Imputar a la directora general de la Guardia Civil y al Director Adjunto Operativo significa tocar el techo de una institución que se sostiene sobre la confianza de la gente y sobre la idea de que, cuando el poder político se tensiona, alguien dentro del Estado debe mantener un criterio objetivo, desnudo de politización. Se supone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son un pilar del Estado de Derecho, cuya legitimación descansa fundamentalmente en su impermeabilidad a la corrupción, en su capacidad de cumplir y hacer cumplir.
La Audiencia Nacional investiga a Mercedes González y al teniente general Manuel Llamas en el llamado caso Leire. El juez Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, aprecia indicios de que se habría usado el aparato interno de la Guardia Civil (expedientes disciplinarios, movimientos orgánicos, decisiones sobre unidades clave como la UCO) para desactivar o condicionar investigaciones sensibles que afectaban al entorno del PSOE y al propio Gobierno.
En ese relato judicial aparece una trama de “fontaneros” que opera en la sombra: reuniones entre la directora y Leire Díez, versiones cambiantes sobre cuántas veces se vieron y para qué, peticiones de recolocación de mandos, mensajes de WhatsApp que desaparecen justo cuando pueden aportar luz sobre si se intentó desviar la atención hacia la UCO.
En la dimensión jurídica, el punto de partida está en la naturaleza misma de la imputación. El juez cita a alguien como investigado cuando ve indicios y considera necesario escuchar su versión y someter sus actos a contraste judicial. El derecho a la presunción de inocencia sigue vigente mientras no haya condena, y ese marco es irrenunciable. Pero hay matices que es preciso señalar, porque en determinados lugares, especialmente en este y en el de la judicatura, la prudencia hace que sea importante no permitir que la menor sombra de duda, que la menor sospecha, sobrevuele sobre estas instituciones.
Ese derecho convive con el régimen disciplinario propio de la Guardia Civil. La Ley de Régimen del Personal, en su artículo 92, prevé la suspensión de funciones cuando un guardia civil es procesado o investigado por delito, sobre todo si los hechos guardan relación directa con el ejercicio del cargo. Las asociaciones de mandos recuerdan que la práctica habitual consiste en apartar de servicio a agentes y oficiales mientras se aclara su situación penal, como medida de protección de la imagen del cuerpo y para evitar cualquier sombra de interferencia.
En ese cruce entre derecho penal y disciplina interna aflora una grieta: la norma se aplica en la base de la pirámide y se relativiza en la cúspide. Un mando intermedio puede quedar suspendido si un juez le abre diligencias, mientras la directora general y el DAO continúan en sus despachos aun cuando el procedimiento se refiere a decisiones tomadas desde la propia cúpula sobre unidades que investigaban al poder político. Es comprensible que cualquier acusación no puede activar de inmediato un cese preventivo, una suspensión temporal, porque sería demasiado fácil tumbar las cúpulas y, desde luego, esto generaría una debilidad evidente. Pero lo cierto también es que un juez como el que está instruyendo el caso es consciente del impacto que tienen estas imputaciones y necesita argumentos sólidos para hacerlo. Estudiando el asunto, en mi opinión, hay motivos.
Las asociaciones formulan su petición desde la lógica de la coherencia institucional. Reclaman que la norma disciplinaria que se invoca para proteger el cuerpo cuando el investigado es un guardia de base se extienda también a quienes firman nombramientos, ordenan expedientes y mantienen una relación directa con el ministro. La presunción de inocencia, señalan, no se cuestiona; la continuidad en el cargo, sí.
También tiene peso la diferencia de perfil entre los dos principales afectados. La directora general es un alto cargo político, designado y cesado por el Gobierno; su responsabilidad es fundamentalmente política y responde ante el ministro del Interior y, en última instancia, ante el presidente y el Parlamento. El DAO es un teniente general del cuerpo, el máximo mando operativo, inserto en el régimen estatutario de la Guardia Civil, sujeto a disciplina militar y a las reglas que afectan a los demás mandos, aunque en un nivel superior.
