El poder judicial español pasará a la historia, seguro; ahora no sé si de la manera en la que ellos mismos esperan y, sin embargo, ya pregonan. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hasta no hace demasiado ministra de Justicia —cosa que chirría por sí misma sin que el PP o Vox tengan que remarcarlo—, ha abierto el año judicial alabando la justicia española y la tarea encomiable que se está llevando a cabo. Todo, a pesar, también, del problema en la designación y renovación del Consejo del Poder Judicial, por si había que poner más sombras al curso que se acaba y al que empieza.
Entre otras alegrías, Delgado ha alabado el proceso judicial al que se ha sometido al llamado “proceso catalán” por ser un ejemplo de "normalidad institucional”, por ofrecer “todas las garantías” y por la aplicación de la “legalidad” y el “compromiso” de los agentes con esta legalidad, aparte del compromiso con su “deber”. En este último caso —no sé si porque no lo ha especificado o porque no me ha quedado claro—, no sé si se refería al deber profesional o de otro tipo. Todo ello, además, reforzado por la garantía adicional que ha supuesto, también según ella, que fuera un proceso —el judicial, no el catalán— de “publicidad reforzada” a causa de su retransmisión en streaming. Solo esta última parte requiere un artículo largo sobre la ceguera del poder o la estupidez que el poder presupone a la ciudadanía.
No hay nunca ejemplaridad, no puede haberla, en poner a tus enemigas y enemigos políticos en prisión
Más disparates no se pueden decir juntos, ni siquiera enumeraré la larga lista de hechos durante el juicio, en la instrucción y ahora en prisión, aparte de otros casos no necesariamente en Catalunya o de catalanes y catalanas, que ponen no ya en entredicho las palabras de la exministra de Justicia y seguidamente fiscal general del Estado, sino que ponen en entredicho todo el sistema judicial español. Tanto por los protagonistas directos y por la parte tan importante —ciertamente, no toda— que calla sobre el trabajo de sus compañeros y compañeras, y por lo tanto, otorga.
La reputación del sistema está completamente estropeada por más gloria que pregonen y por más automasaje que se dediquen. Y seguirá siendo así si no hay una discusión necesaria y obligatoria, seria y profunda, dentro de la misma profesión sobre cuáles son las barreras que se han traspasado, sobre cuáles son las alertas internacionales o de organismos independientes —que no independentistas— y también de algunos sectores de la misma profesión que se tienen que asumir sobre lo que ha pasado y lo que está pasando. Sin embargo, sobre todo y más importante, una reflexión y un cambio de rumbo, si conviene también en la enseñanza del derecho, sobre qué es el derecho y la administración del mismo que se tiene que observar en una sociedad democrática del siglo XXI. Quizá el resultado del debate no me guste, pero cuando menos con él quedaría claro una cosa que en España no se entiende, y la señora Arrimadas entiende menos todavía, como ha vuelto a dejar claro en la revisita que ha hecho al Parlament de Catalunya: de todo se tiene que poder hablar. Obviamente en el Parlamento, pero también en el ámbito judicial. Y evidentemente, no hay nunca ejemplaridad, no puede haberla, en poner a tus enemigas y enemigos políticos en prisión. Cosa que, por otro lado, tampoco te da la razón, solo te convierte en una dictadora o dictador.