No me gustaría vivir en los pueblos de Lleida que ahora mismo se encuentran con el dilema de salir o no salir de casa. Pero, de hecho, al resto, nos quedan cuatro días para estar en la misma situación. ¿A quién tienen que hacer caso, tanto los vecinos y las vecinas como los comercios y las fábricas, a la Generalitat o a la juez? ¿Y qué pasa con las medidas por luchar contra la pandemia si cada uno hace la suya? Estoy segura de que las y los epidemiólogos habían sopesado muchos factores a controlar, pero creo que este los habrá superado; es posible que de ahora en adelante se conozca en los libros como el caso catalán.

Las cosas son muy complicadas porque la epidemia que amenaza con ser pandemia ha desbordado el sistema y además ha hecho aflorar lo peor de su mal funcionamiento. Y por lo tanto, ciertamente, parece que nadie tenga la buena solución y es difícil saber del acierto o del no acierto de nada; incluso de los organismos internacionales. Ahora, además, en el caso de Catalunya, hay que añadir los despropósitos de la relación del estado español con nuestro territorio, que también es territorio de su estado.

El bienestar, la salud y la vida de la ciudadanía está en juego y está en manos de una fiscalía que se afina sola y de una judicatura que no tiene idea de lo que significa la ley en un país democrático

El problema está con todo lo que en Catalunya pasa, especialmente en lo referente a la Generalitat y más todavía si se puede relacionar con nada que se parezca a ejercer la soberanía o tenga alguna rendija, real o imaginada, por la que puedan llevárselo al campo de la usurpación de competencias estatales.

Un espectáculo muy triste, contrario a la democracia, al Estatut y a la propia Constitución española, pero, sobre todas las cosas, directamente peligroso. El bienestar, la salud y la vida de la ciudadanía, de todas y todos nosotros, está en juego y está en manos de una fiscalía que se afina sola, más allá o no de los ministros, y de una judicatura que no pongo en duda que tenga muchas leyes, pero que no tiene idea de lo que significa la ley en un país democrático. Incluso es así cuando, como en este caso, emiten una sentencia, supuestamente, para velar por los derechos fundamentales de las personas. Todo un sinsentido, donde los haya, que hace que la ley, en vez de servir a la ciudadanía, nos ponga tanto o más en peligro de lo que la enfermedad supone por ella misma.

Y no soy de las que piensan que por la seguridad y/o la salud se puedan revocar los derechos fundamentales, todo lo contrario; pero una de las peores cosas que le puede pasar a la ley en democracia es, además de ser arbitraria, estar fuera de toda razón. Y en España este es el pan de cada día en relación a Catalunya, y los y las catalanas. Este es el mismo sistema que ha puesto en  prisión por sus ideas a políticas y políticos catalanes y que mantiene, ya mil días, encerrados a los Jordis. Quizá habrá de los que eso les ha parecido y les sigue pareciendo muy bien que se empezarán a preguntar ahora si los juzgados son el lugar donde se tienen que dirimir todas los cosas. De hecho, si hemos llegado hasta aquí es porque a muchas y muchos ya les ha parecido bien esta vía, para poder salirse con la suya aunque hubieran perdido las elecciones.