En los hechos del caso Leire, ambas figuras (política y operativa) aparecen entrelazadas. La directora decide expedientes, movimientos y reuniones. El DAO ejecuta la cadena de mando. La imputación alcanza al mismo tiempo a la cabeza política y a la cabeza operativa, algo inédito en décadas. El procedimiento ya no se limita a un capitán implicado en una adjudicación irregular o un comandante que firmó un informe defectuoso: se centra en quienes conducen la institución en su conjunto. Y de confirmarse los hechos por los que se les investiga, el daño causado al Estado, en su conjunto, es inmenso.
La dimensión política se percibe con especial claridad al leer a José Antich, que habla de “anomalía española”. En su editorial, subraya que el auto del juez provoca un efecto llamativo: la respuesta del Gobierno se articula en torno al respaldo, con Fernando Grande‑Marlaska y Pedro Sánchez escenificando confianza hacia la directora y el DAO, y con un discurso oficial que insiste en la continuidad mientras no se produzca una condena. Esto puede ser comprensible para otro tipo de dirigentes, pero en este caso, en este en concreto, chirría.
Cuando quienes están bajo sospecha de haber intentado condicionar el trabajo de la policía judicial permanecen al mando de esa misma policía, la ciudadanía recibe la impresión de que la cúpula disfruta de un régimen diferenciado respecto al resto de servidores públicos
El mismo texto recuerda el precedente del fiscal general Álvaro García Ortiz, que se mantuvo en el cargo incluso después de una condena del Tribunal Supremo. En ambos casos se perfila un patrón: la presunción de inocencia se convierte en eje del relato político y se desplaza la discusión sobre ejemplaridad y responsabilidad. La estabilidad institucional se asocia a mantener los nombres, aun cuando la justicia coloca bajo foco sus decisiones.
Ese enfoque genera efectos visibles en el plano social. La ciudadanía observa casos como Koldo o Leire, ve cómo las imputaciones alcanzan a responsables públicos y mandos policiales y constata que la renuncia voluntaria se presenta como un gesto excepcional. Se consolida la percepción de que la salida de un cargo está ligada al cambio de ciclo político o a la sentencia firme, no al simple hecho de que un juez sitúe actuaciones en el centro de una investigación penal.
En ese clima, la imputación de la directora general y del DAO funciona como prueba de estrés para el sistema. La Guardia Civil se enfrenta a una pregunta: ¿se comporta como cuerpo al servicio de la ley o se percibe como prolongación de la estrategia de supervivencia del Gobierno? ¿Las reglas disciplinarias se aplican con el mismo rigor en todos los escalones de la estructura?
Las asociaciones de guardias civiles expresan de forma explícita que consideran “incompatible” la situación de imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de directora general y de DAO. Sus comunicados apuntan a la necesidad de tomar decisiones de carácter cautelar: apartar temporalmente a quienes están siendo investigados por actuaciones adoptadas desde la cúspide, precisamente para proteger la confianza interna y externa en la institución.
El argumento central se apoya en la idea de conflicto de interés. Mientras se investiga si se han usado resortes internos de la Guardia Civil para presionar a la UCO, abrir expedientes a mandos incómodos o desplazar el foco hacia quienes investigaban al poder, la continuidad de esos mismos cargos les mantiene con capacidad de decidir sobre destinos, ascensos, sanciones y acceso a información sensible. Esa situación genera inquietud tanto dentro del cuerpo como fuera de él.
Recuerdo cuando el actual gobierno tomó medidas para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que estaban en su cargo ya fuera de plazo, no pudieran seguir haciendo nombramientos, debido a la situación "irregular" en la que se encontraban. ¿Dónde está ahora esa actitud tan cuidadosa?
