El 2024 será año electoral en Euskadi, donde seguramente se celebrarán elecciones en marzo; las habrá al Parlamento Europeo -el 9 de junio en el Estado español-, y también al de Galicia. En Catalunya, en cambio, las elecciones tocan por calendario el año siguiente, en febrero del 2025 y, si bien el president Pere Aragonès se ha manifestado en la línea de agotar la legislatura a pesar de presidir el gobierno con menos apoyo parlamentario desde 1980, no se puede descartar del todo una convocatoria electoral. Dependerá de quién, más allá de la formalidad, toma realmente la decisión: si el mismo president, que, por ley, tiene la potestad de activar el botón nuclear de la disolución del Parlament y llamar de nuevo a las urnas, o, como él dice, los militantes de su partido, ERC. Hoy por hoy, Aragonès evita confirmar su candidatura porque está pendiente del futuro político y electoral de Oriol Junqueras y de Marta Rovira.

En Euskadi está en juego la hegemonía del soberanismo, o, lo que es lo mismo, si el PNV, que cada vez se asemeja más a la CDU de Baviera, podrá mantener la lehendakaritza después de los tres mandatos consecutivos de Iñigo Urkullu ante el impulso de EH Bildu, que ya empató en escaños y casi en votos con los peneuvistas en las pasadas elecciones generales. La pugna es tan decisiva que el todopoderoso Euzkadi Buru Batzar (EBB) o ejecutiva del PNV ha anunciado casi manu militari y por sorpresa el relevo de Urkullu por el desconocido y joven Imanol Pradales, en una apuesta de futuro y renovación sin salir de los márgenes de partido de orden, marca de la casa en las últimas décadas. En cambio, en el caso de la izquierda abertzale, las formas y el fondo de la jugada son diferentes. Será el carismático Arnaldo Otegi quien anunciará este lunes su adiós ante la dirección de EH-Bildu. Desde hace meses, los herederos de la antigua Batasuna tienen claro que necesitan ampliar la base para conseguir hacer el sorpasso al PNV. Es por ello que todo indica que promoverán un candidato o candidata a la lehendakaritza sin los vínculos con el pasado -con las décadas en que ETA marcaba la pauta política de la antigua Batasuna- y que hoy todavía frenan su crecimiento electoral entre determinados sectores.

El nacionalismo vasco mueve piezas para preparar la gran batalla entre el PNV y EH Bildu, el árbitro de la cual, podrían ser los socialistas del PSE-EE, o, lo que es el mismo Pedro Sánchez, que puede tener la llave de la lehendakaritza, a no ser que se dé un escenario de improbable acuerdo entre los dos partidos soberanistas rivales. Rivales y a la vez socios, como ahora sucede también con ERC i Junts, del inquilino de la Moncloa. En el caso catalán, Sánchez también podría tener la llave, pero en este caso, no tanto porque el candidato del PSC, Salvador Illa, a quien los sondeos colocan como mejor situado, podría escoger como socio ERC o Junts, sino porque la amnistía para todos los encausados del 1-O negociada con los independentistas puede determinar la propia dinámica interna de republicanos y juntaires a la hora de escoger a su candidato.

Si Sánchez resiste el envite de una parte del mundo judicial, así como de la derecha y la ultraderecha, y la amnistía entra en vigor el año que viene, tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras o Marta Rovira, podrían ser candidatos a la Generalitat. Naturalmente, la decisión última la tendrían ellos mismos, pero no es menos cierto que si el recorrido de la amnistía, que será un campo de minas, entra en una especie de limbo o niebla judicial -al final, son los jueces como Manuel Marchena los que la aplican- las opciones de retorno al país y/o a la carrera electoral catalana podrían verse alteradas y desactivadas.

El ritmo y los tempos de despliegue de la amnistía decidirán si Aragonès puede ser un Urkullu y Junqueras y Puigdemont seguir o no el camino de Otegi

La paradoja de la amnistía tiene, pues, varios ángulos en el escenario electoral que conectan a Catalunya con la Moncloa y Euskadi. El ritmo y los tempos de despliegue de la amnistía decidirán si Aragonès puede ser un Urkullu y Junqueras y Puigdemont seguir o no el camino de Otegi. En el caso de ERC, si la amnistía sale adelante compromete seriamente las opciones de Aragonès de repetir como candidato porque podría ser el momento que Junqueras o Rovira reclamaran el puesto que les vetaron los jueces españoles. Por lo que pueda ser, Aragonès ha entrado en campaña -interna y externa- a más de un año vista de las elecciones. Lo evidencia, por ejemplo, su intento por remarcar la primacía de la mesa de diálogo entre los gobiernos de la Generalitat y el Estado por encima de las mesas de partidos negociadas por ERC y Junts en el marco de la investidura de Sánchez, después de su escaso protagonismo en las conversaciones. O su intento de liderar una negociación de la nueva financiación en unos términos más próximos a los del pacto de Junts con el PSOE que a los de ERC.

En el caso de Junts, si la amnistía sale adelante, todas las cartas continúan donde están desde el 23-J: en la palma de la mano de Carles Puigdemont. El presidente en el exilio puede optar por repetir candidatura a las europeas del 9 de junio y volver después a Catalunya para presentarse a la Generalitat y, si puede gobernar, restituir así por la vía de las urnas lo que el Estado español destituyó con el 155, las porras y las togas. O puede hacer quizás la primera cosa, y volver igualmente a Catalunya, pero renunciar a la segunda. En este último escenario, si Puigdemont hace como Otegi y no es candidato a la Generalitat, Junts tendría que decidirse por un nuevo o nueva jefe o jefa de cartel para entenderse con ERC o con Salvador Illa, a quien la amnistía de Pedro Sánchez ha consolidado como candidato con más posibilidades de ser el próximo presidente.