 de septiembre.

Cuando se confunde el derecho a la salud —y, por lo tanto, a una política sanitaria y una vacuna efectiva y de acceso universal para todo el mundo— con el derecho a ganar unas elecciones, puede pasar cualquier cosa

Tardaremos años y años en recuperar el mínimo de confianza en los poderes públicos y en la política. Tan sólo la ciencia puede salvarnos, pero sucede que va lenta en un tiempo por definición acelerado —por eso tenemos la percepción de que la solución se eterniza, por más rápido que trabajen los laboratorios— y también está bajo sospecha en su relación con los poderes. Que una parte del gobierno de Catalunya se permita el lujo de ignorar recomendaciones de expertos porque figura que no son de su color político, lo sean o no lo sean, es una barbaridad que sólo puede suceder en un país sin brújula como este. Cuando se confunde el derecho a la salud —y, por lo tanto, a una política sanitaria y una vacuna efectiva y de acceso universal para todo el mundo— con el derecho a ganar unas elecciones, puede pasar cualquier cosa. Entre otras, que sea imposible, porque no lo aguantará la economía ni, sobre todo, la gente, implantar el confinamiento severo como el de pronto hará un año que piden muchos especialistas. La única medida, guste o no —a servidora, nada de nada—, que ha permitido hasta ahora unos meses, no muchos, de tregua vírica. No es cuestión de compararnos con la disciplina asiática —aquí somos mediterráneos, o liberales, o individualistas, felizmente— sino de analizar por qué tenemos este déficit de confianza en quienes elegimos para gobernarnos.

Hay signos claros de revuelta social, de una cierta extensión de la práctica de la rave ilegal pero ilegalizable, como vimos esta Navidad. Se detecta en el retorno masivo a playas y montañas, los restaurantes clandestinos o el enfrentamiento con la policía, como ha sucedido en Pallejà y Matadepera, cuando intenta hacer cumplir las normas. La pandemia dispara el estrés social y la confusión de las normas gubernamentales para hacer frente al virus lo eleva a la máxima potencia. La dinámica de la campaña electoral permanente —y más en Catalunya— ha contaminado hasta el paroxismo las decisiones. La paradoja es que el gran gestor de la emergencia, el ministro-candidato Illa, es incapaz de garantizar en términos de seguridad sanitaria el ejercicio del derecho al voto que tanto invoca. Sin salud tampoco hay democracia. Aquí y en las Canarias.

El 'gran gestor', el ministro-candidato Illa, es incapaz de garantizar en términos de seguridad sanitaria el ejercicio del derecho al voto que tanto invoca. Sin salud tampoco hay democracia. Aquí y en las Canarias

Estaría bien que, en el tiempo de suspensión electoral, los partidos, además de competir legítimamente por el voto, pactaran excluir de la campaña la llegada de las vacunas de la Covid-19 y los avances en su aplicación. La vacuna es un bien común, de todo el mundo y de nadie, incluidas las siglas y marcas electorales. El virus ya ha condicionado lo suficiente demasiadas cosas como para que también le cedamos gratis el control de la agenda política colectiva y la administración de nuestro voto. Es de vergüenza ajena la aparición de las jeringas de las vacunas en la propaganda electoral. Y, desde luego, aún más, que el ministro de Sanidad, y candidato, lo siga siendo en plena campaña electoral (ahora reexpandida).

Estaría bien que el silente Pedro Sánchez, después de haber decidido el nuevo candidato del PSC, decida alguna cosa antes de que las elecciones en Catalunya se tengan que volver a suspender y nadie sepa cómo explicarlo. Claro que todo es posible en un país que vive desde hace tres años largos en estado de excepción efectivo, democráticamente hablando. Incluso, que no votemos nunca más por decisión propia. Que lo hagamos, de oficio, cuando le convenga a un tribunal o a una junta electoral. He ahí otra de las tendencias aceleradas por la pandemia: la disolución del poder real en manos de organismos parapolíticos, nunca refrendados por el voto popular. Entre los cuales, también, los comités de salud pública parapetados tras una montaña de cifras de las que jamás rendirán cuentas. En tiempos de mascarilla, más que nunca, hay que dar la cara.

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