Ahora que hace dos años del primer caso, oficial, de covid en el estado español, Amnistía Internacional denuncia la ineficacia de la administración pública española en la aclaración de las causas o de los hechos que concurrieron en el alto número de muertes en las residencias de personas mayores. No nos hemos acostumbrado a la muerte ―solo hace falta que nos toque de cerca para darnos cuenta de lo poco preparados que estamos―, pero sí que hemos incorporado la mortandad en nuestra cotidianidad. Parece, pues, que ahora las grandes cifras no nos escandalizan, quizás porque estamos demasiado ocupados en sobrevivir o quizás porque los números acaban teniendo un poder narcotizante de la conciencia, especialmente si son cifras que dan miedo.
Los datos oficiales de muertes en estos dos años son muy altos. Se abren los telediarios, todavía ahora, con contagios y defunciones que tenemos fragmentados en la cabeza y nos perdemos las cifras de conjunto. Como la cifra de las muertes de personas en residencias que este informe contabiliza en 35.670; no es poca cosa, ni siquiera borrachos como estamos de números covid.
Querer saber qué ha pasado no es ir en contra de nadie, ni siquiera, necesariamente, buscar culpables; aunque hay que saber si los hay. Tendría que ser, sencillamente, satisfacer una necesidad muy humana: esclarecer los hechos. Necesidad que en democracia se convierte en un derecho para la ciudadanía y una obligación para el estado. Pues eso es todo lo contrario de lo que ha pasado y está pasando en este caso en España; que, recordemos, para quien no haya estado atento a la propaganda, es una democracia plena.
El Estado no hace ni los mínimos para poder establecer con evidencias cuáles han sido los hechos que han tenido como consecuencia, especialmente al principio, que se produjera un número tan alto de muertes
Son las familias las que están removiendo cielo y tierra, también aquí en Catalunya, para intentar que la administración pública haga lo que tendría que hacer de oficio, porque las vidas de la ciudadanía tendrían que importar. Todas, también las de los viejos y las viejas. Hemos llegado a un momento en el que ya ni se finge, ni disimulan. Lo que se encuentran las familias es que el Estado no hace ni los mínimos para poder establecer con evidencias cuáles han sido los hechos que han tenido como consecuencia, especialmente al principio, que se produjera un número tan alto de muertes. Cuando menos, eso es lo que concluye Amnistía Internacional y señala que lo que "preocupa", de los procesos que han llegado a los tribunales, es la falta de investigaciones profundas sobre lo que pasó y especialmente que eso "extiende la impunidad" y "obstaculiza el acceso a la verdad" al cual tienen derecho las personas que perdieron a un familiar.
Todo ello lo hace mucho más triste y mucho más doloroso para las personas que han perdido a un ser querido y especialmente es un indicio más de lo urgente que es sacudir este país, sacudir su clase política y decirles basta.
No es nuevo ver procesos judiciales en los cuales no se permite declarar a los afectados o aportar pruebas o testigos, eso se está convirtiendo en una norma en vez de la excepción a la norma. No exagero, la retahíla es muy larga, y nos parece normal verlo después en un documental y decir que en Europa se lo tumbarán; pero, mientras tanto, hay quien ya no lo puede explicar y quien lo tiene que hacer desde la prisión o exiliado. Y no pongo en este caso de ejemplo el emérito de la vergüenza. Estamos completamente indefensos, porque os recuerdo que poder político y poder judicial se tienen que vigilar uno al otro, no para ver quién la tiene más larga, sino para ver quién desatiende la responsabilidad de velar por los derechos de la ciudadanía y no permitirlo en ningún caso.