El Gobierno ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, una especie de renta básica que se dará a las familias con menos ingresos. Independientemente de los detalles económicos y de las características concretas del tipo de prestación que ha diseñado el ejecutivo, uno de los elementos que ha llamado más la atención, aparte de las idas y venidas de los diferentes partidos ante su aprobación, ha sido la particularidad de su implementación.
El Gobierno centralizará la ayuda pero no en el caso de Navarra y el País Vasco, comunidades a las cuales se traspasará la competencia para gestionarlo. Según el ministro Escrivá, las únicas suficientemente preparadas y competentes para encargarse; el resto de comunidades, también según el ministro, no todas pero sí algunas, han demostrado que no pueden llevar a cabo con eficiencia el encargo, y por lo tanto, en todo caso, tendrán que esperar para que se les haga el traspaso más adelante.
Me pregunto dónde queda el gran lema de la igualdad entre españoles —yo añado "y españolas"— del que cualquier gobierno de Madrid, más oposición, hace bandera
En primer lugar, a un ministro se le tienen que pedir más que vaguedades e imprecisiones con el fin de justificar sus argumentos y las decisiones de este nivel; y hay que recordar que en Catalunya hace más de tres años que se implantó la renta básica de ciudadanía y que hay otras comunidades que también tienen ayudas similares. En segundo lugar, se le puede recordar al ministro el desastre que ha sido la gestión del SEPE en el caso de los desempleados a causa de los ERTE y cuántas ciudadanas y ciudadanos españoles están esperando cobrar y no lo han hecho, cuántos han cobrado lo que no les tocaba y cuántos no tenían que cobrar y les han ingresado el dinero. Por lo tanto si como él dice es un problema de los datos que se tienen, que dé a las comunidades los datos necesarios y quizás incluso lo harán mejor que el mismo gobierno central; que a pesar de tener los datos es el ejemplo paradigmático de la ineptitud, la falta de eficiencia y de eficacia. Especialmente con respecto a números, de todo tipo; no quiero recordar los recuentos de sanidad. Y no lo digo yo, a la confusión diversa me remito.
Pero independientemente de todo eso lo que me pregunto es dónde queda el gran lema de la igualdad entre españoles —yo añado "y españolas"— del que cualquier gobierno de Madrid, más oposición, hace bandera. Ayudado por uno u otro presidente de comunidad autónoma; siempre las mismas. ¿La igualdad no se aplica en este caso, o es que no se ha aplicado nunca? Sí, es la segunda respuesta, ya lo sé, pero de hecho con matices importantes para los negacionistas.
Una cosa es lo que pasa con Catalunya y la otra muy diferente, por opuesta, lo que pasa con el País Vasco y Navarra. En el caso de Catalunya la diferencia es una discriminación negativa de pura regla, por eso se niega, se invisibiliza y se menosprecia; cuando no se encarcela. De aquí las riñas con los números de reparto y las fórmulas diversas, y toda una serie de tejemanejes que más o menos intentan disimular o maquillar el espolio económico por una parte, y las funciones gubernamentales autonómicas y derechos de ciudadanía, de la otra.
En cambio en el caso del País Vasco y Navarra lo que tenemos claramente es un privilegio en un territorio concreto del que se pone el fundamento en la transición política, y se va vistiendo, fortaleciendo y asegurando desde entonces, en gobiernos de todo signo político. Curioso, porque supuestamente ya entonces el café tenía que ser para todo el mundo, aunque esta misma situación diferencial del País Vasco y Navarra lo desmintiera de lleno. Ciertamente el relato no se ha resentido de esta obviedad hasta ahora —los privilegios no se reconocen sólo se perpetúan—, pero quizás empieza ya a no poder mantenerse.