La presunción de inocencia, configurada como derecho fundamental, no impide adoptar medidas de protección institucional. Apartar, suspender o cesar a la directora y al DAO mientras dura la investigación se plantea como una medida cautelar semejante a las que se aplican en otros casos, pensada para evitar interferencias, preservar la confianza y asegurar que la instrucción judicial discurra sin la sensación de que los investigados siguen controlando elementos clave del tablero.
Desde esa óptica, el debate principal se ubica en la ética pública y en la responsabilidad política. Un Estado que aspira a ser ejemplar se preocupa por quién aplica la ley y por cómo lo hace. Cuando quienes están bajo sospecha de haber intentado condicionar el trabajo de la policía judicial permanecen al mando de esa misma policía, la ciudadanía recibe la impresión de que la cúpula disfruta de un régimen diferenciado respecto al resto de servidores públicos.
Esta sensación se refuerza con gestos que parecen menores pero acumulan significado. Al día siguiente de conocerse su imputación, Mercedes González participa en actos oficiales, entrega diplomas y se coloca delante de las cámaras sin admitir preguntas de fondo sobre su situación, mientras Interior repite que no hay motivo para revisar su continuidad. Ese tipo de imágenes choca con la lógica de prudencia que se aplica a otros cargos públicos cuando pasan a estar investigados por actuaciones relacionadas con su responsabilidad institucional.
La ciudadanía vive en un entorno de imágenes y relatos. Ve a la directora en actos institucionales mientras lee que el auto habla de posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Comprueba que a agentes de base se les suspende por hechos menos graves. A partir de ahí, empieza a interpretar que la Guardia Civil, que se debe al servicio al interés general, puede aparecer como pieza movilizada en la partida de supervivencia política.
La mayoría de los guardias civiles y policías nacionales mantiene una conducta profesional y arriesga su vida en casos que apenas reciben atención mediática. La confianza hacia la institución, sin embargo, es frágil. Unos pocos episodios donde la cúpula aparece ligada a tramas de “cloacas” y a decisiones que parecen proteger al poder antes que a la justicia generan una brecha difícil de cerrar.
Por respeto a esos profesionales y a la ciudadanía que sigue considerando a Policía y Guardia Civil garantes del interés general, resulta razonable pedir un cambio de actitud. La propuesta central apunta a separar el destino procesal de la directora y del DAO de la imagen y del buen nombre de la institución, mediante decisiones claras sobre su continuidad mientras dure la investigación.
Ese cambio implica aceptar que la presunción de inocencia protege a la persona investigada, pero no obliga a la institución a mantener inalterada cualquier situación. La responsabilidad política opera con tiempos distintos a los penales y reacciona cuando un auto judicial señala indicios serios sobre actuaciones de quienes ocupan posiciones de mando.
La cultura de la dimisión adquiere así un valor regenerador. La decisión de la directora general de poner su cargo a disposición se leería como gesto de respeto al cuerpo que dirige y a la justicia que la investiga. Un paso similar del DAO, apartándose temporalmente mientras se clarifica su papel, reforzaría la lealtad hacia la institución en la que ha desarrollado su carrera. Un movimiento del Gobierno en la misma dirección, priorizando el daño acumulado a la confianza ciudadana sobre el mantenimiento de nombres concretos, representaría una forma de gobernar con altura.
La prolongación del esquema actual (imputación, respaldo político automático, continuidad en el cargo, apelación constante a la presunción de inocencia como paraguas general) consolida la anomalía que describe Antich y la acerca al terreno de la costumbre. En ese punto, el problema trasciende este caso y estos nombres y se convierte en cuestión de sistema.
¿Qué mensaje se quiere proyectar cuando la cúpula de la Guardia Civil se sienta ante el juez? Un mensaje basado en que nadie está por encima de la ley, o un mensaje que asocia la estabilidad institucional a la permanencia de quienes más cerca se encuentran del poder político, aun cuando la justicia ha abierto diligencias sobre sus decisiones?