La semana pasada parecía que las cosas no podían ser peores después de la publicación del informe de lo que se ha llamado CatalanGate, pero nada más lejos de la realidad, este lunes ha superado el anterior. De hecho, la comparecencia de la ministra Robles ya nos dejó boquiabiertos, no sólo porque llegó a justificar y/o admitir indirectamente el espionaje, sino por toda la evolución de su discurso. Las declaraciones que hizo no dejan de ser gravísimas, a pesar de que sean esperpénticas y esperables, dada la larga trayectoria de este gobierno, y de la ministra en particular, en la defensa de lo que es indefendible en un estado de derecho.

Quedará para la historia su pregunta sobre qué tenían que hacer ante un ataque como el que estaba recibiendo España; no por la pregunta, sino porque no supiera, toda una jueza de alto nivel, que la única respuesta posible era, es, sigue y seguirá siendo la ley. La ley que establece el estado de derecho y que supuestamente ella defiende ―la menciona constantemente― y que no sabe, según sus palabras, que es la que le marca qué hay que hacer, y que parece que ignora, además, que no se puede hacer nada más que lo que la ley dice. También cuando no te gusta o piensas que no te va a favor.

No es tampoco peccata minuta que después de la negación no sólo se medio justifiquen las palabras de la ministra, sino que, además, se diga que el espionaje se llevó a cabo de manera legal, es decir, ordenado por un juez, cuando la magnitud y otros aspectos clave de las escuchas parece que hacen dudar de que eso sea posible. Sólo un dato más: ¿investigar por parte del Estado a abogados, representantes legales de alguien que tiene un pleito con el mismo Estado, no deja completamente al descubierto su derecho de defensa en un estado de derecho? No se acaba nunca, vas tirando del hilo y las ramificaciones que tiene el CatalanGate son colosales y, encima, no podemos en absoluto decir que nos viene de nuevo, después de todo lo que vivimos y oímos explicar, en directo, en los tribunales a los encausados por la independencia.

Con orden del juez o sin, lo que ha pasado es inadmisible, porque el sistema judicial tiene como primer deber no proteger al estado, sino proteger a la ciudadanía del omnipotente poder del estado

Pero este lunes se ha superado todo lo que era previsible, y en día de fiesta en Madrid, que indica más de lo que parece, el Gobierno ha vuelto a dar la campanada ahora anunciando en boca del ministro Bolaños que la misma Margarita Robles, jefa de seguridad del Estado ―si se puede decir así― y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido también ―y el adverbio es muy importante― espiados.

La jugada puede parecer maestra, y quizás lo es a corto plazo, porque han pasado de ser a quienes se les pedía explicaciones a pedirlas ellos. Me parece que si, en vez de eso, se hubiera pedido firmemente su dimisión, sin más salida, no habríamos llegado hasta aquí. Lo digo por la simpleza lineal de la jugada. Dar una patada y tirar la pelota adelante te puede parecer que te saca del callejón sin salida, pero tiene muchos más peligros o efectos secundarios de los que puede parecer en un primer momento.

Dejando de lado que como no son catalanes y catalanas los espiados, enseguida se han tomado medidas, y ya han llevado a la Fiscalía el espionaje. No me atrevo a decir que no exista su propio espionaje, que dicen que viene del exterior, pero lo pondrán todo en el mismo saco, haciendo comparables los dos espionajes y no lo son. Que se espían entre estados ―a no ser que se saquen de la manga otra ramificación que ya me estoy imaginando― es una cosa y no la defiendo en absoluto; que se espíe a los propios ciudadanos y ciudadanas que tienes que proteger porque no te gustan, es otra muy diferente. Y la sospecha de que el Catalangate es eso, todavía nadie la ha desmontado ―ni parece que piensen hacerlo― de manera coherente y con evidencias contrastadas. En todo caso, con orden del juez o sin, lo que ha pasado es inadmisible, porque el sistema judicial tiene como primer deber no proteger el estado, sino proteger a la ciudadanía del omnipotente poder del estado. Hay mucho que averiguar, no sólo con respecto al espionaje, sino también con respecto a la seguridad, y no parece que se podrá llegar al fondo de la cuestión de todo si el PSOE actúa así y Unidas Podemos disimula.