Si alguien todavía se pregunta cuál es la diferencia entre haber tenido al republicano Dionís Guiteras presidiendo la Diputación de Barcelona o la socialista Núria Marín, ahora sufriremos una nueva y determinante consecuencia. La respuesta municipal a la derrota económica y social provocada por la pandemia estará lastrada por esta decisión estomacal.

La Diputación de Barcelona no estará al lado de los municipios en la defensa de los intereses locales. No estará en la medida en que estos intereses choquen con la intención del Ministerio de Hacienda de disponer de los ahorros municipales. Esta es una de las consecuencias prácticas de la estrategia de confrontación ideada desde las vísceras. El retorno de la sociovergencia a la Diputación de Barcelona bloquea cualquier iniciativa ingeniosa que no responda a los intereses financieros del Gobierno.

La cuestión no es la capacidad de gestión de la presidenta Núria Marín. La cuestión es ante quién responde y cuáles son sus lealtades en una coyuntura tan compleja. Esta lógica dejará huérfano de acompañamiento el conjunto de municipios en la defensa de la autonomía local (para afrontar el creciente drama económico y social de la Covid-19) y financiera, sobre todo aquellos pequeños municipios más dependientes de este gran ente supramunicipal que es la Diputación de Barcelona. Y esta situación se acentuará en toda la región metropolitana porque la sociovergencia también se ha arrastrado en el conjunto de los consejos comarcales metropolitanos.

La sociovergencia nunca servirá nada que no sea la misma estabilidad del sistema. Es decir, porque es inherente a su misma naturaleza, blindar la dependencia y subordinar los ahorros de cada municipio al afán depredador del Ministerio de Hacienda, gracias a una legislación surgida de la crisis del ladrillo que fue alumbrada por el PP y Convergència. Sí, también por estos últimos. Y no es tan trascendente aquello que hicieron entonces sino aquello que sus herederos directos siguen haciendo hoy.

Sin querer menospreciar o poner en duda la valía de Marín, ha tenido la fortuna de no haber tenido que dar nunca respuesta a una emergencia económica, de no haber heredado un ayuntamiento en ruina económica y bancarrota técnica. También, por este motivo, habría sido vital contar con la experiencia del alcalde de Moià, Dionís Guiteras, bregado en la ardua batalla de rescatar un ayuntamiento que no podía ni pagar las nóminas a los trabajadores municipales. Ni el recibo de la luz. Moià había llegado a ser el ayuntamiento más endeudado del estado. Y Guiteras hizo un máster: como maximizar los ingresos, garantizar los servicios municipales y sacar el ayuntamiento del UVI.

La nueva sociovergencia se ha caracterizado hasta ahora por su opacidad, allí donde gobierna reina una calma intensa, una plácida convivencia, que contrasta con la bronca constante en el Gobierno y especialmente en el Parlamento. Allí donde los nacionalistas gobiernan con los republicanos, aquellos viven permanentemente alborotados y rasgándose las vestiduras. Por el contrario, allí donde gobiernan con los socialistas son dóciles como corderos. Una contradicción que tendría que ser insalvable desde la honestidad de un espacio político que ha predicado la pureza espiritual en el seno del independentismo y que apuesta por una política de bloques antagonistas como esencia de su praxis estratégica.

El rechazo a la Ley anticorporaciones, bautizada como ley Aragonès, todavía hará más difícil para el municipalismo disponer de los recursos municipales, de los ahorros, para inyectarlos en el tejido productivo local o de proximidad. La ley (inspirada por Raül Romeva) pretendía facilitar a las pequeñas empresas la contratación pública. El rechazo (gracias también al voto en contra de PSC) consolidó el precio como principal criterio, favoreciendo los intereses de las grandes corporaciones que practican una política de reventar precios ante la cual no pueden competir las pymes. Y este país es de pymes, y que en un país de pequeña y mediana empresa la legislación favorezca a las grandes corporaciones hará todavía más difícil reactivar el tejido económico incentivando la contratación pública de proximidad; las empresas del territorio. Toda aquella obra pública que los ayuntamientos han dejado de hacer o han hecho a cuentagotas, a partir de la crisis del 2007, mantenimiento de aceras, alcantarillado, limpieza de cauces, caminos, asfaltado de calles, mantenimiento de las infraestructuras municipales (pabellones, piscinas, bibliotecas, etc). Todo eso sería factible pudiendo disponer de los ahorros municipales, los que ha generado cada ayuntamiento, favoreciendo el empleo y el dinamismo económico local.

El sesenta por ciento de las alcaldías de la provincia de Barcelona son republicanas. Si alguien podía entender y atender las necesidades de estos municipios, de todos, habría sido un hombre como Guiteras. Y al mismo tiempo auxiliar aquellos municipios que no tienen ahorros. Precisamente porque esta es una de las funciones de la Diputación. Cuando la presidencia de la Diputación está en manos de aquellos que gobiernan una minoría de ayuntamientos, que son los mes grandes y no necesitan el mismo apoyo, que actúan haciendo ostentación de beneficiara  los de su color político (con el silencio cómplice y dócil de su muleta), será bien complicado dar una respuesta ágil y eficiente en un contexto de emergente crisis económica y social.

Nunca como ahora comprobaremos cuán absurdo y contraproducente es tomar decisiones con el estómago para abortar la alternancia a las instituciones y para la defensa de un statu quo que parecería del pasado pero que ha resultado ser más vigente que nunca.

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